Caminos de las Sierras, la empresa controlada por el Gobierno de la Provincia que gestiona la red vial del Gran Córdoba, emplea el 70 por ciento de sus ingresos por el cobro del peaje para el mantenimiento de las rutas a su cargo y para el sostenimiento general de la compañía.

El resto –$ 18 de los $ 60 pesos que pagan hoy los automovilistas cada vez que van y vuelven desde y hacia la Capital– se destina a financiar obras nuevas en la Red de Accesos a Córdoba (RAC).

El costo del peaje está en discusión en las localidades que rodean a la Ciudad de Córdoba, tras un nuevo pedido de aumento de la empresa al ente regulador (Ersep).

Es una suba de casi 35 por ciento que, una vez aprobada, elevará cada traspaso a 80 pesos.

El 5 de marzo hay una audiencia pública y el ajuste se aplicará en dos etapas: en abril y en agosto.

“En términos generales, estamos destinando un 30 por ciento del total de los recursos que ingresan por los peajes a nuevas obras; todas tienen que ver con la RAC. Son trabajos pendientes, como el tercer carril de la Avenida de Circunvalación, por ejemplo”, dijo Jorge Alves, presidente del directorio de Caminos, que integran también Isaac Rahmane (vicepresidente), Horacio Vega y el ex-Vialidad Provincial Osvaldo Vottero.

En 2018, último balance disponible, los ingresos por pago de peajes fueron de 2.192 millones de pesos.

Según Alves, el 70 por ciento restante se utiliza para las obras de mantenimiento de los 552 kilómetros que hoy conforman la red y para el pago del salario y de cargas de los 510 empleados.

Entre esas erogaciones, se cuentan desde el bacheo y el cortado del césped (330 millones de pesos se presupuestaron en ese ítem para 2020) hasta el gasto en energía eléctrica para iluminar el trazado (250 millones de pesos). Incluye insumos, servicios informáticos, vigilancia, seguros, combustible, tasas, impuestos y otras erogaciones administrativas.

Alves dijo que el costo de la masa salarial se redujo, desde el 2016 hasta 2019, del 29 al 19 por ciento sobre el total de los ingresos.

La ecuación de Caminos es puesta en duda por voces opositoras al Gobierno. Por un lado, cuestionan el hermetismo con el que se maneja la empresa; por otro, hablan de la necesidad de evitar nuevos aumentos que erosionen el bolsillo de las familias que utilizan el Gran Córdoba como ciudades dormitorio.

Congelamiento

Para Orlando Arduh, presidente del bloque de la UCR en la Unicameral, “no hay ninguna razón para pedir otro incremento”. “El gobernador dijo que la empresa da superávit; entonces, si es tan eficiente, que no aumente: los cordobeses no pueden seguir soportando subas de tarifas en la provincia”, apuntó el legislador, quien presentó la semana pasada un pedido de informe para que el Ejecutivo explique diversos aspectos vinculados a la RAC, en general, y a Caminos de las Sierras, en particular.

La UCR pide que se congelen las tarifas de la misma forma que se hizo a nivel nacional y que se detallen las razones que justifican un nuevo aumento.

La última suba fue a fines de 2019, cuando se terminó de completar un incremento del 71 por ciento entre octubre de 2018 e igual mes del año siguiente. El dato corresponde a la categoría 2 (automóviles) para la mayoría de las rutas llamadas “turísticas”, como la 20, la E-53, la provincial 5 y la autopista Córdoba-Pilar.

En la solicitud, Arduh pide conocer la rentabilidad y la ganancia obtenida en 2019 en concepto de concesión de las rutas. El informe habla de “una Córdoba castigada impositivamente”, de un “espíritu recaudatorio permitido por la Provincia” y de la “poca información con la que se cuenta respecto de las obras que se llevan a cabo en las rutas concesionadas y los montos invertidos”.

“Esta desinformación termina siendo funcional al poder de turno y al directorio de Camino de las Sierras, que lo utiliza como argumento en la necesidad de solicitar aumentos tarifarios constantes sobre una base de costos e inversiones que se desconoce”, agrega.

Desde que la Provincia vehiculiza el grueso de las grandes obras a través de esta empresa, se le cuestiona la menor rigurosidad en el control del gasto, ya que la sociedad anónima le flexibiliza el paso por el Tribunal de Cuentas.

La administración de Juan Schiaretti niega la falta de control y defiende el sistema porque se cumplen todas las normas, y el mecanismo permite reducir costos y facilita el acceso a financiamiento a largo plazo.

En Mendiolaza, una de las ciudades del Gran Córdoba castigadas por el encarecimiento del peaje, el concejal peronista Nicolás Martínez Dalke pide que se congelen las tarifas en línea con la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández a nivel nacional. “La ley sancionada en el Congreso, y que los diputados cordobeses votaron a favor, invita a todas las provincias a adherir para congelar las tarifas de agua, de luz y de peajes”, dijo quien perdió por un puñado de votos la última elección municipal. “Hay que darles un respiro a los vecinos que hicieron desde siempre un esfuerzo para que todas las obras se concretaran con sus impuestos”, agregó.

Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), directamente cuestiona el sistema de barreras de peajes. “No sirve, ahoga a los que transitan por las rutas y encarece todo el transporte. Para hacer obras y para el mantenimiento, está el impuesto a los combustibles, que se paga cada vez que se carga”, apuntó (ver El peaje es un impuesto…).

Alves defiende el esquema 70/30 entre mantenimiento/costos y obras nuevas. “En tanto podamos mantener nuestras tarifas adecuadas a la inflación, podremos seguir haciendo obras. Son trabajos muy necesarios, como el ensanche de la Circunvalación”, dijo el titular de la empresa que hasta 2010 estuvo controlada por Impregilo, compañía italiana que se fue luego de un acuerdo que le costó a la Provincia el pago de 76 millones de dólares en cuotas mensuales durante siete años. Esa cifra incluía 20 millones por la compra de las acciones y 56 millones por una deuda que los europeos reclamaban por la desactualización de las tarifas y por la que había demandado a la Provincia en el Ciadi.

Trabajos

Según Alves, la semana que viene se adjudican dos tramos del ensanche de Circunvalación, uno entre el puente Mackay Gordon y Juan B. Justo; y otro entre barrio Cerveceros y la autovía 36. “En un mes ya se van a ver las máquinas trabajando”, adelantó.

Grandes obras: esperan por Guzmán y la deuda

Con el 30 por ciento de los ingresos de los peajes (unos 700 millones de pesos, a valores de 2018), Caminos de las Sierras hace obras de ampliación chicas y medianas. Los trabajos públicos grandes, como el cierre de la Circunvalación o el puente De la Sota, se materializan con aportes del Estado provincial, ya sean derivados del Tesoro o de la toma de deuda a través de la Acif.

Esos canales hoy están cerrados por la fuerte caída en la recaudación provincial (que acota el ahorro corriente) y la imposibilidad del acceso al crédito hasta que aclare el panorama de la deuda externa que negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán. “La continuación de la autovía 38, por ejemplo, es una obra supeditada a que se pueda conseguir financiamiento, porque demanda una fuerte inversión”, advirtió Jorge Alves, presidente de Caminos.