La Cámara Federal de Casación Penal dictó una serie de pautas y criterios tendiente a unificar los pasos a seguir en el tratamiento de los pedidos de prisión domiciliaria y para descomprimir la situación de superpoblación y hacinamiento en las cárceles del país, todo en el marco de la pandemia por el coronavirus.

A partir de esto, los jueces federales tendrán una guía de criterios para resolver situaciones particulares. Se mencionan a mujeres embarazadas, madres detenidas con niños, personas incluídas en grupos sanitarios de riesgo, detenidos por delitos no violentos o de menor gravedad, personas con la condena próxima a cumplirse o aquellos que tienen baja peligrosidad procesal, entre otras situaciones.

En su acordada 9/20 del pasado lunes 13 de abril, el cuerpo de alzada ofrece elementos para que los tribunales inferiores atiendan los casos particulares que les toquen en cada jurisdicción. Pone especial atención en los grupos vulnerables por razones de salud o discapacidades y en las madres con hijos menores en cautiverio o a cargo.

Entre otros matices, se menciona que no todos los delitos pueden generar el beneficio para su acusado o autor, sino que deben tenerse en cuenta cuestiones como la proximidad al cumplimiento de la pena, la cantidad de años de la condena y el peligro procesal que representa el interno. Esto parece dejar de lado a autores de crímenes de lesa humanidad que en su mayoría tienen penas elevadas o la prisión perpetua.

La acordada otorga mayores precisiones a los jueces cordobeses que a comienzos de mes quedaron sorprendidos por una serie de recomendaciones de las máximas autoridades de la cámara que no fijaba pautas y que hacían subsistir la diversidad de criterios que tenían las diferentes salas de ese alto cuerpo.

Estas directrices generan mayor claridad a la hora de resolver situaciones particulares en el marco de esta “situación excepcional” que es la pandemia por el coronavirus que ha generado un sinnúmero de situaciones no previstas en los códigos.

Descongestionar penales

“Esta coyuntura exige a los Estados un gran esfuerzo coordinado para descongestionar tanto unidades penitenciarias como comisarías a través de criterios de excarcelación o adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad para garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos a todas las personas”, señala la Cámara Federal de Casación Penal en esta acordada 9/20.

La idea del escrito de 15 carillas es atender la “grave situación de sobrepoblación y hacinamiento” existente en los penales, por lo que se pone énfasis en dos acordadas anteriores (la 2/2020 y la 3/2020) que se ocuparon de las mujeres embarazadas y aquellas que están encerradas con sus hijos e hijas y de aquellos que están “considerados dentro de un grupo de riesgo”. 

Por eso, el tribunal de alzada sostiene que resulta necesario dictar una “acordada relativa a esta temática, sin perjuicio de que cada caso concreto deberá ser resuelto jurisdiccionalmente”.

Entre las principales motivaciones, se busca “aliviar la situación de hacinamiento carcelario con el fin de disminuir los factores de riesgo y facilitar la atención sanitaria ante casos de Covid 19” y “responder al entorno de aquellos internos que están dentro de alguno de los grupos de vulnerabilidad frente a la pandemia”.

Detalle del acuerdo

El acuerdo no salió por unanimidad, porque hubo dos disidencias. Votaron Angela E. Ledesma (presidenta), Gustavo M. Hornos (vicepresidente 1º), Alejandro W. Slokar (vicepresidente 2º), Ana María Figueroa (autora del voto de la mayoría), Guillermo J. Yacobucci, Eduardo R. Riggi (en disidencia), Mariano Borinsky, Daniel A. Petrone, Diego G. Barroetaveña, Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani, Liliana E. Catucci (en disidencia) y Javier Carbajo.

A grandes rasgos, el acuerdo pone especial énfasis en que se dé “estricto cumplimiento de las acordadas 2 y 3” de la Cámara, que se refiere a las mujeres embarazadas o con niños en presidio, y a los “grupos de riesgo”.

Luego detalla las situaciones particulares a atender haciendo referencia a las circunstancias de salud, al tiempo de cumplimiento de la condena, a la gravedad del delito y al peligro procesal que puede representar el interno fuera del penal.