En las últimas horas, circuló con fuerza la versión de que el presidente Alberto Fernández finalmente utilizará la facultad que le otorga la ley de Solidaridad Social, aprobada por el Congreso en diciembre, de subir hasta tres puntos porcentuales más las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados.

El sector agropecuario ya encendió la alarma y avisa que empezará un plan de lucha si se confirma el alza. “Es como echar nafta al fuego en este momento”, afirmó ayer Javier Rotondo, presidente de CRA.

El posible aumento de los derechos de exportación de soja, del 30 actual a un 33 por ciento, ya está previsto en el artículo 52 de la ley de Solidaridad Social sancionada por ambas cámaras en diciembre, de modo que para el sector agropecuario no sería una novedad, aunque sí un disgusto.

La suba –según trascendió– podría formar parte del discurso que Fernández pronunciará el próximo domingo ante la Asamblea Legislativa, en la apertura del 138° período de sesiones ordinarias del Congreso, escoltado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien conducirá la sesión en carácter de presidenta del Senado.

Por ahora, es una versión. Ayer, Jorge Chemes, presidente de CRA, le dijo a este diario que había hablado con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y que el funcionario lo había negado cualquier suba.

Como sea, la Mesa de Enlace hizo saber que se reunirá entre jueves y viernes con Basterra, quien explicará la situación y las perspectivas del Gobierno.

De todas maneras, el aumento es un posible anuncio de Fernández, porque en el oficialismo no lo dan por hecho.

Unos indican que forma parte del acuerdo entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el nuevo programa para la Argentina.

Otros, que el Gobierno en verdad instala la posibilidad sin que vaya efectivamente a disponer una suba, para así posponer la discusión de un esquema de baja de retenciones, que es justamente lo que viene reclamando el campo.

Tampoco se sabe si esos tres puntos serían sólo para la soja o también para los otros granos (del 12 por ciento al 15 por ciento).

“No achican el gasto”

El diputado y productor agropecuario Pablo Torello (Buenos Aires-PRO) sostuvo en diálogo con La Voz que “indudablemente cuando introdujeron en la ley de Solidaridad Social tres puntos más, siempre estuvieron pensando en subirlas, en cualquier momento”, pero cuestionó que, paralelamente, “el Gobierno no haga ningún gesto para achicar el gasto”.

“O esta gente quiere un conflicto o no entienden absolutamente nada. Todos tenemos presente la experiencia de 2008, con la 125, ahora parece que quieren volver a eso. La gran mayoría en el sector son pymes. El agro es una puerta de salida, no es un problema”, planteó.

El legislador macrista dijo que “lo que hay que hacer es bajar el gasto” y que “la causa de la deuda es eso”. “Pero nunca hablamos de eso. Un Estado que tiene 40 por ciento del PIB como gasto del Estado es absolutamente imposible de financiar”, aseveró.

Planteó también que “esto va a terminar mal” y resaltó que “el dólar mantiene su cotización desde agosto, con una inflación acumulada de 25 a 30 puntos”, lo que significa que el sector agropecuario ya viene perdiendo competitividad, a lo que se suma la suba de retenciones dispuesta por Fernández a los cinco días de haber asumido en la Presidencia.

Además, señaló, en 2008 el campo tenía 35 por ciento de retenciones con la soja a 550 dólares, mientras que hoy tiene un 30 por ciento con la soja a 320.

“No tengo ninguna duda de que habrá protestas. Es un abuso sobre el abuso. La suba de 24 por ciento a 30 por ciento de diciembre ya generó un montón de manifestaciones. Hubo muchísimos tractorazos y asambleas. Creo que están buscando algún tipo de choque”, dijo Torello.

“Nafta al fuego”

Rotondo, expresidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto y actual titular de Cartez, le dijo a este diario que una suba de tres puntos a las retenciones sería como echarle “nafta al fuego en este momento”.

“Fuimos cautos y, ante el llamado del ministro (Basterra, la semana pasada), se frenó la fecha del paro. Pero desde Cartez sentimos que se nos tomó el pelo”, agregó Rotondo.

El presidente de Cartez afirmó que hay “mucha bronca en los productores” y que esperan la reunión con el ministro de Agricultura, aunque sin muchas expectativas. “Basterra es alguien sin ningún tipo de poder de decisión”, expresó.

De todas maneras, hasta ayer no tenían ni fecha ni hora (creen que sería el jueves por la tarde o el viernes por la mañana).

“Lo que más molesta es la posición demagógica de hablar de un bono a los jubilados”, aclaró.

¿Qué escenario imaginan? “Sería el fin del diálogo. Nos tuvieron 60 días dilatando y viendo si podían romper la Mesa”, expresó y adelantó que ahora evaluarán los pasos por seguir.

Por su parte, Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de CRA, confirmó que el propio Basterra había negado la versión. “Se lo dijo a Jorge Chemes (presidente de CRA) vía telefónica”, contó, aunque le dio poco crédito a la desmentida.

“Nos queda la preocupación de que cada ministro que ha desmentido algo relacionado a algún daño que le iban hacer al campo, después se confirmó. No sólo ahora, sino en Cambiemos también”, recordó ante la consulta.

“Es una situación más que sería lamentable si se llegara a dar porque nos embarcaría en un conflicto que queremos evitar”, cerró De Raedemaeker.

“Con tres puntos más, la tonelada de soja valdría unos U$S 210”

“Ya con el 30 por ciento se complicaba bastante la situación de los agroexportadores. Si le sumás tres puntos más, en algunas zonas lo van a estar aún más. El cálculo que hacemos es que, adicionalmente, el Estado nacional recaudaría 600 millones de dólares más con esta medida. Es una cifra aproximada porque, antes de diciembre, se registraron muchos contratos de compraventa con el derecho de exportación más bajo. Entonces, sobre la base imponible que tenés ahora esa cantidad sería un poco más baja. Pero en términos brutos, el número que calculamos es aproximadamente ese”, explicó ayer Gonzalo Agusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

“Lo que hay que aclarar es que la situación que tenés ahora es muy diferente a la que tenías otros años. El precio de exportación de la soja es de 325 dólares para mayo, cuando Cristina Fernández tuvo un promedio de 480 en su segundo gobierno”, agrega el especialista.

Agusto remarca que una nueva suba en las retenciones impactará fuerte en el agro, no sólo por el valor actual de la soja, sino porque hay otros elementos que hacen que el futuro sea pesimista.

“Hay muy pocas perspectivas de que ese precio vaya a subir. Porque hay un montón de factores que presionan la soja a la baja”, aseguró el economista.

–En Chicago está golpeando fuerte lo del coronavirus, por ejemplo.

–Claro, tenemos eso. Y también la fiebre porcina africana, que afecta la producción de cerdos en China. Al tener menos cerdos, se demanda menos soja, y los chinos son los principales importadores de soja. Aunque lo que más afecta ahora es que Brasil, que es el primer productor de soja del mundo, va a tener una de las cosechas más grandes de su historia. Eso entrará al mercado en un par de meses, justo cuando nosotros también entremos con nuestra cosecha.

Aportes

Según un estudio de la Bolsa de Cereales, en los últimos 16 años el agro aportó en concepto de derecho de exportación (trigo, maíz y complejo sojero) 95 mil millones de dólares en términos reales.

De allí, la importancia de cualquier incremento en las retenciones para las arcas de cualquier gobierno.

“Para tener una idea: con Cristina Fernández, la tonelada valía, promedio, 480 dólares, y tenía un 35 por ciento de derechos de exportación. Pero con el 33 por ciento el precio de la tonelada sería casi 200 dólares más bajo que durante el último kirchnerismo”, explica Agusto.

–El impacto sería más fuerte.

–Muchísimo más fuerte. Con Cristina, el productor recibía, promedio, 300 dólares; mientras que si se aumentan las retenciones al 33 por ciento, esa cantidad sería de 210 dólares por tonelada.

El campo, según la Bolsa de Cereales, ya viene sufriendo las consecuencias del aumento de retenciones que decretó Alberto Fernández cuando llegó al poder, y que impuso una alícuota del 30 por ciento para la soja y 12 por ciento para el maíz.

La medida implica que producir estos granos en Córdoba prácticamente no deje ganancias en la campaña 2019/20.

Para un establecimiento agrícola promedio de la provincia, ese porcentaje en la soja significa una rentabilidad de dos por ciento, bajísima con relación al alto riesgo que asume un productor al invertir.

El resto se reparte entre el 35 por ciento para el Estado (se suma el aporte por otros impuestos y lo que se llevan los gobiernos provinciales y municipales) y el 63 por ciento de costos.

Impacto: Por departamento

Según un estudio de CREA, hoy, de 256 departamentos con soja en todo el país, 203 tienen rinde esperado similar o inferior al de “indiferencia” (previo al pago de impuestos) para no perder.

Impuestos. Ahora, si se suben tres puntos de los derechos de exportación a la soja y sus derivados, el número de departamentos pasaría a ser de 235 (91,7%).

En los cálculos, explicaron, se considera el arrendamiento.