NACIONALES
La oposición macrista denunció “violencia institucional” y pidió la renuncia del secretario de DDHH
En el Gobierno nacional siguen con preocupación los últimos hechos de violencia ocurridos en distintas provincias protagonizados por las policías locales.
El video que trascendió el lunes sobre la irrupción a la fuerza de un grupo de policías en la casa de una familia QUOM en el Chaco llevó al presidente Alberto Fernández a pronunciarse sobre el episodio: “Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”, dijo el Presidente.
“Con emitir comunicados de repudio no alcanza para luchar contra la violencia institucional”, replicó Mario Negri, jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio. Desde la oposición macrista se criticó al gobierno apelando al término usado por Fernández: “violencia institucional”.
Y desde el Gobierno nacional se aseguró a este diario que el accionar de las policías provinciales “será tema a discutir la semana que viene en la reunión del Consejo de Seguridad Interior”, la mesa que reúne a la ministra Sabina Frederic con todos los responsables provinciales del área.
“Decimos no a la violencia institucional” fue el título elegido por el PRO para encabezar un comunicado. Allí se mencionan “la aparición sin vida de Florencia Magali Morales y Franco Maranguello en celdas de comisarías de San Luis; la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza en Tucumán; la muerte de Hugo Coronel en Santiago del Estero tras estar detenido en la comisaría décima, más los hechos de brutal avasallamiento y agresión contra una familia de la comunidad QOM en Chaco”.
Desde la UCR, el otro socio grande de Juntos por el Cambio, Negri pidió la remoción de Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
“Cinismo”. Así sintetizan en la Casa Rosada las críticas de Juntos por el Cambio. En el Gobierno nacional hay sensaciones encontradas. Por un lado califican de “cínico” al discurso macrista sobre “violencia institucional”: “es increíble que nos vengan a correr los que impusieron la ‘doctrina Chocobar’, o quisieron encubrir las responsabilidades de las fuerzas de seguridad en las muertes de Santiago Maldonado y Nahuel Sosa; ahora están a la izquierda de Zaffaroni”, dicen desde el oficialismo.
Pero por otro lado, existe malestar: “No puede ser que sigan ocurriendo estos hechos con nosotros en el gobierno”, admiten con tono autocrítico.
Esa incomodidad crece cuando las críticas provienen de personas o sectores no alineados con el exgobierno macrista. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, dijo: “Alberto Fernández tiene que levantar la voz para frenar los abusos de las fuerzas de seguridad, que baje una línea de que no se jode”.
En su página institucional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ONG que fue muy crítica con gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, también aludió al incidente en el pueblo chaqueño de Fontana.
“El primer paso es controlar efectivamente la actuación policial, ya sea desde el ámbito judicial como político. La provincia (por Chaco) arrastra déficits en el funcionamiento de la Fiscalía especializada en derechos humanos, que tiene que desarrollar capacidades reales de investigación, y en el órgano de control institucional de la policía, que debe ser una instancia externa a la policía y rendir cuenta de sus acciones”, se dijo desde el CELS.
El lunes pasado, el ministro del Interior Wado de Pedro mantuvo conversaciones con organismos de derechos humanos. Por su rol institucional, De Pedro también se comunicó con los gobernadores de Tucumán (Juan Manzur) y de Chaco (Jorge Capitanich).
“Les preguntó a los gobernadores qué medidas se habían tomado para investigar los hechos; y expresó que desde el Gobierno nacional no se miraría para otro lado frente a situaciones de violencia desde el Estado”, comentó a este diario un funcionario cercano a Wado de Pedro.
“No es verdad que haya inacción del Gobierno nacional”, dijo a La Voz Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del ministerio que encabeza Sabina Frederic.
“Rápidamente el ministerio envió cartas al gobierno (de Chaco); nos pareció una buena respuesta que la provincia haya pasado a disponibilidad a los policías; el gobierno (de Jorge Capitanich) va a ser querellante en la causa”, dijo el funcionario. Desde el gobierno nacional se pidió “que no sea la propia policía chaqueña la que se autoinvestigue”.
Fuks adelantó que el miércoles próximo, en la reunión del Consejo de Seguridad Interior, el gobierno nacional quiere discutir con los ministros provinciales “un nuevo modelo de policía, donde no se admita la brutalidad”. La oposición de Juntos por el Cambio adelantó que pedirá la comparecencia de la ministra Frederic en el Congreso.
“El Presidente debería relevar del cargo al Secretario de Derechos Humanos por su inacción ante los casos de violencia policial en San Luis, Tucumán y Chaco. Pietragalla se presentó como amicus curie para conseguir la libertad de (Ricardo) Jaime, pero no hace nada ante estos hechos gravísimos. El atropello y la violación de los derechos humanos por parte de fuerzas policiales debe ser condenado activamente”, dijo Negri.
Pietragalla, funcionario cercano a Cristina Fernández, escribió en la red social Twitter que ahora como funcionario “y antes como militante de los DDHH, siempre trabajaré para erradicar los hechos de violencia institucional y acompañaré a las víctimas y a sus familias en el reclamo de justicia”.
