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La Justicia recomendó liberar presos por la pandemia
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La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional recomendó hoy a los jueces que tienen causas con personas detenidas sin sentencia firme que empiecen a liberarlas en tanto sean consideradas dentro de los grupos de riesgo en la pandemia de coronavirus y mientras esto no genere un riesgo inmediato para la sociedad, con el objetivo de reducir la “sobrepoblación carcelaria” en un momento de crisis sanitaria.
El conocimiento de la inminencia de este fallo fue el que llevó a los presos en la cárcel de Devoto a generar una revuelta en la mañana de este viernes, después de que trascendiera que uno de los agentes del Servicio Penitenciario Federal que allí se desempeña estaría infectado por coronavirus.
En una acordada fechada el 23 de abril y comunicada en la mañana de este viernes, la Cámara dispuso “recomendar a los magistrados del fuero criminal y correccional de la Capital Federal que extremen los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria”.
Datos del Servicio Penitenciario Federal, actualizados al 23 de abril, indican que la población alojada en las 33 cárceles federales es de 12.743 personas, por lo que el sistema está cargado en un 100,39%. Del total, hay 11.962 hombres (93,87%) y 751 mujeres (5,89%). El 82% del total son de nacionalidad argentina.
De toda la población carcelaria, 6.851 personas (53,76%) están detenidas en calidad de procesadas y 5.889 (46,21%) están como condenadas. El 0,02% restante son tres personas consideradas como “inimputables”.
La población carcelaria ha caído un 10,6% (1.508 personas) entre octubre de 2019 y este mes. Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación indica que al 30 de septiembre del año pasado había detenidas en los penales federales unas 14.251 personas. En ese momento, la sobre población carcelaria era del 16%.
Qué dice la acordada
Así, los primeros en ser liberados deberían ser los detenidos mayores de 60, las embarazadas y las personas que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares y las que tienen afecciones como diabetes, entre otras patologías crónicas.
Para tomar la decisión, la Cámara tuvo en cuenta que hay un incremento en el riesgo generado por la relación entre sobrepoblación carcelaria y la pandemia. Por ello, recomendó “reducir la población en las cárceles a fin de tender, correlativamente, a la reducción del foco de infección probable respecto de personas que se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad y de las que el Estado es garante”.
Para disminuir la población carcelaria se recomienda adoptar medidas alternativas a la prisión o de morigeración de la prisión preventiva, con o sin monitoreo mediante un dispositivo electrónico.
Si bien se hace especial hincapié en los grupos de riesgo, las recomendaciones abarcan a todas las personas privadas de libertad toda vez que el índice de reducción repercute directamente en la logística destinada a proveer cuidados sanitarios, alimentación e higiene a aquéllos que deberán permanecer en situación de encierro.
La acordada salió por unanimidad, por lo que lleva la firma del presidente Daniel Morin y del resto de sus integrantes, entre los que se encuentran Patricia Llerena, Gustavo Bruzzonc, Horacio Días, Eugenio Sarrabayrouse, Jorge Luis Rimondi, Pablo Jantus, Mario Magariños y Alberto Huarte Petite.
Para estos jueces, la situación de detenciones sin sentencia firme “resulta más delicada en la circunstancia actual ya que la sobrepoblación existente favorecería la propagación del virus dentro de las cárceles”.
Morin ordenó comunicado la decisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la totalidad de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Tribunales Orales de Menores y Juzgados Nacionales de Ejecución Penal, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y a la Procuración General de la Nación.
También fueron informados la Defensoría General de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Procuración Penitenciaria nacional, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Justamente, la acordada de la Cámara se conoció después de una reunión de la que participó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo. Fue una videoconferencia desarrollada el jueves para analizar la situación y el impacto de las medidas que impone la cuarentena en el sistema penitenciario federal.
En la reunión estuvieron presentes la presidenta de la Cámara Federal Penal de Casación, Ángela Ledesma, Stella Maris Martínez; y miembros de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y del CELS.
Desde el CNPT aseguraron que la acordada se hizo eco de las recomendaciones emitidas por este Comité y otros organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, en especial de las personas privadas de la libertad. Por ello, reiteraron su llamado a los tribunales y autoridades competentes a “reducir la sobrepoblación en unidades penitenciarias, promoviendo medidas alternativas a la prisión”.
Antecedentes recientes
Fuentes judiciales indicaron a este medio que el 8 de abril el Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, le pidió Ledesma que tomara “medidas pertinentes” ante la emergencia sanitaria y penitenciaria con el objetivo de salvaguardar a las personas privadas de libertad y trabajadores del Servicio Penitenciario Federal.
Ante ese pedido, cinco días después, el 13 de abril, la Cámara resolvió responder a través de una acordada en la cual se instó a los tribunales de la jurisdicción a que adopten medidas alternativas al encierro tales como prisión domiciliaria con el correspondiente monitoreo respecto de:
a) Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos en la Ley 24.390, en relación a los hechos imputados y tomando en cuenta las características de cada proceso;
b) Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta;
c) Personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión;
d) Personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos;
e) Mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas;
f) Personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del Covid-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados.
Esa acordada fue firmada por Ledesma y los jueces Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Eduardo Riggi (en disidencia), Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci (en disidencia) y Javier Carbajo.


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“Macri le viene faltando el respeto al radicalismo”

El diputado nacional de la UCR Emiliano Yacobitti advirtió este domingo que Mauricio Macri “hace rato le viene faltando el respeto al radicalismo”, luego de las críticas que el expresidente lanzó al bloque Evolución por su participación en la media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias.
La semana pasada, durante una visita a Córdoba, Macri apuntó contra los cuatro diputados del bloque Evolución –espacio del senador radical Martín Lousteau– que se sentaron en la Cámara de Diputados al inicio de la sesión en la que se dio media sanción a la eliminación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, Sergio Massa.
“El populismo es muy contagioso”, dijo Macri consultado por el accionar de esos cuatro legisladores. La frase generó malestar dentro de la UCR.
“Macri hace rato le viene faltando el respeto al radicalismo”, dijo Yacobitti este domingo en la Futurock, donde remarcó que dentro de la coalición política las cosas funcionan “sólo si se respetan las reglas”.
Respecto a las acusaciones del exmandatario por el apoyo de un sector de la UCR a la eliminación del impuesto a las ganancias, el diputado recordó que cuando Macri perdió en las elecciones PASO de 2019 tomó medidas “similares” a las que está tomando Massa.
En otro tramo de la entrevista, Yacobitti también deslizó algunas críticas al spot de la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, en el que propuso crear una nueva cárcel que llevaría el nombre de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Creo que el spot de Patricia Bullrich es una táctica electoral, pero no me gusta. No me parece bueno como plataforma electoral”, expresó.
Pese a los cuestionamientos, Yacobitti remarcó que Juntos por el Cambio como coalición seguirá existiendo, aunque les recordó a sus socios que el lugar que ocupe el radicalismo deberá ser más importante.
“Del 2015 hacia ahora, el radicalismo es un partido que pasó de tener una provincia a cinco. En los distritos en los que no gana, tiene candidatos para hacerlo”, explicó el diputado de la UCR, un partido que, concluyó, tiene “arraigo nacional” y “ofrece buenas renovaciones al mundo de la política”.
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El voto a Milei se debate en las fábricas

“La bronca, la entiendo. Ir en contra de nosotros mismos, no”. Son las 10 de la mañana del viernes y Daniel Rosato está reunido con las y los trabajadores de las empresas que llevan su apellido, una papelera y una metalúrgica. También fueron invitados integrantes de la cooperativa Hormigas Podadoras, que hace tareas de desmalezamiento en el predio del Parque Industrial Plátanos, de Berazategui. Alrededor de ellos hay grandes máquinas que fraccionan y empaquetan rollos de papel tissue, pilas de paquetes de servilletas de cocina y papel higiénico, plásticos con las marcas Family y Calipso, una extensa línea de producción dividida en diferentes sectores. Pero ahora las máquinas están calladas y sus operarios forman una ronda y escuchan, serios. Es la segunda vez que el dueño de esta pyme los reúne para hablar de algo que tiene mucho que ver con su trabajo y con la vida cotidiana de la que ahora hablan: de política.
La primera vez fue un par semanas atrás y la publicación de lo que allí se charló en la columna de David Cufré en este diario causó revuelo entre sus protagonistas. Leyeron la nota y después también lo vieron en la tele, lo escucharon en la radio, les llegaron videos virales de las redes. Se puso la lupa aquí, pero lo narrado tenía valor porque podría trasladarse a tantos otros espacios similares: Rosato decía que la mayoría de los trabajadores de su fábrica había votado a Milei en las PASO: “diría que bastante más del 50 por ciento”, precisaba el empresario pyme. Contaba que se había acercado a ellos para preguntarles qué pensaban y cómo estaban. Que lo que había escuchado podía resumirse en un par de ideas: enojo, hartazgo, necesidad de cambio radical.
Ahora algunos operarios levantan la mano para decir que sí, están enojados y hartos y quieren cambiar todo, pero que ellos no dijeron que eso necesariamente se traducía en un voto a Milei, porque aquí no se habla de candidatos, más bien de ideas y vivencias. En cambio otros admiten que sí, votaron a Milei porque lo que viven los enoja y los cansa y les parece injusto: trabajar y que no te alcance. Lo insostenible de este tiempo, el gran reclamo de época.
Tony admite que votó a Milei “enojado” en las PASO. Foto Enrique García Medina
El voto milanesa
Una cosa se acuerda sobre todo Tony del día en que fue a votar: el kilo de milanesas a 3200 pesos. “Que ya subió más”, aclara este técnico metalúrgico que trabaja en la fábrica de 6 a 15 y completa su salario dando clases por las tardes en escuelas técnicas. Dice que su señora lo chuzó al volver de hacer las compras: “Ahí los tenés a los que vos defendías, ¡3200, 3200 pesos las milanesas!”.
Tony habla desde un lugar, no de pertenencias políticas sino de clase. Admite que “las clases bajas somos las que más necesitamos del Estado”. Se pone de ejemplo: formoseño nieto de abuela analfabeta que lo mandó a estudiar, “y eso hizo la diferencia, como les digo siempre a mis alumnos”. “De la bronca que tenía fui y lo voté a este loco de mierda, porque cuando está todo tan mal uno un poco piensa en que explote todo y a la mierda, ¿no?”, recuerda y analiza. “La verdad, no pensé que este loco iba a sacar tantos votos, menos que iba a salir primero. No me lo imagino presidente. Si lo pienso en frío sé que si explota todo, los primeros que explotamos somos nosotros, los de abajo”, dice ahora.
Foto Enrique García Medina
Tony cuenta también lo que ve alrededor suyo. Que muchos de sus alumnos séptimo año, de la materia máquinas eléctricas, también votaron a Milei. Que su nieta de 14 le dijo que vio en TikTok que “vamos a poder elegir a qué colegio ir, porque nos van a dar un voucher, y eso es bueno”. Que su madre, jubilada sin haber aportado en su totalidad durante el gobierno de Cristina, también le habla de Milei (“ella mira TN todo el día y ya le comieron la cabeza con ‘la chorra'”, aclara). Que en la metalúrgica hacen trabajos para YPF, y los operarios petroleros –“que están re bien, esos sí están bien”, acota– también le hablan de Milei.
“Vi la nota el otro día y me sentí identificado, realmente estoy enojado por estos cuatro años, y quise votar una alternativa nueva”, les dice a sus compañeros cuando pide la palabra en la ronda. “Yo lo escucho ahora a Daniel y hay algo en lo que tiene razón, en el 2015 también estábamos hartos, y nos votamos en contra”, recuerda. “Leamos las plataformas, estudiemos lo que dice cada candidato, pensemos bien lo que quiere decir dolarización, no votemos en caliente”, les aconseja.
Foto Enrique García Medina
Parque industrial
La metalúrgica y las plantas productora y fraccionadora de la papelera Rosato –hay, además, un centro de reciclado ubicado en otro predio– tienen un plantel de 180 trabajadores y trabajadoras en total. Están ubicados en el Parque Industrial Plátanos, de Berazategui. Inaugurado en marzo de 2004 por Néstor Kirchner, este conglomerado industrial es un símbolo muy concreto y visible, con sus 66 hectáreas y las 54 empresas que allí se radicaron, de un impulso decidido desde el Estado a una política de promoción. El proyecto reindustrializador –un trabajo conjunto entre el Municipio y la Unión Industrial de Berazategui– incluyó estrategias como exenciones impositivas diferenciales según generación de empleo: a mayor cantidad de gente empleada, menos impuestos municipales. El Estado, queda claro, estuvo bien presente para que todo esto exista.
Si se mira con atención, este lugar también exhibe a ese mismo Estado operando en forma inversa, y sus consecuencias: las enormes instalaciones que sorprenden al visitante muestran imponentes formas arquitectónicas fabriles de otra época, sobre las que se fue construyendo lo nuevo. Son los restos de la vieja textil Sniafa, una de las principales productoras de hilados sintéticos de la Argentina desde su inauguración en 1948. Llegó a dar trabajo a más de 2.000 personas, hasta que a inicios de los ’80 cerró sus puertas.
Es casi sintomático que nadie a lo largo de una charla sobre trabajo, política, Estado –al menos, durante la cobertura de esta cronista– haya mencionado la característica diferencial de un lugar como este. Y a la vez es humanamente esperable: se busca avanzar sobre lo logrado, se da por cierto, por ya ganado, por inmutable. Los ciclos históricos de la Argentina y la región están hechos de cuestiones como esta.
Marcos y Martín relatan las dificultades cotidianas. Foto Enrique García Medina
Trabajar y que no alcance
“Te dan el bono, sacan el IVA, y aumenta todo en la misma proporción. Las ideas son buenas, pero si se la van a llevar toda cinco vivos, no sirve”. Los diagnósticos de los trabajadores son concretos, y acaban todos en la misma descripción: “La plata no alcanza”. “Trabajás y no te alcanza”. “Llega la quincena, cobrás, y no llegás”. La cuestión ya no es poder ofrecer o no la propia fuerza de trabajo, tener los pies adentro o afuera del plato: es que aún en la mayor de las formalidades laborales, aún con todos los derechos hoy en disputa asegurados, la ecuación no cierra. Un fantasma recorre el nuevo siglo: trabajar y que no alcance.
Marcos y Martín y enumeran el cotidiano en la charla con Página/12: Antes cada invierno había un par de zapatillas, joggin, buzo y campera nuevos para cada hijo, ahora no. Antes se iban de vacaciones, ahora ya no. Viven relativamente cerca, antes venían a trabajar en auto, ahora los números no dan. Llegan aquí diariamente en bici, “y no por deporte”, aclaran. Ellos no dicen a quién votaron ni a quién votarán. Pero sí dicen que están “cansados de ir cada vez de mal en peor, de presidente en presidente, todo igual, todo mal”.
Foto Enrique García Medina
Otro gran tema se recorta unificando los motivos del enojo: “los planes”. “Vos te levantás todos los días a las 5 de la mañana y estos se te ríen en la cara”. “Somos los que sacamos el país adelante y el beneficio se lo llevan otros, no es justo”, es su análisis. ¿No están de acuerdo en la ayuda social del Estado a gente que lo necesita? Sí, pero aseguran que en el barrio ven a “gente que no lo necesita y que pudiendo trabajar, cobran él y la señora”. Que se conocen todos, y que todos saben todo. Que en los barrios Plátanos y Luchetti son conocidos los punteros que “cobran de los planes que reparten porque la gente les tiene que dar de lo que cobran”. Como también admiten que hay otra ayuda social que llega a los comedores y que quienes los manejan “hasta ponen plata de su bolsillo”. Pero los mayores flujos de recursos, aseguran, están mal direccionados.
En su análisis, con esta asistencia el Estado llega a las personas no para equiparar desigualdades sino, por el contrario, como gran generador de injusticias. Es, en la denuncia de su relato, la única intervención estatal que visualizan.
En la Cooperativa Hormigas Podadoras les piden a sus compañeros “memoria”. Foto Enrique García Medina
Verde tesoro
Jesica Palavecino es la presidenta de la cooperativa Hormigas Podadoras, creada en 2013, con 35 integrantes de entre 18 y 65 años. A través de un convenio con el municipio, hacen desmalezamiento en este predio, en vía pública, y también trabajan en obras de urbanización. Toda la estructura laboral de estos trabajadores está mediada y posibilitada por el Estado; sin embargo, cuenta que entre los integrantes de la cooperativa y sus familias hubo quienes votaron al candidato que promete terminar para siempre con el Estado, hacerlo estallar por los aires.
Foto Enrique García Medin
Cómo llegar a estar bien
Además de estar al frente junto a su hermano de la empresa que –cuenta su hija, que también trabaja aquí– “empezó en el patio del abuelo”, Daniel Rosato es presidente de Industriales Pymes Argentinos, y de la Unión Industrial de Berazategui. Dice que en 2015 hubo aquí charlas similares, y que ahora quiere transmitir a su gente básicamente lo mismo: que el libre comercio mata a la industria, que los ejemplos están en la historia. Que se puede estar mejor, pero no destruyendo todo. “Si ustedes ganan bien, van a comprar más papel higiénico, y nos va a ir bien a todos”, les dice con lógica productivista a los empleados de su papelera.
Les cuenta, por último, que llamó tanto a Milei como a su hermana (“el Jefe” lleva la agenda) para invitar al candidato al cuarto Congreso Nacional Industrial del Consenso Nacional para el Trabajo y la Producción, que se hizo en el marco de la primera exposición de parques industriales en la Rural, el 25 de agosto. Que lo volvió a convocar hace poco para un debate. “No fue, ni siquiera contestó. ¿Saben por qué? Porque no tiene nada para decir en una fábrica argentina”, concluye.