“Estamos en una posición complicada. Que nadie hable. ‘El Gringo’ maneja el caso Vicentin con la Casa Rosada”. Esa fue la orden –cortante y contundente– que escucharon los principales funcionarios provinciales, sobre todo, los cuatro diputados nacionales del PJ cordobés.

Juan Schiaretti cree que, en esta encrucijada, el silencio es salud política: no poder tomar distancia del Gobierno nacional, al mismo tiempo que tratar de evitar enfrentarse con el campo y con la clase media, sectores muy críticos de la controvertida intervención y posible expropiación de la cerealera santafesina Vicentin.

Las movilizaciones en el norte santafesino, que despertaron algunas reacciones con cacerolazos en la clase media porteña, encendieron las alarmas en la Casa Rosada. Esos reclamos también fueron seguidos con mucha atención desde el Centro Cívico.

Hasta el miércoles pasado, cuando el presidente Alberto Fernández abrió una instancia de diálogo con la empresa, una fuente oficial admitía que Schiaretti mantenía contactos con su colega santafesino, Omar Perotti, el peronista de mejor diálogo con el mandatario cordobés.

Perotti fue uno de los mediadores (hubo otros, como Gustavo Beliz y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero) que convencieron al presidente de la Nación de que la escalada de las protestas podría convertirse en una situación parecida a lo sucedido en 2008, en el conflicto con el campo.

Alberto Fernández conoce los detalles de aquella pulseada. Renunció como jefe de Gabinete de Cristina Fernández una semana después de que el entonces vicepresidente, Julio Cobos, apeló a su modo singular de pronunciarse: “Mi voto es no positivo”.

Ese pronunciamiento desempató y terminó por tumbar el intento del kirchnerismo de aumentar las retenciones agropecuarias.

El 18 de julio del año pasado, en su primera visita de campaña a Córdoba, cuando brindó una entrevista a La Voz, Alberto Fernández dijo sin grises: “A mí no me va a pasar lo que sucedió con el conflicto con el campo. No tomaré ninguna decisión sin consensuarlo con el sector agropecuario”.

Es probable que Perotti le haya recordado al Presidente aquella promesa de campaña, que también reiteró en tierras santafesinas.

No hay constancia de que Alberto Fernández o el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, hayan llamado a Schiaretti por el caso Vicentin.

Pero, por su buena relación con el gobernador Perotti, no habría que descartar alguna incidencia de Schiaretti en la decisión que se tomó en Olivos de abrir un compás de espera. Al menos, contener el apuro del cristinismo por presentar esta semana el proyecto de expropiación en el Senado.

Expropiación

Schiaretti cree que finalmente el Estado nacional se quedará con la exportadora santafesina. Considera que una empresa que ya estaba concursada no tiene futuro, con las idas y vueltas de los últimos días. ¿Quién le va a vender una tonelada de granos en este contexto?, se preguntan en el Centro Cívico.

El gobernador también está convencido de que el impacto político de la expropiación no será el mismo si hay en el medio una negociación con los accionistas de Vicentin.

A Schiaretti le preocupa mucho la posibilidad de que sus cuatro diputados nacionales se conviertan en árbitros en una eventual votación en Diputados.

El gobernador siempre cuidó su relación con el sector agropecuario y, sobre todo, con el importante número de votantes de la clase media cordobesa que lo apoyó de manera masiva en las elecciones provinciales del año pasado.

Schiaretti actúa en defensa propia, más que en favor de la intervenida empresa santafesina. No obstante, no marcar claras diferencias con la Casa Rosada es un reflejo de la debilidad política de Schiaretti. También, de la dependencia económica de su gestión respecto del Gobierno nacional.

El caso Vicentin terminará por enterrar una bandera que creó José Manuel de la Sota y que durante años enarboló el peronismo provincial: el cordobesismo.