El conflicto en el transporte urbano del interior del país sigue latente. Tanto es así que en la audiencia del viernes en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) terminó con la gran posibilidad de que vuelvan las medidas de fuerza.

Está sucediendo lo que se preveía que sucediera. Cuando se firmó el acuerdo entre el gremio de choferes y la entidad empresaria el pasado 2 de junio, ya se anticipaba lo que está aconteciendo.

Ese acuerdo puso fin a un paro en el interior del país que, en el caso de la ciudad de Córdoba, duró casi un mes. Pero en la letra fría del acta, la Fatap advertía que era imposible dar cumplimiento a los compromisos” en caso de que no estén los subsidios nacionales, provinciales y “la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y/o los fondos extraordinarios necesarios para dar sustentabilidad a los servicios”.

Hasta ahora, no llegaron ni los ATP ni los fondos extraordinarios que pedían las empresas. Y es muy difícil que lleguen, al menos en lo inmediato. 

En la previa de la audiencia, la entidad ya advertía que están “impedidos de cumplir regularmente con sus obligaciones comerciales, contractuales, fiscales y laborales”.

E insitió: “Es imprescindible y urgente que el Estado nacional, las provincias y los concedentes adopten las medidas que el momento requiere, a efectos de evitar que se pierdan el capital y el trabajo de miles de argentinos”.

Ya en la audiencia, los empresarios reiteraron que “se mantiene la situación existente al 2 de junio en torno a la inexistencia de aportes que permitan definir una posición relativa a los reclamos de la entidad sindical, dado que el acuerdo celebrado en aquella fecha aún no se ha homologado, no se ha decidido la asignación de aportes provenientes de ATP al sector y ni siquiera poseemos hoy confirmación del dictado de norma que prorrogue o reemplace la vencida resolución 14/20, nos vemos imposibilitados en este momento de avanzar en una propuesta concreta y con posibilidades ciertas de ser cumplida”.

En síntesis: las empresas aseguran que no tienen la plata para pagar los sueldos.

¿Cuál fue la respuesta del sindicato? Un ultimátum: “Si no encontramos respuestas razonables a la legítima pretensión, se articularan medidas, una vez ocurrida la audiencia de la próxima semana”.

La audiencia será el martes a las 15. Y nada indica que la situación se modifique para entonces. Lo único que puede haber es la publicación de la renovación de los subsidios nacionales por cuatro meses más. Esos fondos deberían llegar esta semana. 

Pero la cuestión de fondo no se resuelve: las empresas repiten una y otra vez que sin fondos extra que suplanten la drástica caída de boletos, es imposible cubrir los costos operativos. Entre ellos, el salario de los choferes.

Mientras tanto, avanza en la Cámara de Diputados lo que todos señalan como solución. Dos proyectos de ley que ya tienen dictamen favorable: uno recrea el esquema de subsidios anterior al pacto fiscal de 2019, por el que el interior recibía el 30 por ciento de los aportes nacionales; y otro que federaliza la tarjeta Sube y sus atributos sociales.

El problema está en el tiempo que demande su sanción definitiva. “Pueden ser dos días, o un mes, depende de la necesidad política”, explicó de manera extraoficial un exdiputado nacional cordobés. 

¿Y por casa?

En Córdoba, el paro en la empresa Coniferal parece ser el preludio a lo que puede ocurrir desde el martes. 

Sin embargo, la medida de fuerza que llevan adelante los choferes de esa empresa causó un desagrado mayúsculo en el Palacio 6 de Julio. 

El paro es porque la empresa no depositó 4 mil pesos a los trabajadores, pese a que recibió un depósito de fondos municipales en concepto de adelanto de subsidios nacionales. La explicación que se dio acerca de que el banco en el que se realizó la operatoria retuvo ese dinero no convence al intendente Martín Llaryora.

Fuentes del Palacio 6 de Julio comentaron que el enojo es tal que dejó deslizar la posibilidad de revocar la concesión a Coniferal y que los corredores 1 y 6 los tome la empresa municipal Tamse. 

Ya es la segunda situación de este tipo que ocurre: cuando se llegó al acuerdo para terminar la medida de fuerza, las prestatarias arrancaron el 5 de junio tras depositar los sueldos a los choferes. Pero Coniferal depositó menos dinero, y el paro siguió unas horas más. 

Desde la empresa aseguran, además, que los cuatro mil pesos para los choferes no figura en ningún acuerdo, pese a que Tamse, Aucor y Ersa sí los pagaron.

La pelea de fondo es otra, y los actores involucrados lo saben. En Coniferal sostienen que es necesario que el municipio también aporte subsidios al transporte. Algo que viene sucediendo desde la gestión de Daniel Giacomino.

Ramón Mestre los suspendió por un tiempo, pero luego comenzó a realizar “aportes no reintegrables al sistema”. El año pasado, superaron los 120 millones de pesos.

Pero Llaryora sostiene que no va a subsidiar a privados. “Para eso, municipalizo las líneas”, comentó a sus funcionarios.