“Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra Venezuela; ya basta de intervencionismo colonialista, de supremacismo y de racismo”. Con esa frase, Nicolás Maduro dio un golpe sobre la mesa en el peor momento de las relaciones entre su país y la Unión Europea.

Horas antes, en respuesta a sanciones económicas y diplomáticas a 11 funcionarios venezolanos, el régimen chavista le había dado 72 horas de plazo para abandonar el país a la embajadora de la UE, Isabel Brilhante.

“¿Qué poder se arrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? Ya basta. Por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la UE en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la UE?”, exclamó.

El bloque europeo solicitó a Maduro revocar su decisión y advirtió que esta acarreará “un mayor aislamiento internacional” al país caribeño.

“La UE condena firmemente esta decisión y lamenta profundamente el mayor aislamiento internacional que resultará. Pedimos que se revoque esta decisión”, señaló el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado.

“La profunda crisis política y socioeconómica que Venezuela está experimentando actualmente sólo puede abordarse a través de una solución pacífica y negociada entre los venezolanos”, agregó.

El alto representante añadió que “esta solución debe basarse en elecciones creíbles, en el reconocimiento y en el respeto del papel y en la independencia de todas las instituciones elegidas democráticamente, en particular la Asamblea Nacional, la liberación de todos los presos políticos, la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

“La UE reafirma sus compromisos de apoyar al pueblo venezolano, de contribuir a resolver la crisis política y de aliviar el sufrimiento de la población a través de su asistencia humanitaria”, concluyó.

La UE justificó que los nuevos sancionados “son responsables en particular de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, incluso despojando la inmunidad parlamentaria de varios de sus miembros, entre ellos su presidente, Juan Guaidó”.

El organismo los responsabilizó además de “iniciar enjuiciamientos por motivos políticos y crear obstáculos para una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como graves violaciones de derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y de expresión”.

Entre los nuevos sancionados figuran Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, respectivamente presidente y vices de la AN, escogidos por una minoría oficialista en enero pasado y reconocidos por el Tribunal Supremo de Justicia en mayo.

También Tania Díaz y Gladys Requena, vicepresidentas de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada exclusivamente por chavistas; el segundo vicepresidente del TSJ, Juan José Mendoza; el contralor general, Elvis Amoroso, y el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), general Jorge Márquez.

Completan la nómina el secretario del Consejo de Defensa Nacional, general José Ornelas, y Farik Mora y Dinorah Bustamante, fiscales especiales con oficinas dentro de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), unidad señalada por la oposición y por organismos internacionales de detenciones ilegales.

Aumento en suicidios: Estadísticas

Según un informe, subieron un 153 % entre 2015 y 2018.

Los suicidios se incrementaron en Venezuela en medio del aumento de la pobreza, de la inflación y del hambre del último quinquenio, según un informe técnico del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que contabilizó 94 nuevos casos en lo que va de año. El total de suicidios aumentó en un 153 % entre 2015 y 2018, explicó el investigador Gustavo Páez, quien mencionó, como causas relacionadas con estos hechos, el “agravamiento de la crisis”, caracterizado por el crecimiento de la población que vive en la miseria.