Aunque el presidente Alberto Fernández asegura que la idea la conocía sólo él, hubo alguien que sabía, desde hace días que el gobierno estaba pensando en expropiar Vicentín.

Se trata del expresidente de la Nación Amado Boudou, quien goza hoy de prisión domiciliaria. El domingo, poco antes del anuncio, el exfuncionario publicó una columna en eldestapeweb.com que lleva el título “Algunas ideas para Vicentín”.

“Hace algunos días conocimos una propuesta pública para solucionar la depredación llevada adelante por la empresa Vicentin en ‘equipo’ con el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri”, escribió Boudou un día antes de que Fernández lo anunciara.

“A trazo grueso la idea propuesta es convertir lo que queda de Vicentin en una empresa pública, es decir que en algún sentido la estructura pase a ser “de todos los argentinos” a cambio de la deuda que la empresa tiene con el Banco Nación (es decir con todos los argentinos)”, agregó.

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“No es menor es la situación de lxs 4.000 trabajadorxs cuyas actividades es indispensable preservar. Lo cierto es que la empresa Vicentin entró en cesación de pagos a fines del año pasado, su principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina”, se lee en otra parte.

“¡El 80% de su deuda es con el BNA! Enseñan en los cursos de finanzas ortodoxas que las empresas tienen dos tipos de ‘dueños’, los que cobran en forma ‘residual’ (los accionistas) y los que tienen un derecho ‘duro’ cuyo cobro antecede a los propietarios (los acreedores)”, explica el exfuncionario kirchnerista.

Quiebra

En otra parte de la nota, Boudou advierte sobre la propiedad de la empresa y el rol de la Justicia en un concurso de acreedores, dejando en claro el riesgo de avanzar desde el Ejecutivo.

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“Por lo tanto ¿de quién debería ser a esta altura Vicentin? Por supuesto que una cosa es la teoría financiera y otra los marcos legales, y aquí hoy opera la ley de quiebras y por lo tanto existe en curso un concurso de acreedores”, advierte.

Y luego, dice: “Si el sector privado se apropia de la empresa dentro del concurso de acreedores volverá a ser un hecho de acumulación por desposesión, ya que algún gran jugador del ‘mercado’ será el que vendrá por la firma en un esquema de pérdida de valor de los acreedores”.

“No hay que olvidar que el 80% de su deuda es con BNA que sería el gran perjudicado. Entonces el Estado perderá por segunda vez. Esto no solo causará un perjuicio en la misma operación de ‘compra’, tendrá también graves consecuencias dinámicas ya que consolidará posiciones dominantes en una actividad de por si oligopólica”, explica.

Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por el Tribunal Oral Federal 4, quien lo encontró culpable de haber cometido los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el proceso de compra fraudulenta de la fábrica de hacer dinero llamada Ciccone Calcográfica.