A esta altura del año, todos los poderes ejecutivos de provincias y el de Nación han elaborado, bastante a ciegas, cómo será la hoja de ruta para 2021 en materia de gastos y de ingresos. En general, las provincias copian los lineamientos de Nación en cuanto a pautas generales, como inflación, meta de crecimiento o déficit. 

Así, la previsión es un alza de precios del 29%, un crecimiento del 5,5%, déficit del 4,5% y un tipo de cambio para el dólar de 102,40 pesos. El Covid, al menos en términos fiscales, no existe.

Además, está bajo revisión lo que alguna vez intentó ser un norte para la reducción de la presión impositiva en las provincias, como fue el Consenso Fiscal discutido en 2018 y que ahora no sólo abandonó esos objetivos sino que habilita, lisa y llanamente, la suba de impuestos.

Aunque el gravamen a las grandes fortunas es el debate más visible y polémico, en el presupuesto nacional está prevista una serie de aumentos impositivos que convierten a la Argentina en la líder del podio de países de imaginación más prolífica a la hora de inventar tributos. Hay retoque de alícuotas y hay, directamente, creación de nuevos tributos que hasta este año no existían.

El más llamativo es el aumento de Impuestos Internos sobre productos tecnológicos. Todos, excepto notebooks, pasan del 7% al 17% y los que se fabrican en Tierra del Fuego, que tenían 0%, pasan ahora al 6,55%.

También está previsto reflotar un polémico impuesto creado en 1998: la famosa oblea que automovilistas debían pegar en su parabrisas y que daba cuenta de que habían pagado el equivalente al 1% del valor de su vehículo para financiar el Fondo de Incentivo Docente. Iba a estar vigente por cinco años, pero fue uno de los pocos que derogó el Estado (en vísperas electorales) por el durísimo rechazo que generó. No está definido aún el monto del nuevo gravamen ni cómo se aplicará.

También se crea una contribución obligatoria de 0,5% sobre las primas de seguro automotor para las pólizas de vehículos afectados a servicios de transporte de pasajeros de larga distancia. Este gravamen es para alimentar burocracia, ya que tiene como destino la Comisión Reguladora del Transporte.

Como si esto fuera poco, se aplicará una tasa del 0,3% a todos los seguros (con excepción de los de vida) que tengan contratados los argentinos y que será para financiar el nuevo Fondo Nacional del Manejo del Fuego.

También las apuestas on line, que tienen hoy un impuesto del 2%, pasan al 5%.

Por cuerda separada se trata la creación del “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, que grava entre el 2,5 y el 3,5% los patrimonios superiores a 200 millones de pesos, y que ya tiene media sanción de Diputados.

Las provincias (y los municipios) tampoco se han quedado atrás. Puerto Madryn, por caso, armó un revuelo por inventar lo que se bautizó como “el impuesto al viento”, que consiste en aplicar las dos tasas clásicas de los municipios (la de habilitación, seguridad e higiene y la de construcción de obras particulares) por el 4,5% de la facturación de los parques eólicos. 

Pilar, aquí en Córdoba, tuvo que salir a explicar que el gravamen a las profesiones liberales que está previsto en su presupuesto no se va a aplicar, al menos por ahora. La ciudad de Buenos Aires gravó con el 1,2% de sellos los gastos de tarjeta de crédito, algo que en Córdoba existe hace rato y por el 1,5%.

De todos modos, la Provincia no se quedó atrás y le subió dos puntos de Ingresos Brutos al sistema financiero, con lo que espera recaudar 2.400 millones de pesos. Evaluó incluso llevar Sellos sobre las tarjetas al 2%, el máximo permitido por el Consenso Fiscal. También se barajó incrementar la presión sobre el rubro comunicaciones, donde todavía hay algo de margen para subir, pero se tuvo respeto por ahora a la adenda, que sólo permite subas al sector financiero. 

Hasta alguien habló de reflotar la tasa vial. Quedó por el momento archivada: siempre puede la Legislatura crear el tributo, como lo hizo en agosto de 2012. No hace falta que esté en el Código Tributario.

Es que ahora el Consenso funciona así: lo que estaba previsto como techo en 2018, pasa a ser la constante. Hay provincias que arrancaron en 2018 por debajo del techo y aun así bajaron impuestos; están las que estaban al límite y aceptaron la reducción y están las que estaban abajo y se quedaron en el molde, sin subir ni bajar. Comercio y servicios financieros no tenían topes. Ahora, todas buscan ir al límite máximo que permitía esa norma. No importa que haya firmado un párrafo dando cuenta de las bondades de aliviar la presión tributaria.

Da la sensación de que los 166 tributos que existen en todo el país, computando la inventiva de todos los ejecutivos del país, son pocos. Hay que seguir alimentando el compendio tributario. Para eso la clase política siempre tiene ideas creativas.