Ecuador ingresaba este lunes en el décimoquinto día del paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, decretado por el Gobierno el 12 de septiembre pasado. Tras 14 días de protestas, el país sudamericano registra bloqueos de carreteras en cinco provincias, en su mayoría de la sierra, así como movilizaciones callejeras protagonizadas por comuneros indígenas y grupos sociales.

A lo anterior se suma la amenaza del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, quien advirtió el sábado que podrían radicalizar las protestas e incluso tomar la capital del país, Quito, si no se atienden sus demandas. “Si el Gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito (…) ya no podemos seguir aguantando, ya no podemos seguir soportando”, declaró Vargas durante una reunión con representantes de comunidades, en el cantón (municipio) Alausí, en la provincia de Chimborazo (centro).

Los indígenas ecuatorianos tienen un pliego de demandas como la reducción del 15 al 12 % en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la derogación del Decreto 126, mediante el cual el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, lo que disparó el precio del carburante de 1,80 a 2,80 dólares el galón. La medida del Gobierno desató una férrea oposición por parte de transportistas, indígenas, sindicatos y otros sectores sociales de Ecuador, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Organizaciones de pueblos indígenas de Quito anunciaron el sábado su adhesión al paro con una marcha en la capital ecuatoriana programada para el próximo 12 de octubre.

Tras estos anuncios del movimiento indígena, el presidente Noboa decretó la noche del sábado “estado de excepción” por “grave conmoción interna” en 10 provincias del país con el fin de afrontar la radicalización de las protestas, que según el Gobierno se han tornado violentas.

La medida regirá por 60 días en las provincias centrales de Pichincha, donde se ubica Quito, además de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Cañar, así como Azuay (sur) y las amazónicas de Orellana, Sucumbíos y Pastaza. A esas provincias se suma Imbabura, epicentro del paro, además de Carchi, ubicadas en la sierra norte, donde ya regía la medida desde el 16 de septiembre pasado.

El mandatario ecuatoriano, quien mantiene la firme postura de no negociar y no retroceder en la eliminación del subsidio al diésel, ordenó en el decreto la suspensión de la libertad de reunión las 24 horas del día.

Prohibió también las concentraciones en espacios públicos que puedan derivar en afectaciones a los servicios esenciales o a la seguridad ciudadana, además de disponer la movilización de todas las entidades de la Función Ejecutiva, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que coordinen acciones necesarias con el fin de mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia. Las acciones disponen proteger la vida e integridad física de la ciudadanía, así como el derecho a la libre circulación y el desarrollo de actividades económicas.

De acuerdo con el Gobierno, las protestas derivadas del paro se caracterizaron por agresiones y secuestros a miembros de la fuerza pública, así como atentados a bienes públicos y privados, y retenciones de vehículos de carga pesada, lo que afecta a la población.

Se generó además una paralización de determinados servicios públicos, lo que ha impedido el normal desarrollo de las actividades económicas.

Al menos 102 personas fueron detenidas hasta el momento en el contexto de las protestas y la Fiscalía investiga a 83 por delitos de terrorismo, asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y ataque o resistencia, según informes oficiales.

Las manifestaciones dejaron también un comunero indígena fallecido, así como 17 militares y dos policías retenidos, que fueron liberados esta semana, en medio de la escalada de la tensión social.

Frente a la amenaza del movimiento indígena de tomar Quito, el alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, instó este domingo al Gobierno a abrir un diálogo.

“Para atender a quienes más están sufriendo las consecuencias de las múltiples crisis que atraviesa el país, es indispensable que el Gobierno Nacional abra un diálogo serio y concreto con todos los sectores”, escribió Muñoz en su cuenta de la red social X.

En el marco del paro, hasta el momento solo ha habido protestas esporádicas en Quito de estudiantes universitarios, trabajadores y sectores sociales que rechazan la política económica del Gobierno.

El movimiento indígena ya lideró protestas masivas en 2019 y 2022, cuando los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron sin éxito eliminar los subsidios a los combustibles.