El fiscal Maximiliano Hairabedian, fiscal federal a cargo de la causa del cobro, por parte de empleados públicos provinciales, del Plan Potenciar Trabajo, aseguró a Cadena 3 que mientras avanza la investigación en el corto plazo se identificaron 140 personas beneficiarias del programa.

El fiscal señaló que la mayor parte son de la provincia de Córdoba y son empleados del Ministerio de Educación y del Servicio Penitenciario, por lo que además del plan cobraban un sueldo provincial. En ese sentido, aclaró que el principal impedimento en este caso radica en que el Potenciar Trabajo estaba destinado a personas en precariedad laboral, desocupación o vulnerabilidad “y acá se determinó que 194 personas tenían doble cobro, por una parte el empleo público y por otra el potenciar trabajo”, manifestó.

De acuerdo a la investigación, la falla estaría en la Nación porque el Plan establecía una unidad ejecutoria y tenía por finalidad el control para que las personas que cobraran cumplieran con los requisitos legales. 

En los 194 que accedían al doble cobro, un patrón común es que la mayoría eran personas jóvenes con DNI que comenzaban en 40 millones y habían entrado a la administración pública entre 2022 y 2023.

También detalló que hasta el momento no detectaron que haya habido funcionarios como mediadores, sino que los que tramitaban el plan eran organizaciones sociales. No obstante aclaró: “Por más que no haya habido intermediarios había funcionarios que no cumplieron su función porque el plan establece un mecanismo para que esto no pase y si pasó”. Y adelantó que en ese sentido podría haber imputaciones. 

“Esperamos un informe que nos informe quiénes eran los funcionarios que tendrían que evitar que esto ocurriera”, agregó.