El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, remarcó que investigan si funcionarios de los servicios penitenciarios engañaron a los jueces de ejecución penal en los informes.

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El subdirector de la cárcel de Bouwer y exdirector del penal de Cruz del Eje, Sergio Guzmán, continuaba detenido este viernes acusado de ser el jefe de una supuesta asociación ilícita. También están detenidos el abogado penalista Alfredo Ciocca y el exfuncionario provincial Ramón Alberto Salas, que trabajó hasta el jueves en el Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba.

Los tres están señalados por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Para él, Guzmán lideraba la presunta asociación ilícita; mientras que Ciocca y Salas eran miembros de esta organización.

En diálogo , Gavier indicó que todo permanece bajo secreto de sumario y que la investigación continuaba en curso, de manera que comunicar las pruebas podría afectar el equilibrio del curso de la investigación. Dijo que, a partir de los elementos reunidos, se habrían cometido entre los tres involucrados indeterminados ilícitos penales de distinta índole, en el marco de la ejecución de la pena por parte de algunos reos.

“Les garantizaban a los presos mejoras de situaciones, adelantos y beneficios en el sistema carcelario. Estamos investigando el posible ingreso ilegítimo de celulares y drogas a los establecimientos penitenciarios. Es amplio y complejo el abanico de ilícitos que se pueden haber cometido en los años que operó esta banda”, indicó Gavier.

Gavier se ha vuelto un especialista en investigar delitos carcelarios ya que hace tiempo que tiene las causas por los “premios virtuales”, en las que se investiga cómo diversos reclusos forman bandas criminales dedicadas a estafar a través de celulares que ingresan de manera ilegal. “Esto lo hacen con personas allegadas que están fuera de la cárcel y son quienes, con complicidad, permiten el ingreso de teléfonos y drogas a las cárceles”, precisó.

También sostuvo que está abocado a esta temática desde 2015 y que, en el marco de varias investigaciones, muchos tribunales han condenado a los partícipes. “Lo que se ha verificado es que existe este fenómeno, que se organiza desde la cárcel. Los reos tienen acceso a elementos que permiten la comunicación con el mundo exterior”.

“Sería prematuro asegurar que no habrá más funcionarios involucrados. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en base a los elementos probatorios a incorporar”, añadió el fiscal de Delitos Complejos.

Además, adelantó que investigan si funcionarios de los servicios penitenciarios engañaron a los jueces de ejecución penal en los informes. “Toda hipótesis es posible”.

Y agregó: “Bloquear la señal en las cárceles es perfectamente posible. El Estado tiene sus propias responsabilidades y en todas las sentencias de tribunales de Córdoba se exhortó al Servicio Penitenciario a mostrar todas las medidas necesarias para asegurar que no se usen los celulares en la cárcel”.

Consultado acerca de por qué los sistemas de prevención en las cárceles no se adoptan o no son suficientes, Gavier sugirió que es algo que debería ser materia de investigación. “Consideramos la imputación de Guzmán, Salas y Ciocca porque hubo motivos para pensar que todo esto que investigamos es producto de acciones dolosas”, explicó.

Bouwer

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En ese sentido, dijo que si el establecimiento carcelario no garantiza que una persona realice el tratamiento que le impone al Poder Judicial, existe un problema de corte institucional. “Como funcionarios del Poder Judicial, podemos investigar los delitos que se traen a conocimiento y requerir del Ministerio Público una sanción. Si el Tribunal está convencido de los hechos que informamos, se impone una sanción que se ejecuta con control judicial. Pero el contralor administrativo que se impone es un resorte del Poder Ejecutivo”.

Pese a que existen investigaciones respecto a lo que ocurre en las cárceles de Córdoba, Gavier dijo creer que fueron aumentando los delitos en los últimos años y lo atribuyó al avance tecnológico de los medios de comunicación. Advirtió que las comunicaciones se realizan con equipos cada vez más sofisticados y que, de no corregirse estas falencias, es normal que los delitos vayan en aumento.

“Hay instancias políticas en las que habrá que ver cuáles son las razones por las que se adoptan o no las decisiones que se toman o medidas de resguardo que se deberían imponer”, y explicó que desde el Ministerio de Justicia se han comunicado con la Fiscalía y se pusieron a total disposición para colaborar con la investigación que se está llevando adelante.

“Cuento con el apoyo institucional para erradicar este flagelo. No siento miedo por esto y, de sentimientos, esto no tiene mucha importancia. Es igual. Del Poder Judicial siento total apoyo y la visión de mis colegas, en orden a erradicar estos flagelos, es unánime”, finalizó.