Una jueza de Nueva York accedió el miércoles a que se retiren los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesan sobre el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México, en una decisión inusual tomada después de que el gobierno mexicano hiciera amenazas veladas de cortar la cooperación con Estados Unidos.

Dos funcionarios, uno mexicano y otro estadounidense, dijeron que el gobierno de México amenazó con expulsar al director regional de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) y a agentes a menos que Estados Unidos abandonara el caso. Dijeron que eso fue parte de la negociación pero que no darían más detalles.

Los funcionarios pidieron guardar el anonimato porque no están autorizados a hablar sobre el caso.

La decisión de la jueza Carol Amon, de la corte del distrito este de Nueva York, abrió el camino para que Cienfuegos fuera devuelto a su país y enfrente un proceso legal allí. Amon aprobó la petición de la fiscalía de retirar los cargos y dijo que Cienfuegos dejaría entonces “de forma expedita” Estados Unidos para dirigirse a México acompañado por alguaciles estadounidenses.

Fisicales de Estados Unidos avisaron por carta a la jueza Amon el miércoles por la noche que los alguaciles “habían transportado” a Cienfuegos a México “de forma exitosa”. La carta está disponible en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses.

El martes, en una decisión inédita, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que pediría que se retiraran los cargos contra el general. El gobierno mexicano lo elogió y dijo que el arresto de Cienfuegos el mes pasado lo había tomado por sorpresa y que Washington no había compartido información sobre la acusación contra él.

Durante la audiencia del miércoles, la jueza le preguntó al fiscal Seth DuCharme si el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, era quien quería el retiro de los cargos, a lo que DuCharme respondió que sí. DuCharme dijo que la decisión responde a un “equilibrio de intereses” y que el gobierno estadounidense cree que la medida es beneficiosa para la relación bilateral de ambos países.

Amon admitió que la petición de la fiscalía no es muy común, pero dijo que la ley dice que debería aprobarse a menos que sea contraria al beneficio del interés público. La jueza agregó que son “cargos muy serios contra alguien muy importante”, pero señaló que no tiene “motivos para dudar de la sinceridad de la posición del gobierno”.

El secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard dijo el miércoles que él le había dicho a Barr que Estados Unidos tenía que escoger entre juzgar a Cienfuegos o continuar la cooperación con México.

Ebrard explicó que no amenazó con “ninguna acción específica”, pero dijo que imaginaba que a Barr eso “le preocupó”. El canciller también dijo que llamó al embajador estadounidense en México, Christopher Landau, para expresarle el enfado de México.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que la fiscalía en México decidirá si el general será encarcelado una vez que llegue, pero debido a que no existen cargos contra él en México, es posible que quede libre, agregó.

“No significa impunidad, significa que se inicie una investigación, que ya comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba”, indicó.

Cienfuegos fue acusado de participar en una red internacional de tráfico de drogas. Los fiscales aseguraron que ayudó al cártel H-2 a traficar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana mientras se desempeñaba como secretario de la Defensa entre 2012 y 2018.

Según los fiscales, mensajes interceptados demostraban que Cienfuegos realizó gestiones para garantizar que el ejército no emprendiera acciones contra ese cártel y que se lanzaran operativos contra grupos rivales a cambio de sobornos.

No es común que un acusado prominente en Estados Unidos sea arrestado y después se desestimen los cargos en su contra en tan poco tiempo por motivos diplomáticos. Cienfuegos se declaró inocente desde su arresto el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles.

Cienfuegos, que dirigió la Secretaría de la Defensa bajo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, es el exfuncionario mexicano de mayor rango arrestado en Estados Unidos desde que el país detuvo en 2019 a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

Ebrard dijo que tras su arresto se abrió una indagatoria y desde el 6 de noviembre la Fiscalía General tiene toda la documentación de la pesquisa estadounidense, pero los analistas en México dudan que Cienfuegos enfrente cargos en su país.

“Eso no va a suceder, lo sabemos todos. Regresará a México y quedará libre, porque esa es la garantía que ha dado el presidente López Obrador al ejército,” escribió el columnista Carlos Loret de Mola en el diario El Universal.

Durante la audiencia del miércoles, Amon le hizo varias preguntas a Cienfuegos para asegurarse de que éste entendía el acuerdo entre Estados Unidos y México. Él repitió varias veces que sí. Amon le recordó que bajo el acuerdo no podría negarse a su envío a México ni pedir asilo en Estados Unidos. Él dijo entender.

El fiscal DuCharme dijo durante la audiencia que “el gran interés en mantener una relación cooperativa” con México supera al interés de la fiscalía en llevar a cabo la acusación formal contra Cienfuegos. Estados Unidos ha dicho que espera que México lo investigue y lleve a cabo su propio proceso judicial.

En documentos presentados ante la corte el mes pasado, los fiscales estadounidenses afirmaron que existía un elevado riesgo de que Cienfuegos se diera a la fuga y que utilizara “sus conexiones” con miembros del cártel H-2 y con otros exfuncionarios de alto nivel “para que lo ayudaran a eludir las leyes de Estados Unidos y protegerlo en México”. En el país del norte enfrentaba una sentencia mínima de 10 años en una cárcel federal.

El Ejército mexicano ha sido acusado de frecuentes violaciones a los derechos humanos. Uno de los mayores escándalos en la época de Cienfuegos fue una masacre ocurrida en junio de 2014, cuando militares mataron a 22 sospechosos en una bodega en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México, y posteriormente se demostró que al menos ocho de ellos habían sido ejecutados después de rendirse.

Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en la comunidad mexicana de Ayotzinapa en 2014, protestó el miércoles frente a la corte de Brooklyn. Los estudiantes fueron secuestrados por policías locales en el estado de Guerrero, y supuestamente fueron entregados después a una pandilla. Tizapa, que iba acompañado de otros activistas, dijo que Cienfuegos está involucrado en crímenes contra la humanidad en México y que obstruyó la verdad en el caso de los 43.

“Sabemos que en México a la justicia la tienen secuestrada, a nuestras leyes secuestradas y violadas, una y otra vez”, dijo el padre de Jorge Antonio Tizapa. “El señor Cienfuegos seguramente saldrá libre en México. No se vale jugar así con el pueblo. Ahora queda demostrado el nivel de corrupción”.

El Partido Revolucionario Institucional de México (PRI) había pedido previamente que el gobierno de México pagara las facturas legales de Cienfuegos, y el martes celebró la decisión de la desestimación de cargos. El líder del partido, Alejandro Moreno, escribió en su cuenta de Twitter que el PRI “apoyó decididamente al General Salvador Cienfuegos… Todos debemos de congratularnos y apoyar siempre a nuestras Fuerzas Armadas”.

*Claudia Torrens y Mark Stevenson

Los periodistas de The Associated Press Larry Neumeister, en Nueva York, y Joshua Goodman, en Miami, contribuyeron con esta nota.