La noche del 26 de octubre cuando su mamá, Olga, se acercó a la comisaría no le permitieron ver a su hijo, decían que podía entorpecer el caso. Esa misma noche lo llevaron a Córdoba para realizarle la autopsia, que luego la fiscal les confirmó, “muerte por asfixia mecánica”, expresaron familiares y amigos tiempo atrás en un comunicado.

En esta convocatoria, familiares y amigos señalan que «cada año se nos hace imprescindible recordar lo sucedido, en un contexto social y político que incrementa la represión y el hostigamiento hacia los y las jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. No olvidar a Jorgito, significa no olvidar lo que sucedió en el 2013. Tantos pibes y pibas se encontraron aquella noche del 26 de octubre, y los siguientes días, que enojados salieron a repudiar la utilización que hacía la policía con los jóvenes de la zona para involucrarlos en el entramado delictivo.

El día 20 de diciembre de 2019 llegó una cédula judicial del tribunal de Cosquín, firmada por la actual Fiscal de Instrucción, Paula Kelm y la secretaria Viviana Espina, informando al abogado Dr. Claudio Orosz, la disposición de la fiscalía para que las actuaciones labradas con motivo de la Muerte por Etiología Dudosa (MED) de Jorge Reyna, se archiven.

Durante estos siete años la Fiscalía de Cosquín siempre investigó en función de una única hipótesis: el suicidio. Los elementos del peritaje oficial que figuran en la causa son más que suficiente acreditación de prueba para imputar a los guardias que ese día detuvieron y custodiaron a Jorgito por vejaciones y torturas, como la responsabilidad del Comisario Juan Castro, hoy devenido con total impunidad en Jefe de la zona 3 de la Departamental Punilla. También comprendemos que la hipótesis del suicidio, intenta desvincular por parte de la justicia la responsabilidad de la policía y los funcionarios competentes, quienes están directamente implicados por tener detenido a un menor de edad dentro de una comisaría.

Pasaron los años y el Poder Judicial ha demostrado que su accionar sólo protege a los victimarios. La responsabilidad del Estado por la muerte de un menor en una comisaría, se suma a una situación de vulneración permanente a los derechos humanos que criminaliza a los y las jóvenes de los barrios populares, como parte de las políticas de gobernantes que responden al poder económico que pretende mantenernos en la pobreza, sumisos, sumisas y sin esperanza de nada.

La cédula judicial se emitió en una fecha simbólica y dolorosa, especialmente para los familiares cuando se reúnen en Navidad y Año Nuevo y no pueden compartir el encuentro con uno de sus hijos. Una fecha que sabemos para la justicia significa ordenar también los estantes de esa “burocracia del mal”, acomodar papeles, clausurar vidas y anular la verdad. La cédula nunca llegó a manos de la familia, solamente se notificó virtualmente al represente legal. Este maltrato por parte de la Fiscalía, no es aislado, es complementario de la impunidad con la que se investigan ciertas causas, como el femicidio de Cecilia Basaldúa ocurrido en nuestra localidad, cuya familia también recibe los agravios por parte de la fiscal, quien lejos de buscar la verdad, avanza ciegamente con la única intención de acelerar el cierre del caso.

Las mismas formas violentas que los funcionarios judiciales tuvieron con la familia de Jorgito desde el inicio, primero la entonces Fiscal Alejandra Hillman, luego el Fiscal Martín Bertone, que entre otras cosas, utilizaron las citaciones judiciales para hacer ir a la madre de Jorge Reyna hasta la fiscalía, con el único motivo de maltratarla y hacerla sentir culpable por la muerte de su hijo; se repiten con la decisión de esperar el fin de año para notificar esta medida por parte de la fiscalía de Cosquín, hoy a cargo de la Fiscal Paula Kelm.

Porque no queremos que esta causa sea otro ejemplo de la impunidad judicial y que pase a ser una más entre los tantos expedientes archivados y perdidos en la burocracia de la justicia. Porque no queremos que la vida de las y los pibes de nuestros barrios siga siendo criminalizada, perseguida, asesinada. Porque no queremos que el miedo sea la forma de relacionarnos y que el maltrato policial sea naturalizado.

Seguiremos adelante con la firmeza en la lucha por la verdad, en las calles, juntos/as, organizados y organizadas, porque tenemos derecho a una vida libre de violencia.

Las estrategias legales continuarán su curso, se procederá a las instancias de apelación que correspondan. Mientras tanto, la impunidad de la justicia, no silenciará nuestras voces, seguiremos construyendo juntxs el camino de la lucha por la verdad y la justicia.

Te esperamos el lunes 26 de octubre a las 11hs. en el Jardín de la Memoria de la Plaza San Martín de Capilla del Monte.

• Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato de Jorge Reyna
• Basta de criminalización y persecución policial a las y los jóvenes
• Basta de gatillo fácil
• Basta de corrupción judicial, política y policial

Familiares, amigos y amigas de Jorge Reyna