En el curso de esta semana dos administrativos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Carlos Ledesma y María Delia Carrizo, recibieron condenas de prisión en suspenso por defraudar a la casa de altos estudios en la liquidación de sueldos a empleados.

En el debate virtual -mediante teleconferencia- realizado ante las partes en el Tribunal Oral Federal Nº 2, el juez José Fabián Asís impuso dos años y medio y dos años de pena en suspenso, respectivamente, más la inhabilitación por el doble de tiempo a cada uno y multa de 20 mil pesos para Ledesma.

Ledesma y Carrizo eran empleados de áreas administrativas y se acreditó en el debate que ambos participaban en una maniobra defraudatoria para la UNC que consistía en liquidar sueldos pagando “de más” a docentes, a quienes luego les comunicaban el “error” y les pedían que hicieran el reintegro en efectivo. Lo que recibían en sus manos, lo embolsaban en su provecho sin rendirlo a las arcas públicas.

Las partes sesionaron en este trámite final del juicio mediante videoconferencia, con la idea de comenzar a agilizar la actividad judicial en los Tribunales Federales de Córdoba.

El fiscal Carlos Gonella realizó la acusación y pidió penas de prisión en suspenso en audiencia antes del inicio de la cuarentena. La defensa de ambos imputados estuvo a cargo del penalista Miguel Ángel Ortiz Pellegrini. Además de la participación remota de los acusados desde sus domicilios, el juez Asís estuvo asistido en otro recinto por la secretaria Lorena Castelli.

La audiencia final utilizó la plataforma de conferencia múltiple “Zoom” a partir del protocolo de actuación que desarrolló el Ministerio Público Fiscal ante la emergencia de la pandemia y las restricciones de contacto en las audiencias presenciales. El defensor Ortiz Pellegrini agradeció al juez Asís y celebró que se haya dado término al proceso con esta solución virtual.

La instrucción de la causa fue realizada por el fiscal Enrique Senestrari quien imputó defraudación a Ledesma y Carrizo por hechos cometidos entre 1996 y 2008 cuando se desempeñaban en Personal y Sueldos de la Facultad de  Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. También se involucró a Ledesma en otros dos hechos cuando fue prosecretario administrativo de despacho de esa unidad académica. El modus operandi siempre fue similar, pagaban de más a los empleados y luego les reclamaban la diferencia en efectivo, lo cual no era repuesto a la facultad. 

El área Jurídica de la UNC había hecho un sumario administrativo a ambos agentes, lo que sirvió para nutrir la investigación judicial realizada en forma paralela y para probar nueve de los 10 hechos analizados en el juicio. 

En su alegato realizado en marzo, el fiscal Gonella pidió tres años de prisión en suspenso más multa de 20 mil pesos e inhabilitacion especial por seis años por tratarse de un funcionario público, al hallarlo responsable en siete hechos de defraudación a la administración pública.

A Carrizo, el acusador la halló involucrada en dos hechos por delitos a la administración pública y le pidió una condena de dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación. A ella, el fiscal no le solicitó multa por su situación económica deteriorada.

El juez impuso dos años y medio de prisión para Ledesma y cinco años de inhabilitación, más multa de 20 mil pesos, y dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para Carrizo.