La Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió hoy que las extensas prisiones preventivas en causas por delitos de lesa humanidad deben estar debidamente justificadas con “indicios concretos” de riesgo procesal, al considerar que prolongar el encierro sin fundamentos suficientes implica una “pena anticipada” y una violación al debido proceso.

El pronunciamiento del máximo tribunal surgió en el marco del caso de Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, un civil de 72 años que integró la Concentración Nacional Universitaria (CNU), y que permanece detenido con prisión preventiva desde diciembre de 2013, en el marco de una causa por secuestros y homicidios ocurridos antes del golpe de Estado de 1976.

La Corte resolvió sobre una nueva prórroga dictada en mayo de 2025, lo que eleva a casi doce años su detención preventiva, pese a que el plazo máximo previsto por ley es de tres años.

En su resolución, la mayoría integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y los conjueces Abel Sánchez Torres y Alejandro Tazza sostuvo que “un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”, y enfatizó que las prisiones preventivas deben basarse en riesgos procesales reales y no en la sola gravedad del delito imputado.

“El hecho de que el imputado esté acusado de gravísimos delitos no justifica por sí solo la imposición ni la prolongación de una medida tan gravosa”, afirmaron los jueces, quienes agregaron que “la presunción de inocencia es un principio que debe honrarse sin excepción”.

En disidencia, el juez Ricardo Lorenzetti consideró inadmisible el recurso sin pronunciarse sobre el fondo del planteo.

El fallo también cuestionó el accionar de la Cámara Federal de Casación Penal, que había denegado un recurso sin evaluar los argumentos relativos al exceso en la prisión preventiva. La Corte remarcó que, pasados los tres años legales, esta forma de detención es “la excepción de la excepción” y su aplicación requiere de una rigurosa fundamentación específica.

Castillo ya cuenta con una condena a prisión perpetua en otra causa, por lo que esta decisión no implica su liberación inmediata, sino un posicionamiento institucional sobre los límites de la prisión preventiva en los procesos por crímenes de lesa humanidad. El juicio en esta causa particular continúa en trámite ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.

Radiografía en números: aparece por primera vez una deuda en dólares por US$ 213.819,75; los pasivos en pesos trepan 134% hasta $5.104.131,25; la *caja en pesos se dispara +334% (de$ 4,75 M a $ 20,63 M) y la “caja en dólares” valuada en ARS sube +29%; el valor del inmueble (50% Villa Rosa–Pilar) salta +296%. Con ingresos 2024 por $88.456.769,30 y gastos por $72.701.839,48 queda a un paso del Ministerio de Justicia como relevo natural de Cúneo Libarona.

UN NÚMERO QUE CORTA EL AIRE: DEUDA EN DÓLARES Y PASIVOS EN PESOS

Un número que corta el aire: al cierre de 2024, Amerio declara una deuda en moneda dura por US$ 213.819,75 con el Banco Ciudad (categoría “común”). En el mismo cuadro figuran los pasivos en pesos: $ 4.570.514,29 (común) y $ 319.797,21 (hipotecario). Todo surge del anexo oficial de “Deudas al cierre del período”.

PASIVOS 2023–2024: DEL “TODO EN PESOS” AL MIX DE DÓLARES

La película completa muestra un giro nítido: en 2023 el funcionario sólo tenía pasivos en pesos; en 2024, aparece el componente en dólares y la deuda en moneda local crece. Señal de exposición financiera más alta y diversificada.

Según la DDJJ 2023, las deudas eran: $ 1.634.572,47 (Ciudad, común) + $ 342.894,43 (Ciudad, hipotecario) + $ 208.000,00 (Macro, común) = $ 2.185.466,90. En 2024, la planilla cierra con $ 4.570.514,29 (común) + $ 319.797,21 (hipotecario) US$ 213.819,75.

LIQUIDEZ Y PATRIMONIO: CAJA QUE CRECE, CASA QUE SE DISPARA

Mientras sube la deuda, también engorda la caja. La “caja en moneda local” pega un salto de $ 4.750.798,47 (2023) a $ 20.635.272,29 (2024) y la “caja en dólares (USA)” —que en DDJJ se informa valuada en pesos— pasa de $ 4.157.322,12 a $ 5.374.970,00. En bienes, el 50% de la casa de Villa Rosa (Pilar, 200 m²) se revalúa de $ 7.176.899,50 a $ 28.415.358,00: un brinco que invita a pedir el criterio de valuación (actualización fiscal, tasación o mejoras).

INGRESOS Y GASTO: EL FLUJO QUE SOSTIENE LA DEUDA

La foto no cierra sin el flujo. En 2024, ingresos netos del trabajo por $ 88.456.769,30 y gastos personales por $ 72.701.839,48 sostienen el salto de liquidez y el nuevo crédito en USD. En 2023, el renglón “ingresos no alcanzados” suma $ 34.253.652,74 (observaciones: “haberes netos de la CSJN” y venta de un automotor) con gastos personales por $ 18.258.838,90.

FIRMA, VOTO Y CAJA: EL TRÍPODE DE PODER

No es sólo contabilidad: es arquitectura de poder. Amerio fue designado secretario de Justicia por Decreto 46/2023 (10/12/23), y en marzo de 2024 el Ejecutivo lo nombró representante del PEN en el Consejo de la Magistratura (Decreto 225/2024). Juró ante la Corte el 8/3 y el sitio oficial lo lista como presidente de la Comisión de Administración y Financiera, la mesa que maneja la caja del Poder Judicial. Tres botones que abrochan gestión, rosca y presupuesto.

EL VÍNCULO CON SANTIAGO CAPUTO

En el oficialismo dan por descontado el padrinazgo: Amerio es, desde el inicio, una pieza del círculo de Santiago Caputo. Se presenta como “emisario” y “funcionario de máxima confianza” en giras ante empresarios; se define hoy como hombre de confianza mientras suena para Justicia; por la amistad que los une y el rol de Caputo en el armado del ministerio. En la cocina del poder, las crónicas en off lo muestran acatando indicaciones del estratega, un dato que ordena internas y explica su ascenso.