Buenos Aires, 1 febrero (NA) – En medio del escándalo por presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el empresario teatral Javier Faroni mantiene su postura de que su empresa, TourProdEnter LLC, actuó exclusivamente como agente comercial siguiendo directivas de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, fuentes judiciales revelaron que, durante allanamientos recientes, se hallaron contratos firmados por la cúpula de la AFA y la Justicia investiga desvíos de al menos 42 millones de dólares a firmas consideradas fantasmas. Faroni, quien se presentó voluntariamente ante el juez Luis Armella el 16 de enero, negó irregularidades y enfatizó que su rol se limitó a ejecutar instrucciones contractuales, sin poder de decisión propio.
La investigación, que abarca múltiples causas por manejo irregular de fondos, puso el foco en TourProdEnter, la firma con sede en Miami que gestionó alrededor de 260 millones de dólares en derechos de imagen y contratos internacionales de la Selección Argentina desde 2021.
Según documentos secuestrados en la sede de la AFA en Viamonte, el contrato otorgaba a la empresa de Faroni una comisión del 30% sobre cobros y pagos, un acuerdo avalado directamente por Tapia y Toviggino.
El empresario, a través de su abogado Maximiliano Rusconi, argumenta que esta estructura era legal y eficiente, evitando repatriaciones forzadas en medio de controles cambiarios en Argentina, y que cualquier transferencia se realizó bajo supervisión de la AFA.
Recientes hallazgos judiciales intensificaron el caso: en un allanamiento a fines de diciembre, se encontraron documentos de Real Central SRL, propietaria de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a Toviggino, entre papeles de la AFA. Esto conecta indirectamente con transferencias desde TourProdEnter, como US$483.604 a SOMA SRL (ligada a la familia de Toviggino) y pagos a empresas ecuestres asociadas al tesorero.
Faroni insiste en que estos movimientos fueron autorizados por la AFA, y su defensa califica las acusaciones como una “operación política” para desestabilizar la gestión actual.
El juez Armella, a cargo de la causa principal, ordenó pericias sobre dispositivos secuestrados y solicitó información bancaria desde Estados Unidos. Fuentes cercanas al expediente indican que se analizan transferencias por más de 40 millones de dólares a sociedades como Soagu Services LLC y Marmasch LLC, disueltas recientemente. Además, una conexión paraguaya surgió con empresas como Paraguay Logistic Services S.A., que recibió fondos vinculados a Faroni, ampliando el alcance internacional de la pesquisa.
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