Soberanía alimentaria y rescate. Esos fueron los dos conceptos que eligió Alberto Fernández para anunciar y justificar la intervención por decreto del Grupo Vicentín, una de las principales empresas procesadoras y exportadoras de granos y derivados de la Argentina, y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiarla. La decisión, que fue urdida en plena pandemia, tiene un impacto económico y otro muy político.

Es que esta corporación alimentaria, de origen santafesino pero con negocios y sedes en el país y en el exterior, está en situación concursal desde hace cuatro meses por no poder pagar deudas por 350 millones de dólares, y su principal acreedor financiero es el Banco Nación.

El presidente Fernández realizó el anuncio ayer en la Quinta de Olivos, en una conferencia de prensa en la que planteó el objetivo de su decisión. “Le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”, dijo.

Y señaló, asimismo, que el país está “dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, porque “un mundo pospandemia va a poner a los alimentos en el centro de la discusión”. El jefe del Estado apareció escoltado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, a quien definió como “una amiga”, y por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

A ambos les atribuyó la idea de declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación a la empresa, con un proyecto de ley que será discutido en el Congreso, mientras la compañía permanece intervenida por DNU.

Está por verse si juntan los votos para cumplir el objetivo parlamentario: Juntos por el Cambio ya salió a cuestionar la decisión por considerar que es el anticipo de una nueva Junta Nacional de Granos.

“Es un placer haber colaborado con usted, Presidente, y todo su equipo”, afirmó la senadora de La Cámpora, una dirigente de extrema confianza de la vicepresidenta, Cristina Fernández.

El proyecto establece “la expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado nacional se haga cargo de todos los activos del grupo”, que “serán parte de un fondo fiduciario” cuya administración le será encomendada a la empresa YPF Agro, según afirmó Fernández. Junto al Presidente, Fernández Sagasti y Kulfas, también estuvo Gabriel Delgado, designado interventor de Vicentín; un economista que trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y es experto en finanzas y en economía agropecuaria.

El Presidente resaltó que los trabajadores de Vicentín deben tener “la tranquilidad” de que continuarán en sus trabajos y que los “2.600 productores” vinculados a la compañía seguirán “contando con una empresa a quien venderle”.

Y sostuvo que su gobierno está buscando “que una empresa líder de capitales mixtos en la Argentina, que tiene un enorme reconocimiento en su gerenciamiento, pueda seguir haciéndose cargo de la gestión futura”.

Los créditos del Nación

Durante la gestión de Mauricio Macri, el Banco Nación, entidad financiera pública, le prestó al Grupo 18.500 millones de pesos. El expresidente de esa entidad Javier González Fraga, un economista del radicalismo, fue imputado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien pidió que se lo investigue en una causa penal abierta, al igual que a directivos de Vicentín, por las supuestas irregularidades en el otorgamiento de esos créditos.

Vicentín, a su vez, fue el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, con $ 13,5 millones. Es decir que la empresa, ahora en default, le pidió préstamos multimillonarios al gobierno de Macri, del que después fue su principal benefactor electoral.

Quien salió con vehemencia a cuestionar la decisión fue Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agroindustria de Macri, quien calificó a la medida de “aventura empresarial”, porque “van a intervenir y/o expropiar una empresa, con dinero de todos los argentinos” y sostuvo que “la empresa está en concurso” y que, por lo tanto, se debería esperar la consumación de ese proceso antes de intervenirla o expropiarla.

En tanto, el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica salieron a cuestionar con firmeza la medida. “Es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y al Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario”, dijo Juntos por el Cambio en un documento.

Fuertes dudas en el agro cordobés

El sector agropecuario cordobés recibió con fuertes dudas el anuncio de la intervención del Grupo Vicentín y cuestionó que el presidente Alberto Fernández haya puesto en tela de juicio la transparencia del mercado granario.

A tono con expresiones de dirigentes de otras jurisdicciones, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano, advirtió sobre el riesgo de que se “termine tergiversando el mercado, más que transparentarlo”.

“Las expropiaciones nunca tuvieron buen resultado en la Argentina y terminamos siendo socios en las pérdidas cuando una empresa no anda”, resaltó el dirigente.

Magliano dudó sobre el argumento de que la intervención, con intenciones de una estatización total a través de una ley del Congreso de la Nación, tenga como objetivo pagarles la deuda a los pequeños productores.

“Entiendo que algunos ya vienen cobrando”, deslizó, y advirtió que el proceso puede terminar costándole más caro al propio Estado a través de eventuales juicios de los propietarios de Vicentín y de capitales chinos asociados.

Para el ruralista, preocupa que Fernández hable de conformar una empresa testigo. “El mercado de granos es lo suficientemente transparente como para necesitar un testigo. Lo llevan perfectamente las distintas bolsas (de cereales) del país que operan con volumen y con suficiente cantidad de actores”, resaltó.

En ese sentido, Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, reconoció tener “más dudas que certezas” con el anuncio presidencial.

“El Estado interviene en una empresa que hoy está en una situación regular, más allá de que se haya presentado en concurso. Está verificando sus deudas y todavía ni siquiera se ha realizado una propuesta de pago” como para caer en esta decisión.

¿Y si pierde más dinero?

El directivo se preguntó “qué pasará si la empresa pierde plata y encima por su intervención en el mercado ha eliminado a sus competidores”, evaluó.

Calificó como una decisión “política” intervenir a Vicentín. “Me preocupa que termine como las típicas empresas del Estado, llenas de burocracia y con reglas no competitivas”.

Martínez sembró dudas, asimismo, sobre el argumento de la “soberanía alimentaria” sostenido por Fernández. “El mercado agroalimentario es mucho más grande de lo que es Vicentín y está claro que el sector productivo no es el problema. La incidencia del trigo en el precio del pan es del siete al nueve por ciento del costo que paga el consumidor”, recordó.

En tanto, fuentes del sector aceitero no dudaron de que con la decisión gubernamental “van a intervenir en la comercialización de granos y esta intervención seguramente afectará los precios que se paguen a productores”, señaló.

En la provincia adeuda casi $ 5.200 millones

En todo el país, hay $ 25.656 millones en juego.

El grueso de las deudas de Vicentín con Córdoba es por compra de granos: 5.163,6 millones de pesos, y 509 proveedores. De esta manera, productores, acopios y cooperativas del interior son los principales damnificados en la provincia por haberle enviado soja, maíz y trigo a la compañía santafesina que después esta no abonó en tiempo y forma. El total que quedó debiendo Vicentín a nivel nacional sólo por compra de granos es de 25.656,9 millones de pesos; es decir, que Córdoba representa un 20% de esa cifra. Una sola firma de Monte Maíz concentra el 10% de las acreencias de la provincia.