En los pasillos de Tribunales federales de Córdoba no se habla de otra cosa: la modificación que impulsa el Gobierno nacional al régimen jubilatorio de los magistrados, una iniciativa que fija topes remunerativos, aumenta los aportes previsionales y restringe el acceso a pensiones. Y aunque la medida tendría un impacto transversal en toda la estructura judicial, siete magistrados cordobeses analizan con extremo cuidado cuáles serán sus próximos pasos.

Todos ellos tienen otorgadas sendas jubilaciones bajo el actual régimen previsional, el que la Nación busca recortar. Y al menos un octavo magistrado está en condiciones de reclamarlo, por tener más de 60 años y 10 de aportes.

Quienes ya tienen otorgado el beneficio jubilatorio son los jueces de primera instancia Ricardo Bustos Fierro y Alejandro Sánchez Freytes; el vocal del Tribunal Oral Federal N° 1 Jaime Díaz Gavier; los camaristas Luis Rueda e Ignacio Vélez Funes; la fiscal Graciela López, y el fiscal General, Alberto Lozada.

Además, el vocal Carlos Lascano cumple con los requisitos y podría solicitar su jubilación, aunque aún no lo hizo.

Con el beneficio jubilatorio otorgado, los magistrados pueden continuar en su cargo hasta cumplir 75 años. De ellos es la potestad del retiro, según la normativa actual.

En este contexto, la decisión de esos magistrados (y de un número no precisado de funcionarios, como secretarios) pendula entre los deseos de mantenerse en sus cargos y la posibilidad de no acceder a la jubilación con las reglas de juego actuales, notablemente mejores si se las compara con las que surgirán en la futura reforma previsional.

El otro foco de análisis de los magistrados federales en condiciones de jubilarse es político: varios se preguntan si el fin último de la jugada del Gobierno nacional no es, en realidad, liberar sillas para jueces y fiscales afines al nuevo esquema de poder.

Contemplan un movimiento explícito del poder político: Alberto Fernández retiró del Senado 198 pliegos de candidatos a ocupar juzgados y cámaras federales. Se descuenta que los expedientes de aquellos funcionarios judiciales que tramitaron causas por corrupción en las que están (o estuvieron) involucrados kirchneristas, incluyendo a Cristina Fernández, no regresarán al Senado de la Nación para su acuerdo.

Sin disimulo, el poder mira la silla clave que ocupa Ricardo Bustos Fierro, el juez que conduce la poderosa Secretaría Electoral.

La Voz dialogó con la mayoría de los magistrados mencionados más arriba o con secretarios de esos juzgados. Respondieron y dieron sus opiniones de manera reservada. En general coincidieron, y lo aclararon en reiteradas oportunidades, en que su intención es mantenerse en sus puestos hasta cumplir 75 años. Aunque también dejaron claro que la decisión la tomarán según cómo transcurra el debate en el Congreso y los términos finales del texto que se apruebe.

También apuntaron que, de producirse la renuncia de la mayoría de los jueces y fiscales que tienen la jubilación otorgada, la Justicia federal de Córdoba quedaría al filo de la parálisis operativa.

Actualmente, sólo hay dos jueces subrogantes con acuerdo del Senado hasta 2023: Eduardo Luis Rodríguez y Oscar Tomás Vera Barros. Ese es el acotado banco de suplentes que muestra la foto de estos días.

Además, hay tres jueces designados para el Tribunal Oral Federal 3, el que aún no fue creado: Ángel Francisco Andreu, Cristina Edith Giordano y Facundo Zapiola. Los dos primeros se desempeñan como jueces en el Poder Judicial de Córdoba, mientras que Zapiola tiene reconocida pertenencia al radicalismo. El 4 de marzo, en el Consejo de la Magistratura, comenzará a definirse cuándo comenzará a funcionar este tribunal.

Qué miran

En los despachos de los magistrados federales se presta particular atención a las ocho páginas que contiene el mensaje que el presidente Alberto Fernández le envió a Sergio Massa para solicitar la aprobación de la ley con la que se buscará modificar el régimen jubilatorio de funcionarios del Poder Judicial.

Los magistrados que obtuvieron su jubilación con el actual régimen pero siguen ejerciendo observan con atención y desconfianza el siguiente párrafo firmado por el Presidente: “Si bien el derecho a los beneficios previsionales una vez acordados integra el patrimonio de su titular y no puede ser desconocido por una ley posterior, el alcance de dicha protección no abarca en igual a la cuantía de los haberes, toda vez que pueden ser limitados en la medida que intereses superiores lo requieran”.

También marcaron con resaltador otro párrafo del proyecto de ley: “El principio de intangibilidad (de los salarios de los magistrados) no puede ser definido en términos cuantitativos y desfasado de la realidad social y financiera del país”.

Aquellos magistrados que tienen el beneficio otorgado y que renuncien cuando esté vigente la nueva ley previsional, ¿recibirán el 82 por ciento de su haber del último salario activo? ¿O deberán jubilarse con el 60 por ciento, como busca el proyecto del Gobierno? Ahí está el nudo gordiano que deben desatar esos siete magistrados cordobeses.

En paralelo, en Tribunales federales retumba la frase que hizo trascender el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni: “Que hagan juicio”. “Aunque trabajo con los juicios, no me gustan los juicios; menos uno previsional”, dijo uno de los siete magistrados citados.

El proyecto que ingresó al Congreso dice que los jueces que se jubilen no cobrarán el 82 por ciento móvil del último salario, sino que se calculará el 82 por ciento sobre el promedio de lo que cobraron durante los últimos 10 años. Sería un 60 por ciento del sueldo de un juez en actividad, según los cálculos que promedian. Es la principal objeción que tienen los jueces al proyecto. Pero no la única: les preocupa que el régimen de pensión deje de ser especial y a sus parejas les quede, en caso de fallecimiento, un beneficio ordinario.

Otro grupo de magistrados que estaba próximo a acceder a la jubilación también está a la expectativa: la iniciativa prevé la suba de edad de jubilación de 60 a 65 años. Sería un esquema progresivo y breve: el plan es completarlo en 2025. De esta manera, este sería el último año con edad jubilatoria de 60 años para magistrados, con el agregado de uno desde 2021.

Asimismo, estipula un incremento del siete por ciento en los aportes previsionales, que llegaría al 19 por ciento del salario bruto total. Actualmente, el porcentaje de aportes es del 12%. Sobre este punto, en su pedido al Congreso, el Presidente dice: “Se procura mejorar la relación entre los beneficios por percibir y el esfuerzo contributivo”.

El margen que tienen los magistrados para decidir será escueto: el senador Ernesto Martínez estima que en menos de 20 días los cambios estarían vigentes.

Recorte jubilatorio: Amparo colectivo

Será presentado por el defensor de la Tercera Edad.

Inconstitucional. El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dijo que se presentará ante la Justicia para cuestionar el cambio en el cálculo jubilatorio dispuesto por el Gobierno nacional y solicitará que se declare la inconstitucionalidad del nuevo régimen previsional nacional.

Siete mil. Según Semino, ya hay siete mil adhesiones a la demanda.

En Córdoba. Hasta ahora, la Provincia reiteró que no avanzará con cambios en el régimen previsional, tanto en el ordinario como con en el de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.