Ante el alarmante aumento del número de pensiones por invalidez en los últimos 20 años, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) planea llevar a cabo una auditoría exhaustiva. Esta medida surge como respuesta al crecimiento del 1.500%, pasando de 77,000 beneficiarios en 2003 a más de 1,200,000 en la actualidad.
Patricio Canalis, economista de Idesa, señaló que este incremento desmedido no puede explicarse por factores como el crecimiento poblacional, lo que sugiere posibles irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones. Según Canalis, el Estado destina aproximadamente 2,200 millones de pesos al año para este fin, lo que equivale a medio punto del Producto Bruto Interno (PBI).
Se sospecha que detrás de este aumento hay un sistema de asignación laxo que permitía la falsificación de datos, involucrando a funcionarios, médicos y punteros políticos. Este fenómeno, que se intensificó entre 2009 y 2014, durante el manejo del Ministerio de Desarrollo Social, ha perpetuado la dependencia de las personas de planes sociales en lugar de fomentar el empleo formal.
La sobrecarga en el sistema previsional también es un efecto colateral, ya que se necesitan los aportes de dos trabajadores activos por cada pensión falsa de discapacidad. La auditoría propuesta busca identificar y rectificar estas irregularidades, protegiendo así los recursos públicos y promoviendo la inclusión laboral genuina. 🕵️♂️💼 #Pensiones #Discapacidad #Auditoría
