Buenos Aires, 20 diciembre (NA) – Cuando parecía que el Gobierno, subido a una ola de triunfalismo, se llevaba todo por delante en la discusión del Presupuesto, un frente de tormenta se apoderó de la ruta de navegación y le hizo perder un capítulo clave que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

Al margen de que el Poder Ejecutivo no está ejecutando estas normas vigentes con dudosos pretextos, lo cierto es que con el proyecto de Presupuesto buscaba solucionar un tema que le venía generando fuertes dolores de cabeza y nubarrones en el frente judicial.

Para la Casa Rosada, los incrementos del gasto público previstos en estas dos leyes representan una espada de Damocles sobre la sagrada regla libertaria del déficit cero.

Al analizar detenidamente las estimaciones de partidas necesarias durante el 2026 para financiar estas dos leyes la conclusión es que ese gasto no supone volúmenes de recursos de una magnitud imposible de afrontar, como sostiene el Gobierno.

Especialmente porque el propio Presupuesto 2026 convalida pérdidas muchísimo más considerables de recursos en términos de recaudación por la baja del impuesto a las Ganancias para empresas grandes, por la reducción sustancial de la alícuota de Bienes Personales, por la caída de impuestos internos a la electrónica y venta de automóviles, por la baja de retenciones a determinados granos de exportación, por la reducción de las contribuciones patronales (contemplado en la reforma laboral), por la eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, además de todo tipo de perdones fiscales mediante blanqueos y otras políticas similares.

Pero más allá de todos los recursos que el Gobierno decidió resignar en términos fiscales, comprometiendo las metas de equilibrio fiscal que dice defender, veamos cuál es el impacto fiscal las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, que a lo largo de este año fueron votadas con holgada mayoría y posteriormente vueltas a insistir por ambas Cámaras de Congreso cuando el presidente Javier Milei las vetó.

LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto votado por la oposición antes del recambio legislativo propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio, un mecanismo de actualización de las pensiones, y el incremento de aranceles a prestadores.

La Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) realizó un rigoroso informe con simulación de escenarios probables que toman en cuenta la proyección de inflación que el propio Gobierno estableció en el proyecto de Presupuesto para el 2026 (10.1%), y un conjunto de variables como la cantidad estimada de altas de pensiones.

De acuerdo a las conclusiones a las que arribó el organismo, “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios”.

“Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $1.889.371 pesos a 3.627.495 millones de pesos”, señala en el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Según aseguraron, “este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI” e incluye la compensación de emergencia a prestadores por 278.323 millones de pesos, y la asignación para talleres de producción por 7.160 millones de pesos.

LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

El informe confeccionado por la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación realizó estimaciones de impacto fiscal de este proyecto para este año que concluye, por lo que en términos nominales el estudio queda desactualizado pero en términos reales el resultado fiscal no variaría demasiado si se lo extrapola al ejercicio 2026.

Según precisó el organismo, el impacto presupuestario de la ley para el 2025 habría sido, si el Gobierno la habría aplicado de 1.959.974 millones de pesos, “equivalentes a 0,23% del PBI”.

El cálculo no toma en cuenta factores demasiado variables y difíciles de mensurar como el incremento de beneficiarios de becas.

“Entre los puntos sí cuantificables, la propuesta parlamentaria prevé una recomposición presupuestaria para gastos de funcionamiento y actualizaciones periódicas en base al Índice de Precios al Consumidor, la recomposición de salarios docentes y no docentes y la actualización automática de becas estudiantiles”, explicó la OPC.

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