Demoras en las liquidaciones de las obras sociales y falta de actualización de los aranceles profesionales, son sólo algunos de los reclamos que unieron este viernes a todas las instituciones que trabajan con la discapacidad en Alta Gracia.

El reclamo se suma a un pedido a nivel nacional para visibilizar la situación de las instituciones y las obras sociales.

“El sistema de obras sociales es un sistema cruel. Las prestaciones se facturan y al mes que vos has facturado te lo liquidan a los cuatro, cinco o seis meses. Hay obras sociales que deben un año”, precisó el director del Centro de Integración al Discapacitado, Sergio López.

Una movilización masiva en automóviles, con carteles pegados en las ventanas y con bocinazos, recorrió las principales calles de Alta Gracia.

Participaron profesionales, familias de los concurrentes y transportistas de toda la ciudad bajo una misma consigna: visibilizar los retrasos en los pagos de las obras sociales, entre otros pedidos.

Durante la cuarentena, las prestaciones se continuaron brindando a través de trabajo remoto, vía celular o computadora. Por ejemplo, muchas instituciones continuaron en trabajo de apoyo terapéutico para la integración de los contenidos en las escuelas. Según datos de los organizadores, más de 1500 personas con discapacidad en Alta Gracia y la zona dependen de los servicios que brindan.

En esta oportunidad, las instituciones se sumaron a un reclamo federal que tuvo su primera manifestación el lunes, pero que en la ciudad se organizó para el viernes.

Un sistema lento

“La mayoría de las obras sociales nos debe desde 2019, solamente hemos cobrado el cinco por ciento. Apross, por ejemplo, pagó hasta marzo. El resto de las obras sociales no ha aparecido en ningún mes de este año. El PROFE (Programa Federal de Salud para personas que no tienen obra social) debe desde octubre de 2019”, detalló la directora de la Fundación Espacios, Mónica Torres, que trabaja con personas con discapacidad.

“Parece que fuera normal que vos trabajés hoy y cobres dentro de seis meses. Durante estos meses se hizo casi imposible seguir esperándolos, como lo hemos hecho durante tantos años”, describió la directora de la Fundación Espacios. 

Entre los reclamos, coinciden en que suelen ser muy afectadas las familias de las personas con discapacidad por las demoras y el “papeleo”. “Les piden tanta documentación y pasa tanto tiempo que cuando llegan ya es tarde”, analizó Torres. Por su parte, López sumó: “La burocracia obstaculiza y lentifica y pone barreras para que la gente con discapacidad pueda conseguir los medicamentos, las órtesis, o prótesis”, ejemplificó.

Las demoras en los pagos de las obras sociales no suele ser novedad para los prestadores de servicios de salud y los transportistas. Sin embargo, aclararon que no se debía a la pandemia, ya que las deudas datan de 2019. “Estamos tratando de cumplir con los honorarios de cada uno de los profesionales. Hemos tenido que dejar en el camino pago de alquileres, luz, gas, teléfono. Dimos de baja un montón de servicios que no estamos utilizando y que no vamos a poder pagar. Entendemos que esto es por la pandemia, pero va más allá de la pandemia porque no nos pagan desde 2019”, agregó Torres.

Respecto de las prestaciones, ambos directores destacaron que se continúan realizando las asistencias terapéuticas para seguir acompañando y sosteniendo a las familias de las personas con discapacidad.

En el caso de Crecer, que cuenta además con un hogar, las prestaciones se siguen realizando en ese lugar, ya que para los residentes es su casa.

El mismo reclamo en otras localidades

Damian Stanley vive en Salsipuedes y trabaja como transportista del área de discapacidad. Cuenta a La Voz la crítica situación económica por la que atraviesa desde hace tres meses a raíz del parate en el sector por la pandemia de coronavirus.

“Dejamos de cobrar y no tenemos otros ingresos. Somos un rubro más de los tantos que quedaron varados”, dijo.

Con una trayectoria de más de 10 años en el sector, sus viajes son principalmente a centros de discapacidad de Córdoba capital.

La mayor parte del ingreso familiar viene de las obras sociales, sobre todo del Apross, pero como estas están cerradas y no hay atención, dejaron de transportar. Por lo tanto, no cobran.

“Entiendo la situación. Pero podrían ayudarnos con algo para que no nos fundamos. No tenemos para pagar los seguros, tarjetas, impuestos, AFIP. Estoy acorralado. La empresa se está hundiendo. Sólo tenemos para subsistir a diario”, se lamentó.

El aislamiento social preventivo y obligatorio no solo los perjudicó a ellos, sino también a pacientes con enfermedades motrices, como parálisis cerebral, quienes dejaron de tener la atención que requieren, lo que produjo una recaída en la salud.

“Los padres están desesperados. Las indicaciones son vía telefónica u online, pero ellos necesitan rehabilitarse. Es sumamente necesario para su recuperación”, afirmó Stanley.

Asimismo, cree que es un despropósito que estén habilitados los shopping, pero no los centros de rehabilitación.

*Corresponsalía Alta Gracia