A horas de que venza el plazo judicial para definir el futuro de Vicentín S.A.I.C., la emblemática agroexportadora con sede en Reconquista y Avellaneda, el llamado proceso “cramdown Vicentin” entra en su fase más tensa.

Dos grupos empresariales de peso —Molinos Agro S.A. y Louis Dreyfus Company (LDC) por un lado, y Grassi S.A. por el otro— compiten por quedarse con el control de la firma que fue símbolo del interior productivo argentino y que hoy concentra una deuda superior a los $100.000 millones.

La definición judicial, a cargo del juez concursal Fabián Lorenzini, mantiene en vilo a toda la región del norte santafesino. De ella depende no solo el destino de una compañía con casi un siglo de historia, sino también la estabilidad laboral y económica de miles de familias que dependen de su continuidad.

EL MARCO JUDICIAL Y LAS REGLAS DEL PROCESO

El magistrado Lorenzini dispuso que el plazo para presentar adhesiones al proceso de cramdown vencerá este sábado 1 de noviembre a las 00:01 horas, y que una vez cerrado no podrán sumarse nuevas conformidades.

La normativa establece que el oferente que logre la mitad más uno de los acreedores y dos tercios del total del capital adeudado será quien se quede con la compañía. Según la sindicatura del concurso, 1.722 acreedores tienen derecho a voto, y el pasivo total asciende a $100.412 millones.

El juez también ordenó que la Sindicatura Plural supervise el proceso de votación y verifique la autenticidad de cada adhesión. Deberá constatar quién alcanzó primero las mayorías requeridas, permitiendo la participación de representantes de ambos grupos interesados para garantizar la transparencia y evitar cualquier sospecha de irregularidad.

LAS DOS OFERTAS EN PUGNA

En la recta final, el proceso enfrenta dos propuestas de peso:

1. Consorcio Molinos Agro – Louis Dreyfus Company (LDC): Ambas son multinacionales con presencia global en el comercio de granos y derivados agroindustriales. Su propuesta apunta a recomponer la estructura financiera de Vicentín, garantizar el pago a los acreedores y sostener la actividad exportadora. El consorcio asegura haber obtenido más de 1.100 adhesiones y proyecta alcanzar más del 70% de las conformidades, lo que consolidaría su posición en el tramo final. Desde el grupo remarcaron su compromiso con una “solución seria, sustentable y con visión de largo plazo”, destinada a preservar empleos y recuperar la confianza en la cadena agroexportadora.
2. Grupo Grassi S.A.: La empresa rosarina presentó un plan que prioriza la reactivación de la planta de bioetanol del denominado “Nodo Norte”, paralizada desde 2020. En esta propuesta participa Porta Hermanos S.A., compañía cordobesa de biotecnología y energías renovables, que aportaría tecnología y know-how para la reconversión energética del complejo. Grassi, sin embargo, se opuso al pedido de auditoría de votos planteado por su competidor, lo que generó un nuevo foco de tensión dentro del expediente judicial.

LA JUGADA POR VICENTIN PARAGUAY

En las últimas horas, Molinos y LDC sumaron una jugada clave: impugnaron la adhesión de Vicentin Paraguay, al considerar que su participación resulta “fuera de lugar”.

Argumentan que la filial paraguaya depende directamente de Vicentín Argentina, actualmente bajo administración judicial, por lo que no debería ser tratada como un acreedor independiente.

Al mismo tiempo, el consorcio solicitó al juez Lorenzini que habilite una auditoría digital de los padrones de adhesión, permitiendo el acceso de tres veedores por cada parte para revisar las planillas de conformidad. El objetivo, según explicaron, es “garantizar la mayor transparencia posible en un proceso que definirá el futuro de una empresa emblemática”.

En las últimas horas trascendió que el grupo Molinos-LDC señalaron que la verificación de los padrones es esencial porque podría incidir en la validez de adhesiones relevantes, entre ellas la del empresario Esteban Nofal, quien absorbió parte de la deuda de bancos extranjeros y cuyo voto representa el 37% del pasivo computable.

El consorcio acusa que los fondos de Avir South, poseedora de esa deuda, provendrían de Soripel S.A., controlada por Nofal, y que a su vez habrían recibido aportes de empresas vinculadas al grupo Grassi, incluyendo sociedades radicadas en Bahamas, Rosario e Islas Vírgenes Británicas.

Por su parte, la sindicatura del concurso aclaró que cualquier análisis sobre la exclusión de votos se realizará recién al cierre del plazo, una vez contabilizadas todas las adhesiones.

EXPECTATIVA Y CLIMA SOCIAL EN EL NORTE SANTAFESINO

Mientras las negociaciones se intensifican en los despachos judiciales, en Reconquista y Avellaneda la expectativa crece. La comunidad observa con cautela y ansiedad un proceso que podría marcar un antes y un después en la historia económica regional.

Trabajadores, proveedores y productores coinciden en que una resolución clara y sostenible es clave para restablecer la confianza en el sector y evitar el colapso de uno de los polos agroindustriales más importantes del país.

El juez Fabián Lorenzini deberá decidir en las próximas horas si habilita la auditoría solicitada y, posteriormente, quién será el nuevo controlador de la agroexportadora. Su fallo no solo pondrá fin a una disputa empresarial de alto voltaje, sino que también definirá el rumbo económico de todo el norte santafesino.