Buenos Aires, 26 diciembre (NA) – A mediados de mayo, mientras decenas de familiares lloraban a sus seres queridos que fallecieron, la Justicia Federal dio a conocer el inicio de una casa que desentramó la falta de control, protocolos, la labor de dos laboratorios y la impunidad de quienes están detrás. Desde aquel mes, allegados de más de 173 personas que murieron buscan obtener respuestas de si fueron víctimas del fentanilo contaminado. Se trata de una de las peores crisis sanitarias de la Argentina y mientras la investigación continúa, Ariel García Furfaro y accionistas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. se encuentran detenidos y procesados.

La denuncia fue radicada en abril por el Hospital Italiano de La Plata, que ante las autoridades alertó sobre el hallazgo de dos bacterias (Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp) dentro de las ampollas de fentanilo que eran suministradas a pacientes y que podrían estar asociadas a diversas muertes que ocurrieron dentro de la institución médica.

Se trata de una investigación extensa por parte de la Agencia Noticias Argentinas, medio que tuvo acceso al expediente desde un inicio, lo que permitió informar sobre los avances del caso.

INICIO DE LA CAUSA

Con la denuncia, se dio inicio a una investigación, la cual quedó a cargo del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, de Ernesto Kreplak, sumado a la incorporación de entidades como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Dicho organismo el 8 de mayo emitió un alerta para que no se utilice en todo el territorio nacional el lote 31202 de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma por “encontrarse en investigación por desvío de calidad”.

Aunque por el momento solo habría un lote contaminado, está la sospecha de que haya otros más. Las autoridades informaron que, de 154.530 ampollas distribuidas, el 27,5% habrían sido administradas a pacientes. En estos momentos no hay ningún frasco sin ubicación.

COMUNICADOS ANMAT

El 13 de mayo, la ANMAT sacó otro alerta donde prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de ese lote específico. Además, le ordenó a la firma el recupero del mercado del producto, el cual fue distribuido a más de 300 hospitales de la Argentina.

Por último, se dispuso la inhibición de producción en la planta de HLB Pharma “hasta que se hallen las condiciones técnicas y sanitarias”. Lo mismo ocurrió con Laboratorios Ramallo S.A., ya que las ampollas se habrían elaborado en sus instalaciones. Ambas compañías pertenecen al megaempresario Ariel García Furfaro.

Se supo que en lo que va de 2025 los laboratorios recibieron varias alertas y prohibiciones de la ANMAT por incumplimientos y problemas en la trazabilidad de dopamina, Propofol, diclofenac, morfina y fentanilo.

INVESTIGACIÓN

Como primera instancia contra los 24 acusados, se informó la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país de varios de los involucrados.

También se realizaron allanamientos, en los cuales se pudo determinar que en la empresa Cables Epuyén SRL, perteneciente a Damián García Furfaro, hermano del dueño de HLB Pharma, hallaron 29 pallets de diversos medicamentos.

Se trata de aproximadamente un camión completo que contenía diclofenac y paracetamol, todos bajo la firma del laboratorio en cuestión.

Otro dato expuesto fue una montaña de ampollas de fentanilo encontradas en uno de los patios del laboratorio Ramallo S.A., por lo que se ordenó la preservación de lugar, muestras fotográficas, un croquis por parte de las fuerzas que custodian el laboratorio clausurado y que de manera urgente concurra personal del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia.

Durante varias semanas, el Juzgado interviniente realizó diversos informes y pericias para corroborar el detrás del opioide adulterado. Los resultados demostraron que todos conocían la contaminación en las ampollas, que no hubo control, tampoco seguimiento por parte de las autoridades y que el fentanilo fue administrado en varios pacientes que fallecieron tiempo después.

DETENIDOS Y PROCESADOS

Frente a este desgarrador escenario, y al mismo tiempo en el que familiares realizaban marchas para justicia por sus seres queridos, el 20 de agosto el juez solicitó la inmediata detención de García Furfaro, sus hermanos, su madre, accionistas de ambas firmas y personal técnico, así como también fueron procesados.

García Furfaro, allegado a la familia Kichner, es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en “la adulteración del lote 31202 “perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, remarca el escrito al que accedió NA.

DECLARACIONES E INFORMES

Mientras los acusados continúan tras las rejas, algunos con prisión domiciliaria, se dieron a conocer declaraciones de suma importancia, así como también informes por parte del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia.

Entre las testimoniales más impactantes se encuentran las de los acusados, así como también la de empleados de los dos laboratorios, quienes muchos de ellos confirmaron que se sabía de la contaminación, pero se omitían los detalles para no perder ventas.

Además, el último documento difundido por el Cuerpo Médico indica que en 38 de las 40 muestras analizadas se comprobó que la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de los pacientes”. Acerca de los dos casos restantes, se indicó que no se permitió establecer un vínculo directo.

COMISIÓN ESPECIAL

De forma paralela, en el Congreso se realizó durante varios meses una investigación especial para poder constatar que ocurrió y las responsabilidades detrás de la peor tragedia sanitaria del país.

El pasado martes 2 de diciembre la Comisión presentó el informe final y determinó que el Estado argentino no pudo garantizar la trazabilidad del fentanilo ni el control efectivo de los laboratorios.

También que los hospitales ocultaron casos, que hubo documentación armada “a posteriori” por parte de las autoridades de ambos laboratorios y que los organismos de control actuaron tarde y de manera deficiente.

Para los integrantes de la Comisión el resultado es claro: las muertes por fentanilo contaminado no fueron un accidente, sino una cadena de fallas evitables, ocultamientos, falta de control y un laboratorio que operaba con registros inconsistentes, los cuales fueron confirmados hasta por los propios empleados.

RECLAMO

En paralelo a la pesquisa, los familiares continúan reclamando justicia y que los responsables sean condenados por provocar la peor crisis sanitaria del país ligada a la inoculación con un opioide adulterado con bacterias.

En los más de seis meses de causa, se realizaron tres marchas en La Plata y Rosario para dar visibilidad al reclamo y que el nombre de las víctimas continúen latentes. #AgenciaNA