Buenos Aires, 25 enero (NA) – En un escándalo que sacude los cimientos del sistema de transporte público en Argentina, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía fue testigo de un cruce de acusaciones y negligencia.

Lo único que se confirmó fue la renuncia de Luis Pierrini, un empresario de negocios del Seguro, oriundo de Mendoza y amigo de Luis Caputo. El conflicto central radica en la distribución irregular de subsidios por unos 30.000 millones de pesos, donde empresas como La Nueva Metropol y el Grupo DOTA se enfrentan en una “guerra” por el control de fondos estatales, manipulaciones en el sistema SUBE y ventajas competitivas en el mercado de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El punto de partida fue una denuncia presentada por cuatro de las cinco cámaras empresarias del sector a fines de diciembre de 2025, que acusó a La Nueva Metropol de defraudar al Estado mediante la alteración de datos en el sistema de tarjetas SUBE.

Según las imputaciones, la empresa, propiedad de los hermanos Zbikoski, habría intercambiado boletos de trayectos largos por cortos para inflar las compensaciones recibidas, generando un perjuicio fiscal estimado en 30.000 millones de pesos durante el último año.

Esta maniobra, conocida en el sector como “truchaje” de subsidios, permitió a Metropol captar fondos desproporcionados en comparación con sus competidores, exacerbando tensiones en un mercado ya concentrado.

Pierrini, designado en mayo de 2025 con el aval de figuras clave del gobierno como el ministro Luis “Toto” Caputo, presentó su renuncia el 22 de enero de 2026, oficialmente por motivos personales, pero fuentes internas indican que fue forzada desde Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial.

La salida se produjo tras la filtración de la denuncia en medios periodísticos, lo que derivó en una purga interna: remociones de subsecretarios y delegados en Trenes Argentinos, y la designación de Fernando Herrmann como reemplazo interino.

La Secretaría, responsable de supervisar subsidios por más de 1.036 billones de pesos en 2026, enfrenta ahora una demanda penal por omisión en el control de estos fondos, con Pierrini y Caputo en el centro de las acusaciones.

En el núcleo de esta “batalla oscura” se encuentra el enfrentamiento entre La Nueva Metropol y el Grupo DOTA, dos gigantes del transporte que controlan una porción significativa de las líneas de colectivos en el AMBA.

Metropol calificó las denuncias como una “vendetta” orquestada por rivales, argumentando que las acusaciones responden a su plan de importar 150 buses eléctricos de la marca china King Long. Este proyecto, financiado parcialmente por pagos gubernamentales adicionales para flotas ecológicas, representa una amenaza directa para DOTA, que posee la licencia exclusiva para la fabricación local de motores Agrale y defiende la producción nacional contra importaciones que considera competencia desleal.

Fuentes del sector indican que esta disputa por subsidios no es nueva: DOTA ha sido señalada en el pasado por falsear consumos de gasoil, captando más de 30 millones de dólares entre 2022 y 2024 sin sanciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

La investigación en curso, impulsada por denuncias administrativas y penales, revela un patrón de irregularidades en el sistema de subsidios. El mecanismo SUBE, diseñado para compensar tarifas bajas mediante fondos estatales, ha sido vulnerable a manipulaciones: empresas reportan kilómetros recorridos y pasajeros transportados, pero sin auditorías rigurosas, se facilitan desvíos. En el caso de Metropol, se alega que se alteraron datos para simular mayores distancias, incrementando las transferencias mensuales.

Por su parte, DOTA y otras cámaras –como la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA)– exigen una revisión integral, argumentando que estas prácticas distorsionan el mercado y perjudican a operadores menores, muchos de los cuales enfrentan quiebras por demoras en pagos.

El rol de la Secretaría de Transporte bajo Pierrini ha sido criticado por su inacción. A pesar de recibir alertas tempranas sobre irregularidades –incluyendo demoras en licitaciones ferroviarias y problemas operativos en aerolíneas como Flybondi, que afectaron a miles de pasajeros–, no se implementaron medidas

correctivas. Analistas señalan que esta negligencia podría estar ligada a presiones políticas o intereses económicos, en un contexto donde los subsidios representan una herramienta clave para mantener tarifas accesibles en medio de la inflación.

El monto total de subsidios al transporte en 2025 superó los 800.000 millones de pesos, con el AMBA absorbiendo la mayor parte, lo que convierte a este sector en un foco de corrupción potencial. Históricamente, el sistema de subsidios en Argentina surgió tras la crisis de 2001 para mitigar el impacto de la devaluación en el transporte público.

Sin embargo, su expansión bajo gobiernos sucesivos ha generado dependencias: las empresas reciben compensaciones por la diferencia entre costos operativos y tarifas reguladas, pero sin controles estrictos, se fomentan abusos. El caso actual recuerda escándalos previos, como el de los “subsidios truchos” en ferrocarriles durante la década de 2010, que derivaron en juicios y reformas parciales. #AgenciaNA