Un instructor de paracaidismo fue imputado por el delito de homicidio culposo en la causa que investiga la muerte de una mujer que se arrojó desde una avioneta en la ciudad balnearia de Miramar.

El juez de Garantías Juan Tapia avaló los cargos formulados por la Fiscalía N°11 durante la mañana de este martes contra el hombre de 56 años, cuyo nombre no trascendió, de acuerdo a la información del portal del diario La Capital.

Efectivos de la DDI Mar del Plata y de la Sub DDI Miramar allanaron el domicilio del implicado ubicado en la calle Dellepiane de Mar del Plata, al tiempo que se llevó a cabo otro procedimiento en un Citroën C4.

Las autoridades incautaron cámaras de video, 11 paracaídas, una computadora, memorias externas y sellos con la identidad del trabajador “Delegado deportivo zonal” e “Instructor de paracaidismo”.

La damnificada habría modificada su kit de paracaídas antes de saltar de la aeronave, señalaron algunos testigos, y el fiscal solicitó el análisis de las cámaras de seguridad para aclarar las circunstancias del hecho.

El cuerpo fue encontrado a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 77 luego de un rastrillaje realizado en el predio del aeroclub.

Back era licenciada en Acompañamiento Terapéutico y había nacido en Misiones, pero hace tiempo vivía en Mar del Plata.

Una mujer fue acusada en Río Negro por recibir una transferencia millonaria por error y no querer devolverla a pesar de los reiterados pedidos del damnificado. Se constató que recibió más de $7 millones en concepto de cuota alimentaria.

En la audiencia realizada en los tribunales de Cipolletti, la mujer fue acusada por el delito de retención indebida, en calidad de autora, luego de que el 23 de abril del 2025 haya recibido por parte de la representante legal de una empresa de servicios de ingeniería una transferencia por un monto erróneo.

Según se supo, dicha representante “debía transferir a la cuenta del Banco Patagonia de la imputada la suma de $73.567 en concepto de cuota alimentaria que se descuenta por recibo al empleado”.

“Por un error involuntario transfirió la suma de $7.356.734. Al advertir el error de manera inmediata se intentó revertir la situación sin resultados positivos”, se relató desde la Fiscalía.

Pese a varios intentos, no se logró que la imputada devuelva el excedente, motivo por el cual desde la empresa se le envió una carta documento con fecha de recepción el 5 de agosto de 2025: “En la misma se la intimaba bajo apercibimiento de realizar la denuncia por retención indebida a que en un plazo perentorio de 48 horas devuelva la suma de dinero sobrante”.

Sin embargo, la imputada no cumplió con la intimación ni restituyó el dinero, “manteniéndolo en su poder y disponiéndolo como propio”.

“El dinero fue transferido de manera legítima, pero bajo un título que generaba la obligación de devolución, configurando así la conducta típica prevista en el artículo 173 inciso 2° del Código Penal, en tanto se apropió indebidamente de dinero perteneciente a la empresa en perjuicio patrimonial de esta”, resaltaron.

La querella, en representación de la empresa, “adhirió a la descripción de los hechos y la calificación legal al igual que la defensora pública que asiste de manera técnica a la imputada”

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y le brindó la posibilidad de expresarse a la imputada, quien dijo haber entendido de qué se trataba la imputación y refirió tener la intención de devolver el dinero, pero que no cuenta con la totalidad de la suma.