Alberto Fernández aprovecha el impasse en el caso Vicentin y recurre a los propios para definir la intervención estatal
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Todo indica que Alberto Fernández finalmente decidió recurrir a sus habilitantes para “construir decisiones”, y que tanto ponderan en su entorno, para tratar de retomar el camino y actuar en el caso Vicentin. Con la apresurada idea de la expropiación en segundo plano, el Presidente se permite ahora analizar otras alternativas, como la que diseñó el diputado nacional por Santa Fe y ex ministro de producción de esa provincia, Luis Contigiani, para lograr reconvertir al grupo cerealero en una empresa con participación del Estado.
En los últimos días, el Presidente optó por recurrir a los propios para estudiar los pasos a seguir frente al proceso de quiebra que atraviesa el grupo cerealero. Aunque el objetivo continúa siendo el mismo, evitar que la empresa caiga en manos de capitales extranjeros y adicionalmente lograr que el Estado ponga un pie en el tan valioso sector agroexportador, se decidió evaluar otro modus operandi.
Es que la idea de la expropiación, que llegó de la mano de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, terminó siendo contraproducente porque no sólo opacó los argumentos oficiales respecto a las presuntas irregularidades en el manejo de Vicentin que justifican las gestiones, sino que además provocó un alzamiento de sectores del campo contra el “avance sobre la propiedad privada”.
Por ello, ahora Fernández volvió a cerrar filas y volvió a evaluar el caso con sus más íntimos. Y fue justamente su Leandro Santoro, el referente radical porteño que se convirtió en uno de sus principales laderos, el que le acercó una propuesta superadora.
El Presidente conoció los detalles del nuevo plan el pasado domingo, cuando recibió a Santoro en la Residencia de Olivos donde concentró todas sus actividades por la cuarentena del coronavirus. Allí, mientras caminaban por el lugar recordando las históricas fotos del fallecido ex presidente Raúl Alfonsín, Santoro le contó los resultados de una serie de gestiones que mantuvo con referentes santafesinos para tener un diagnóstico propio que permita diseñar un esquema menos conflictivo. Es como se construye la impronta en un gobierno cuya base de sustentación política es el kirchnerismo, pero que evita los extremos y la polarización.
Una de las ideas que expuso Santoro es la que diseñó Contigiani, apenas después del pasado 8 de junio, cuando el Presidente salió a anunciar que enviaría al Congreso de la Nación un proyecto para expropiar Vicentin. Fernández se entusiasmó con la propuesta y ese mismo mediodía le pidió a Santoro que lo comunique con el legislador de Santa Fe y referente del Frente Progresista.
“Se dio una charla telefónica de 31 minutos”, detalló Contigiani ante la consulta de este medio. Explica que el plan que reactivó las expectativas del Gobierno nacional para intervenir en Vicentin contempla “que el camino es el concurso preventivo y en ese marco establecer una alianza de acreedores”.
“Hay elementos objetivos muy favorables para solucionar este tema porque los grandes acreedores son el Estado nacional, los bancos públicos provinciales, las principales cooperativas exportadoras de la región centro y del núcleo pampeano argentino, empresas privadas importantes ligadas al sector agroindustrial y eso, sacando a los bancos externos, concentra gran parte del pasivo de la empresa”, detalló el legislador santafesino.
Y puntualizó que su propuesta es que esa alianza de acreedores permita crear una “sociedad anónima público y privada con participación estatal”. Es una iniciativa que implica una negociación y una definición del juez de Reconquista Fabián Silvano Lorenzini que lleva adelante el concurso desde marzo pasado.
“¿Dónde se legitima eso? En que los acreedores convirtieron al deuda de Vicentin en acciones propias que permiten tomar el control del directorio de la empresa. Además eso te permite establecer una alianza productiva muy potente, al conseguir aliados que hoy no se tenían”, remarcó Contigiani, entusiasmado.
Según reveló, Alberto Fernández le manifestó su beneplácito pero le aclaró: “Todo esto no lo podemos hacer si el juez no habilita el pedido de Santa Fe y de la Nación para administrar la empresa”.
“Mirá Luis, yo no quiero estatizar por estatizar, esa no es mi política. Si mi finalidad era esa, yo hubiera empezado por Cargill y no por Vicentin que es una empresa chica. Pero mi finalidad no es esa, mi finalidad es recuperar una empresa y estoy abierto a lo instrumental, a ver qué camino me pueden llevar a cumplir el mismo objetivo”, agregó el Presidente, tal como reconstruyó el diputado.
Por ello, Contigiani remarcó que si su estrategia resulta “menos conflictiva pero asegura el objetivo” de la Casa Rosada, terminará convirtiéndose en el plan de acción.
Federico Ducler dio detalles sobre la presentación judicial que realizaron, en la que aseguran que la partida de defunción del papá de la vicepresidenta fue falseada. Prefirió no revelar datos de la causa.
La familia de Victoria Villarruel denunció que falsearon la partida de defunción del padre de la vicepresidenta electa en un sanatorio de Rosario. La presentación la hizo la madre de la futura funcionaria, Diana Destefani de Villarruel, que afirmó que su marido, Eduardo Marcelo Villarruel, fue víctima de mala praxis.
La causa original fue desestimada por la fiscal Valeria Piazza Iglesias de la Fiscalía Regional Rosario en base a un informe de Junta Médica que desestimaba mala praxis. Aquella junta contó con perito de parte de la familia
Federico Ducler, abogado que representa a la madre de la vicepresidenta de Javier Milei, habló y apuntó: “La muerte se dio en el contexto de la pandemia. Había protocolos y medidas. La causa fue archivada tras una denuncia de mala praxis. Podemos desarchivarla con elementos probatorios, pero la señora opto por hacer nuevas denuncias porque había una falsedad ideológica en el certificado de defunción”.
“No se sabe por qué murió”, aseveró, y amplió: “En la partida de defunción dice ‘enfermedad denuncia internacional’, no precisa. Hubo irregularidades muy graves en el tratamiento. Queremos saber la causa de la muerte, el certificado de defunción no lo dice”.
“Hay que ver si se encubrió alguna negligencia. A este exmilitar se lo trató mal y se le ocasionó la muerte”, denunció. “Tenemos una pericia que describe los actos que lo llevaron a la muerte”, sostuvo, pero no ahondó en detalles porque dijo preservar datos de importancia para la causa.
Ducler indicó que cuando a Eduardo lo intubaron “no pidieron consentimiento informado” y aseguró que “en la primera denuncia no hubo perito de parte”. “No sabemos si vamos a pedir la exhumación del cuerpo”, cerró.
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