El cadáver de un hombre fue hallado en la tarde del viernes dentro de una bolsa en un descampado en la provincia de Catamarca y los investigadores intentaban determinar si se trata de Luis Espinoza, el hombre que permanecía desaparecido desde hace una semana tras un operativo policial en Tucumán.

Fuentes de la investigación aseguraron que el cuerpo se hallaba dentro de bolsas negras y blancas en un precipicio de 150 metros y los pesquisas están convencidos que Espinoza fue atacado y asesinado por policías y el cadáver fue arrojado en ese lugar, a unos 200 metros del límite con Tucumán.

La fiscal Mónica García de Targa, titular de la Fiscalía de Instrucción I del Centro Judicial de Monteros, confirmó que equipos de la unidad investigativa y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) rescataron un cuerpo cerca de la localidad tucumana de Alpachiri, a unos 200 metros dentro del territorio catamarqueño, y que todas evidencias indican que se trata de Espinoza (31).

Por el caso, ya fueron detenidas diez personas, entre ellas ocho policías de Tucumán, dos de los cuales se cree que fueron quienes aportaron los datos para lograr el hallazgo del cuerpo.

Las autoridades judiciales y tucumanas enviaron un exhorto a sus pares de Catamarca para que el cuerpo pueda ser trasladado a Tucumán, donde debe hacerse el reconocimiento por parte de familiares y posterior autopsia para determinar las causas de la muerte.

Si bien hasta que se cumpla con este trámite no se puede confirmar la identidad del fallecido, fuentes judiciales adelantaron que todos los indicios apuntan a que se trata de Espinoza, un vecino de la localidad de Melcho, departamento de Simoca.

El jefe del ECIF, Eugenio Agüero Gamboa, y el personal a su cargo llegaron hasta el puesto caminero El Clavillo, para notificar a la policía catamarqueña del hallazgo y también a la Justicia de esa provincia para iniciar el proceso para el traslado del cuerpo a Tucumán.

“Por el tipo de hecho y el involucramiento de efectivos de la fuerza de seguridad pedí la participación exclusiva del ECIF para las inspecciones, reconocimientos, registros y trabajos de inteligencias que se hicieron para esclarecer este hecho”, comentó la fiscal García de Targa.

La funcionaria indicó que “los agentes policiales tenían sólo la función de acompañar, para dar seguridad a los funcionarios”.

El hecho comenzó el pasado viernes por la tarde, cuando el trabajador rural, de 31 años y padre de seis hijos, se dirigía en caballo hacia la casa de su madre, en la localidad de Melcho, junto con su hermano Juan Antonio Espinoza.

En el trayecto pasaron por un predio donde se desarrollaba un festival de carreras cuadreras, pese a que estaba prohibida por el período de cuarentena y se detuvieron a observar. Pero minutos después llegó al lugar el personal policial y se generó un desbande, dijeron los investigadores.

Según su hermano, Espinoza fue tirado del caballo y golpeado por los policías, que lo trasladaron por la fuerza a un descampado y desde ese momento no se tuvieron noticias de él.

Los policías negaron esa versión y señalaron que fueron atacados por los asistentes a la cuadrera cuando ellos llegaron para exigir la suspensión de las carreras, ya que estaban violando el aislamiento obligatorio.

García de Tarda se hizo cargo de la investigación y ordenó un allanamiento en la comisaría de Monteagudo, donde los peritos del ECIF buscaron rastros de sangre con reactivos químicos y con la ayuda de perros rastreadores.

La hipótesis que sostiene la Justicia es que Espinoza pudo haber sido trasladado a esa sede policial antes de su desaparición.

Por el caso, se encuentran detenidos el comisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas; los cabos José Paz Claudio Zelaya y Miriam González; y el agente Esteban Rojas González.

También fue detenido el vigía comunal Sergio Santillán, que realizaba tareas de vigilancia aunque es personal civil, detallaron los informantes, quienes confirmaron que en las últimas horas fue detenida otra persona, de la cual no se suministró su identidad.

Tras las indagatorias de los acusados, el juez de la causa, Mario Velázquez, ordenó el traslado de los policías a la cárcel de Villa Urquiza, a excepción de la mujer uniformada.