La Justicia de Rosario imputó este jueves al jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte por presunto lavado de activos a través de testaferros y sociedades comerciales por al menos 38 millones de pesos, y postergó para este viernes la definición acerca de si la investigación es competencia federal o provincial, informaron fuentes judiciales.

El fiscal de la causa, Miguel Moreno, acusó a Bracamonte del delito de lavado de activos agravado por su habitualidad y le atribuyó “haber realizado un conjunto de maniobras” a través de testaferros y por medio “de la creación y adquisición o utilización de sociedades comerciales a través de las cuales puso en circulación en el mercado bienes provenientes de presuntos ilícitos penales”.

Entre los delitos precedentes mencionó amenazas coactivas, extorsiones y la posible participación en maniobras defraudatorias, “que permitieron sus negociados ilícitos desde su posición de jefe de la barra de Rosario Central”.

De acuerdo a la investigación de Moreno, que calificó de “provisoria”, Bracamonte habría lavado 38.404.324 pesos con el fin de que esos bienes “adquieran apariencia de un origen lícito”.

Para el fiscal, la primera etapa del lavado la realizó a través de su ahora ex esposa, Natalia Salas, propietaria de 4 licencias de taxi e igual cantidad de vehículos, en cuya vivienda fue secuestrado también un Mini Cooper valuado en 1,6 millón de pesos.

La mujer también adquirió entre 2012 y 2013 tres departamentos y dijo ser propietaria de dos motos y un cuatriciclo, y al momento de divorciarse de Bracamonte dividieron en partes iguales un auto BMW, según la acusación.

A la vez, “Pillín” habría utilizado como testaferro a su hijo Andrés Guillermo, propietario de dos taxis y de un tercer vehículo, y empleado de una empresa porteña en la que percibe un ingreso de 20 mil pesos.

A la vez, Moreno vinculó una denuncia realizado por un ex presidente de Rosario Central acerca de presuntos aprietes por parte de la barra para los padres de jugadores de inferiores eligieran como representantes al intermediario Juan Carlos Silvetti -expulsado como socio del club-, quien es socio de Bracamonte en Kabrasi SRL.

Entre la evidencia que expuso, el fiscal hizo hincapié en un cheque por 660.030 pesos secuestrado el lunes en la casa de Bracamonte a nombre de Jorge Andrés Bilicich, el representante que actuó como intermediario en la venta del jugador Gastón Ávila de Rosario Central a Boca Juniors.

Según dijo Moreno, el personal del club indicó que el pago a Bilicich fue a través de 10 cheques por el mismo importe que retiró el mismo representante, el último de los cuales fue secuestrado en el country donde reside el jefe de la barra.

En tanto, la jueza Valeria Pedrana estableció esta noche un cuarto intermedio hasta mañana para resolver un planteo de incompetencia realizado por el abogado de Bracamonte, Carlos Varela, quien pidió que el caso pase a la Justicia Federal.

Para Moreno, “no hay un interés federal afectado” ya que “los delitos precedentes que generan el activo lavado, son amenazas y extorsiones vinculadas a la jefatura de la barrabrava de Rosario Central”.

Bracamonte, jefe de la barra canalla desde hace dos décadas, fue detenido el lunes pasado en su casa de un country de la localidad de Ibarlucea, cercana a Rosario, en un procedimiento que incluyó unos 14 allanamientos.