Cuatro oficiales de la Policía Federal en el partido bonaerense de Pergamino fueron condenados por pedir coimas en un frigorífico a cambio de no implicar a los trabajadores en investigaciones de contaminación ambiental, mientras que también recibieron penas por un intento de soborno al propietario de un bar para evitar que la Justicia sospeche de su presunta participación en un hecho de narcotráfico.

A través de un juicio abreviado, el juez de Garantías de San Nicolás, Claudio Villafuerte Ruzo, sentenció a los sargentos Jorge Ariel González y Juan Carlos González y al jefe de la dependencia DUOF Pergamino, el subcomisario Nicolás Koch, a un año y seis meses de prisión condicional, les impuso una multa de $1 millón, una inhabilitación especial de tres años para desempeñar cargos públicos y una inhabilitación absoluta por el doble de la pena.

El magistrado consideró que los uniformados son culpables del delito de falsedad ideológica agravada por ser funcionarios públicos y extracciones ilegales al basarse en los artículos 293, 298 y 266 del Código Penal.

Por su parte, el último agente, el suboficial escribiente Héctor Eliseo Coronel, recibió una condena de un año de prisión condicional por ser autor de un solo cohecho, mientras que fue inhabilitado por el término de tres años para ocupar un lugar en las fuerzas federales.

A partir de la publicación de un artículo periodístico en el portal Tiempo de Pergamino, la Justicia comenzó una pesquisa para identificar a los responsables por un intento de coima en un frigorífico ubicado en Guerrico.

De acuerdo al expediente, los policías se dirigieron al inmueble a fin de “arreglar un problema” por un presunto conflicto vecinal acerca de contaminación ambiental.

El 16 de agosto de 2024, con la autorización de Koch, Coronel y los González viajaron a bordo de un Ford Focus blanco hacia el lugar situado en la avenida Peralta Ramos, a unos 200 metros de la ruta 188, donde se presentaron con uniformes de la PFA y papeles que contenían una supuesta orden de allanamiento, el cual nunca exhibieron ante los trabajadores.

Los implicados solicitaron realizar una inspección junto a la presencia del gerente, pero al no encontrarlo, un empleado administrativo los acompañó, por lo que dos de los involucrados llevaron a cabo la recorrida con el jefe de higiene, mientras que un tercero le pidió una “colaboración” al trabajador, quien la desestimó.

Sin embargo, el 21 de agosto visitaron nuevamente la planta avícola en una camioneta Ford Ranger ploteada con la sigla de la Policía Federal, peticionaron conversar con el gerente, aunque tampoco estaba, por lo que se marcharon y fueron al frigorífico una vez más.

Los investigadores constataron que en la dependencia entre agosto y noviembre de 2024 no se labraron actas sobre inspecciones o procedimientos que guarden relación con los frigoríficos de la zona.

En tanto, el 26 de septiembre de ese año, Jorge González pidió unos $500.000 al dueño del bar “El Batata”, emplazado en la calle Mitre, localidad de Violeta, con el objetivo de impedir que el comercio sea clausurado y para evitar que el empleado vaya a la cárcel por una causa de narcomenudeo, oferta a la que no accedió el hombre.

El oficial intentó que el cierre del bar se concrete cuando llamó en numerosas ocasiones, envió audios y charló personalmente con el director de Habilitaciones de la Municipalidad de Pergamino.

La Sede Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, determinó la culpabilidad de todos los policías y acordó las penas con las defensas, cuyo consenso fue homologado por el magistrado interviniente.