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San Luis cerró sus límites y hay cordobeses complicados
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“Si hubiésemos podido llevar a mi papá a Merlo, quizá no hubiese fallecido”, dice llorando Rodrigo Oyarzún (23). Vive en el paraje Cruz de Caña, en el cordobés valle de Traslasierra, pero a 12 kilómetros de Merlo, ya en San Luis.
Su padre, a los 52 años, sufrió un ACV el 26 de abril. Murió al llegar al hospital de Villa Dolores, a casi 50 kilómetros de donde vivía.
San Luis, que sólo cuenta con cinco casos de Covid-19 y hace más de un mes que no suma nuevos, cerró herméticamente hasta los pasos vecinales a su territorio.
En dos meses se generaron situaciones dificultosas, y hasta insólitas, para los pobladores cuya vida cotidiana transcurre sobre los suelos de ambas provincias.
A la ausencia de intercambio comercial, laboral y productivo se suman casos de familias separadas, ambulancias desviadas, vecinos con tratamientos médicos interrumpidos, falta de provisiones y hasta detenidos de ambos lados con causas judiciales. Vecinos cordobeses reclaman al menos un “paso sanitario”.
“No puede ser que la gente deba actuar como delincuente, o que corra riesgo de ir presa por buscar comida o un remedio”, comenta Luis Agüero, vecino de la cordobesa Las Chacras, muy cerca de la puntana Villa de Merlo.
En esa zona cordobesa se estima que son más de 700 los vecinos que tienen domicilio formal del lado puntano. Eso les facilita conseguir trabajo, atención en el hospital y acceso a planes sociales de esa provincia. En tiempos de elecciones –se afirma– las campañas de candidatos sanluiseños entran varios kilómetros en territorio cordobés.
“Del lado cordobés, hay sectores que son como un barrio de Merlo. Aquí la mayoría de la gente trabaja allá, hace trámites médicos y va al banco, al súper y a la farmacia allá”, cuenta Irma Ríos, del paraje Quebracho Ladeado. “No pedimos comodidad, hay una cuestión humanitaria de por medio. Que se nos controle, pero que se nos deje pasar si hay alta necesidad”, dice.
Hasta los niños de esta zona cordobesa nacen en Merlo. Es más: los celulares de esos cordobeses tienen característica de San Luis.
En su necesidad de supervivencia, desde hace dos meses algunos vecinos cruzan a diario por pasadizos caminando, en bicis o en motos, con el riesgo de ser detenidos. “No tenemos plata, de algún modo tenemos que cruzar a trabajar”, cita Miguel, del paraje La Ramada. El médico Raúl Urquiza propone que se haga un registro de vecinos de esas zonas y que se les permita una circulación controlada, como también a algunos proveedores. “En ambos lados no hay casos de coronavirus, en las dos provincias el problema está a 200 kilómetros; si hay sentido común puede hacerse”, advierte Urquiza.
Las firmas de cientos de vecinos no han tenido eco. El intendente de la cordobesa La Paz, Gustavo Hachuel, asegura que realizó gestiones ante el Gobierno de San Luis. “Ha sido infructuoso, a pesar de que con el intendente de Merlo estamos de acuerdo”, afirma.
El titular de la Departamental San Javier de Policía, Gabriel Díaz, apunta que “no hay margen para diálogo, la posición de San Luis es sumamente estricta”.
También al sur
También se repiten conflictos en el sur cordobés, en los límites del departamento Río Cuarto con San Luis. La relación laboral, comercial y productiva entre ambas provincias, en esa área, también es intensa. Pero está totalmente interrumpida por el bloqueo decidido en cada ruta y camino para el ingreso a San Luis.
También, problemas para ingresar a La Pampa
Lo denuncian vecinos del sur de la provincia de Córdoba.
Vecinos de extremo sur cordobés denuncian que les complican cruzar a la provincia de La Pampa. El tráfico hacia la pampeana Realicó es habitualmente intenso. En especial, pacientes cordobeses del Pami prefieren sanatorios de esa ciudad, a 25 kilómetros, en lugar de trasladarse a Río Cuarto, a 200 kilómetros. Ignacio Castro, periodista de Huinca Renancó, contó que surgieron problemas hasta con personas con permiso de circulación.
“Delinquir” para abrazar a mamá
Gerardo y Viviana viven en Traslasierra con sus hijos de 15 y 7 años. Ella tiene un trabajo formal del “otro lado”, en San Luis.
Él es cuentapropista. Ella viajaba y regresaba a casa cada día. Hasta que la cuarentena le exigió quedarse en San Luis.
El aislamiento es durísimo para la familia. Las videollamadas no alcanzan. Para el día 52 de la cuarentena Gerardo elaboró un plan, con una “inteligencia” que incluyó fotos satelitales, investigación de lugares y horarios, y estrategias para evitar controles. Llegó con sus hijos hasta el límite, y lo cruzaron caminando por un pasadizo oculto.
Gerardo muestra el video de un reencuentro conmovedor.
El empleo de la mujer es esencial para la economía familiar.
“Ella piensa todos los días en renunciar, me duele por los chicos y me preocupa por las consecuencias psicológicas que pueda tener esto. Creo que se debe ablandar un poco este tema”, apunta el hombre, casi en tono de ruego.
*Especial

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En Córdoba, se atienden 80 casos por mes de vulneración extrema de derechos de personas mayores

Con el aumento de la esperanza de vida en Argentina, se proyecta que en 2050 el 25% de la población (uno de cada cuatro argentinos) tendrá 60 años o más, según datos del Ministerio del Interior de la Nación en su último Reporte de Envejecimiento Poblacional.
Y en las últimas décadas este proceso de envejecimiento – de 70 años en adelante- se profundizó, y no dista mucho de lo que pasa en otros países de la región, donde también se evidencia que la pirámide poblacional se engrosa en el segmento de los +60.
“La temática de vejez, en general, deberá mirarse como fundamental en las agendas públicas de los diversos gobiernos del Estado”, proyectó Sergio Cornejo, subsecretario de Inclusión Social del Gobierno de Córdoba.
Aunque el envejecimiento es un proceso natural que no necesariamente va asociado a un detrimento físico y social inexorables, hace años que se comenzaron a evidenciar ciertos estereotipos y formas de discriminación sistemática contra las personas, debido simplemente a que son mayores.
Expertos como Robert Butler, pionero de la gerontología moderna, acuñaron hace medio siglo términos como edadismo y viejismo, para definir ese fenómeno, el de cualquier forma de discriminación social de las personas de edad avanzada.
Investigación
Otro dato en la misma línea, más reciente, lo aporta una investigación sobre personas mayores realizada en 2022 por el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina.
Entre las conclusiones se señala que “casi 2 de cada 10 de mayores de 60 años encuestados dijeron haber sentido maltrato, en al menos un lugar, por el hecho de ser personas adultas mayores”.
Además, un informe de Naciones Unidas consideró al “edadismo” como un problema mundial, que tiene consecuencias graves y amplias para la salud y el bienestar de las personas. Lo asocia con una peor salud física y mental, un mayor aislamiento social y soledad, una mayor inseguridad financiera, una menor calidad de vida y mayores tasas de muertes prematuras.
“Deberemos adaptarnos a este nuevo paradigma gerontológico previsto por sugerencia de organismos internacionales y establecidos por la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos para Personas Mayores, donde Argentina firmó y ratificó con una ley su adhesión”, remarcó Cornejo.
Respuesta institucional ante casos extremos
Córdoba no es ajena a las vulnerabilidades de su población mayor y es, por ello, que las políticas públicas que se implementan a nivel provincial apuntan a eso, a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas mayores, a velar por su bienestar y por un envejecimiento digno.
Se trata del programa de Emergencias Gerontológicas, una iniciativa que lleva adelante la Secretaría de Políticas para Personas Mayores, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
Uno de los programas para adultos que lleva adelante el Gobierno de Córdoba está enfocado en la atención de casos que requieren de urgente intervención para dar respuesta a situaciones de extrema de vulnerabilidad social, psicológica o ambiental.
“Todo pedido de ayuda o situaciones de riesgo y vulnerabilidad son objeto de interés para que nuestra Secretaría intervenga”, subrayó Cornejo.
Aunque las motivaciones vinculadas con lo económico son habituales (alimentos, subsistencia, vivienda, entre otros) existen otras de diversa índole que también activan la emergencia: malos tratos, violencia recibida, abusos materiales, manipulación emocional de familiares por algún interés, problemas de salud, soledad o abandono.
Cada caso es atendido por un equipo de profesionales, “en su gran mayoría licenciados en Trabajo Social, con formación o capacitación en Gerontología; y en menor medida se completa el equipo con psicólogos, nutricionistas y abogados”.
Este servicio atiende mensualmente a un promedio 80 casos que llegan al equipo de Emergencias Gerontológicas por diversos caminos: una demanda espontánea, oficios judiciales, vías de comunicación del Gobierno de Córdoba y del propio Ministerio, entre otros.
“Intervenimos fundamentalmente en Córdoba capital y zonas del conurbano. El resto de los pedidos del interior provincial interactuamos con los equipos de acción o Desarrollo Social de los municipios y comunas”, dijo el subsecretario de Inclusión Social.
Además, consideró positivo el funcionamiento del programa: “Creemos que aún faltan aceitar con algunos organismos para que podamos dar una respuesta más rápida y operativa, pero no deja de ser un balance positivo por priorizar demandas muy emergentes de casos con mucha vulnerabilidad”.
La atención se hace de manera directa y en coordinación con otras instituciones. Cuando llega un caso, explicó Cornejo, “solo se asiste la emergencia, se busca una asistencia directa y operativa y se delega. Salvo situaciones muy específicas que requieran dar respuesta a un caso de fuerza mayor y no tenga una solución inmediata, se deriva a otras instituciones, organismos o áreas del Gobierno que deben dar la respuesta, según los casos”.
Desde su puesta en funcionamiento y hasta la fecha, se llevan atendidos, de manera interdisciplinaria, alrededor de 240 casos de adultos mayores.
Un plan mayor
El programa de atención de emergencias es solamente una de las acciones que componen la política pública gerontológica provincial, en un territorio donde la población mayor de 60 años supera el medio millón de personas, según el último censo.
“Córdoba es una de las pocas provincias que cuenta con una política pública en vejez”, dijo el subsecretario de Inclusión Social.
Se trata del Plan Córdoba Mayor, creado mediante el Decreto 866/2018, y cuenta con una Secretaría y con presupuesto propio.
“Además, coordina el Consejo Provincial de Adultos Mayores donde sus miembros representan a todas las Instituciones de la órbita pública y privada que trabajan con personas mayores, y donde expresan, debaten y accionan en las numerosas y diversas problemáticas que atraviesan”, añadió el subsecretario de Inclusión Social
El plan está estructurado en tres ejes: cuidados progresivos; participación, empoderamiento e inclusión comunitaria; y capacitación, formación gerontológica y vinculación institucional.
De esta manera, la Provincia busca garantizar el pleno goce de los derechos de las personas mayores, a través de una respuesta integral.
Los dos primeros son exclusivos para personas mayores de 60 años; el restante, para personas e instituciones interesadas.
Cómo comunicar una emergencia
-Denuncias presenciales en el propio Ministerio de Desarrollo Social.
-Por las redes sociales del Gobierno de la Provincia y del Ministerio.
-Operadores telefónicos del Programa “Mayores en RED” al 0800 555 8555.
-Teléfonos específicos del área de Emergencia Gerontológica al 351 8589604.
-Correo electrónico: [email protected]
-Oficios judiciales.
-Producciones de medios de comunicación que reciben el pedido.
-Autoridades e instituciones conocedores del pedido o la denuncia.
INTERNACIONALES
Bola Tinubu asume la presidencia de Nigeria entre esperanzas y escepticismo

ABUYA, Nigeria (AP) — Bola Tinubu asumió el lunes la presidencia del país más poblado de África, en un momento de desafíos sin precedentes que daba esperanzas a algunos ciudadanos sobre un futuro mejor y dejaba a otros escépticos porque su gobierno pudiera obtener mejores resultados que el anterior.
El exgobernador de Lagos, el núcleo económico de Nigeria, asumió el cargo en Abuya, la capital, ante miles de nigerianos y varios jefes de gobierno. Tinubu, de 71 años, sucede al presidente Muhammadu Buhari para liderar un país se espera se convierta en el tercero más poblado del mundo en 2050, empatado con Estados Unidos por detrás de India y China.
Ha prometido continuar con los esfuerzos de Buhari de brindar dividendos democráticos a los ciudadanos en un país donde sucesivas crisis de seguridad, la pobreza generalizada y el hambre han provocado frustración e ira entre mucha gente. Y aunque algunos partidos de oposición han impugnado su victoria ante las cortes y muchos jóvenes cuestionan el resultado electoral, Tinubu también ha prometido reunir al país.
Su manifiesto de “esperanza renovada” prioriza la creación de empleos suficientes e impulsar la producción local, invertir en agricultura e infraestructura pública, brindar oportunidades económicas para los más pobres y vulnerables y crear un marco mejor de seguridad nacional para combatir todas las formas de inseguridad.
Sin embargo, sus ambiciosos planes podrían verse amenazados en sus primeros 100 días en el cargo por una montaña de desafíos, desde la inseguridad a una crisis fiscal, pobreza y una creciente desconfianza del público en el estado, señaló Mucahid Durmaz, analista para África Occidental en la consultora de riesgo Verisk Maplecroft.
Algunos analistas también señalan que las promesas de Tinubu y la esperanza que conllevan recuerdan a la primera victoria electoral de Buhari en 2015, que ya había sido jefe de estado militar. Sus prioridades eran combatir la inseguridad y desarrollar la economía, pero no cumplió las expectativas de muchos.
“Ningún presidente nigeriano ha llegado al cargo con tan buena voluntad de los ciudadanos como el presidente Buhari, pero ningún otro presidente la desbarató tan rápido”, dijo Seun Kolade, experto en desarrollo de Nigeria y profesor asociado en la Universidad de Montfort, en Reino Unido. “En términos de expectativas y de lo que es posible, estos han sido ocho años muy mediocres, por decir poco”.
En la capital de Nigeria, Abuya, algunos vecinos señalaron a las dificultades económicas y la inseguridad como los principales desafíos que habían enfrentado durante los ocho años de mandato de Buhari. “La gente ha sufrido mucho (durante) este periodo. Ha muerto gente por falta de dinero, y rezo y espero que no experimentemos eso de nuevo con el nuevo presidente”, dijo Princess Taiwo, que vendía fruta.
Después de perder a su hermano en un ataque con bomba en el suburbio de Nyanya en 2014, Sunday Imoke se sumó a los millones de personas que votaron contra el entonces presidente Goodluck Jonathan con la esperanza de conseguir un país más seguro. Pero el presidente saliente dio al traste con sus esperanzas, señaló.
“Mucha gente murió con Buhari. Buhari no lo hizo bien, no hizo nada y no era temeroso de Dios”, dijo Imoke.
Mucho antes de que el expresidente llegara al poder en 2015, el desarrollo de Nigeria llevaba años atascado por una mala gobernanza y la corrupción endémica, que hacía difícil que los ciudadanos se beneficiaran de los cuantiosos ingresos del país como principal productor de petróleo de África.
Aunque ha reducido el poder de los extremistas islámicos en el nordeste y construido infraestructura clave con ayuda de préstamos extranjeros, muchos creen que la calidad y el nivel de vida han empeorado durante el mandato de Buhari. Señalan a la creciente inseguridad en otras partes del país, el aumento de la pobreza y los problemas económicos, con un desempleo récord, la inflación en un 22,2%, el récord de 18 años, así como una deuda creciente.
“Cuando combinas la falta de oportunidades en un entorno que es incapacitante con una población joven frustrada, eso es una bomba de tiempo, y esa es la historia de Nigeria durante los últimos 50 años, y Buhari lo ha empeorado”, explicó el experto en desarrollo Kolade.
Tinubu procede del partido gobernante Congreso Todo Progresistas, que se ha visto perseguido por acusaciones de corrupción, lo que ha planteado preocupaciones sobre cómo de transparente será su gobierno.
Aunque a menudo ha hablado sobre reunir las mejores manos para liderar a Nigeria, el problema del país nunca ha sido la calidad de los funcionarios públicos, sino la rendición de cuentas, señaló Leena Koni Hoffman-Atar, profesora asociada del programa de África en el centro de estudios Chatham House.
“Lo que subestimamos es que para fortalecer las instituciones del estado, más allá de la personalidad y la competencia de las personas, hay que tener procesos de rendición de cuentas. Y está por ver que la rendición de cuentas en las instituciones del estado vaya a reforzarse con este gobierno”, dijo Hoffmann-Atar.
Tinubu también debe actuar con rapidez y decisión para combatir las crisis de seguridad, que ya han dejado al país en una situación crítica, según los analistas.
“Ya hay una pérdida de confianza muy importante en el papel del gobierno como protector de los ciudadanos”, dijo Nmandi Obasi, asesor jefe sobre Nigeria en el International Crisis Group. “Si el nuevo gobierno no actúa con decisión, tendríamos más gente buscando su propia autoayuda y protección”.
Entre los que buscan la autoprotección hay vecinos de aldeas en el distrito norcentral de Mangu, en el estado de Plateau, donde hombres armados mataron a más de 100 personas en un ataque nocturno este mes. Yaputat Pokyes, uno de los sobrevivientes, dijo que lo que querían del nuevo presidente es que les ayudara a seguir con vida.
“Si viene, debe dar a la gente la seguridad que necesita”, dijo Pokyes. “Ya no dormimos por miedo, no sabemos cuándo volverán los agresores”.