La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba divulgó en las últimas horas un duro comunicado ante el recorte jubilatorio que dispuso la Provincia y aprobó la Unicameral el miércoles último.

Entre otros puntos, la entidad que hoy lidera el juez Luis Paoloni, señala que se trata de una ley que provoca una “conculcación” de los derechos adquiridos, que “confisca” los incrementos salariales y adelantan que iniciarán acciones legales para evitar su aplicación.

Y, no dejan de advertir el contexto de aislamiento obligatorio en el que esta ley fue aprobada, además de su tratamiento exprés.

A continuación, el texto completo:

“La flamante ley 10.694 salió a la luz en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio, luego de una sorpresiva e inesperada sesión virtual de la Unicametal que diera urgente tratamiento al proyecto que remitiera el Poder Ejecutivo Provincial, sin modificaciones.

La aplicación de su articulado producirá una reducción en forma definitiva del haber previsional, importará un ‘difirimiento’ de la movilidad (manifiestamente grave ante el público y notorio proceso inflacionario), una ‘confiscación’ de inrementos, como asimismo una reducción sin precedentes en quienes gocen de más de un beneficio, en grave perjuicio a un sector de la ciudadanía que se encuentra en la etapa de mayor vulnerabilidad.

Estas modificaciones al régimen jubilatorio afectan la garantía de intangibilidad de haberes previsionales de magistrados, y las garantías constitucionales de justa remuneración, igual remuneración por igual tarea, igualdad ante la ley, derecho de propiedad, legalidad, supremacía constitucional, y el derecho de gozar de los beneficios de la seguridad social en su integralidad, movilidad, proporcionalidad, irreductibilidad e irrenunciabilidad de los haberes previsionales.

Ante esta grave conculcación de derechos, la Asociacioon de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba pone a disposición de sus asociados/as el dictamen emitido por abogados especialistas en materia previsional, a los fines de que analicen las medidas a adoptar para la defensa de sus derechos individuales, como asimismo hace saber que la institución no cejará en las acciones necesarias para contribuir a la defenda de los derechos adquiridos del conjunto de magistrados y funcionarios judiciales”.