El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, ha solicitado duplicar la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien considera “jefa de una asociación ilícita” en el marco de la Causa Vialidad.
Este pedido se realizó al inicio de las audiencias de revisión de la sentencia dictada a fines de 2022 por el Tribunal Oral Federal número dos, que excluyó la figura de asociación ilícita y solo condenó a Fernández de Kirchner por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
El fiscal Villar coincide con los argumentos de su colega, Diego Luciani, quien actuó en el juicio, afirmando que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner “funcionó una asociación ilícita” dentro del aparato estatal.
Según el fiscal, esta asociación ilícita se basó en proveer fondos públicos nacionales y beneficiar a un empresario de la construcción para adjudicar contratos, siendo ese empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado en el juicio oral.
Villar solicita que la ex presidenta sea condenada a 12 años de cárcel en lugar de los seis actuales, argumentando que Báez fue central en esta “estructura de corrupción” montada sobre la obra pública vial.
El fiscal resalta los argumentos presentados durante el juicio por sus colegas Luciani y Sergio Mola, refutando el fallo de mayoría que descartó la asociación ilícita al considerar que hubo una “estructura delictual organizada”.
La Cámara de Casación continuará escuchando los argumentos de todas las partes hasta mediados de año, y la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentará sus argumentos el próximo 7 de marzo ante el Tribunal integrado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
El Gobierno Nacional anunció este lunes la disolución de la AFIP y la creación de la **Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)**. El vocero presidencial, **Manuel Adorni**, comunicó la medida, que incluye una reducción del 34% en los cargos públicos, eliminando lo que definió como “casta política”.
Con esta reestructuración, se proyecta un ahorro anual de 6.400 millones de pesos y la desvinculación de 3.155 empleados incorporados durante el último gobierno kirchnerista. La dirección de ARCA estará a cargo de Florencia Misrahi.
Manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso después de que se ratificara el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Tras derribar las vallas de seguridad, organizaciones sociales, jubilados y sindicales chocaron con las fuerzas de seguridad.
El enfrentamiento dejó un saldo de 16 heridos y tres internados, con tres detenidos ya identificados.