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Se judicializa la elección de Río Cuarto
Por la pandemia de Coronavirus fueron suspendidas las elecciones municipales de Río Cuarto, previstas para el 29 de marzo. El intendente Juan Manuel Llamosas (PJ) y otros cuatro candidatos consensuaron realizarlas el 27 de septiembre.
El acuerdo político, convalidado por el Concejo Deliberante, también dispuso una prórroga del mandato de todas las actuales autoridades municipales hasta el 8 de octubre. Además estableció que, si no se puede desarrollar el acto comicial en septiembre, se realizará el 29 de noviembre (entonces, los mandatos se prorrogarían hasta el 9 de diciembre). Si no se pudiera en esa fecha, sería el Concejo quien fije una nueva.
Para las tres fuerzas que no firmaron el acuerdo, los mandatos vencen indefectiblemente el 2 de julio próximo y la prórroga, aprobada por ordenanza, sería ilegal.
En las últimas horas, la Ucedé, que lleva como candidato a intendente a Marcelo Ljubich, presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
“Es una locura que una persona que fue elegida para un mandato, que termina un día determinado, se lo ´auto prorrogue´. Los concejales aprueban y siguen cobrando, total… Pero la cosa puede tener gravedad inusitada. Si el 3 de julio siguen en funciones, se convierten en infames traidores al orden constitucional y por el artículo 5 de la Carta Orgánica Municipal (COM) pueden tener un impedimento de por vida para ejercer un cargo público”, advirtió Ljubich.
El candidato de Riocuartenses por la ciudad, Eduardo Scoppa, anticipó que la semana próxima formulará una presentación similar. Remarcó que apenas se suspendió la elección, había otras alternativas pero, hoy, “el único camino institucional válido, es la intervención”. Recordó que el artículo 193 de la Constitución Provincial indica que, “en caso de acefalía total de los municipios, la Legislatura, con dos tercios de los votos, declara la intervención por un plazo no mayor de 90 días y autoriza al Ejecutivo a designar a un comisionado para que convoque a elecciones para completar el período”.
“La situación que hoy vive Río Cuarto es por la irresponsabilidad de la especulación político electoral del intendente. En un acuerdo sui generis con cuatro candidatos se han atribuido funciones para prorrogar mandatos, fundándose en teorías totalitarias de excepcionalidad, violando las atribuciones de la constitución local”, fustigó.
Desde el Frente de Izquierda, la postulante, Guadalupe Fantín, también consideró “ilegal” la salida adoptada. Pero dijo que no recurrirá a la Justicia por creer que “nada favorable a los trabajadores saldrá de allí”.
Controversia legal
En su presentación al Superior Tribunal, la Ucedé argumenta que la ordenanza y el decreto de prórroga de mandatos de Río Cuarto “exceden notoriamente el marco de las autonomías municipales y las facultades otorgadas al poder Ejecutivo y Legislativo”. Entre otros puntos, cita el artículo 55 de la COM, que afirma: “los miembros del gobierno (…) son elegidos directamente por el pueblo de la ciudad. Duran cuatro años en sus funciones y cesan el mismo día en que expira ese plazo, sin que suceso alguno que lo interrumpa pueda ser motivo de que se lo complete más tarde”.
Desde Riocuartenses por la Ciudad también se apuntó que, el artículo 5 establece que la Carta Orgánica Municipal “no pierde vigencia aun cuando por acto violento o de cualquier otra naturaleza se llegue a interrumpir su observancia” y que “los actos que se realicen en lesión a la misma son insanablemente nulos”.
Por su parte, Fantín, precisó: “Estamos en contra de la salida que le han dado a la situación del vencimiento de los cargos, consideramos que es antidemocrática e ilegal”. Explicó que su propuesta, hasta que haya nuevas autoridades electas, sería que gobierne “una comisión”, integrada por “trabajadores de las distintas áreas de la gestión municipal electos por ellos y ellas mismas, junto a especialistas designados por la UNRC, sanitaristas y trabajadores de la salud para la situación de excepcional”.
¿Un salvataje?
A todo esto, el ex convencional constituyente, Enrique Novo (asesor de la diputada llamosista Claudia Márquez), también formuló un planteo al Tribunal Superior y la Justicia Electoral que es visto por algunos como “un salvataje” o “blindaje jurídico” para el “problema constitucional de la ordenanza 1304”.
Propuso que la Justicia declare “extraordinariamente inaplicables” (por la pandemia) los artículos 55 y 195 de la Carta Orgánica, que establecen un plazo de cuatro años para los mandatos municipales y que las elecciones deben realizarse antes de su expiración. Advirtió que, en caso contrario, entre el 3 de julio y la fecha en que asuma el nuevo gobierno, “imperarán permanentes conflictos normativos (…)”.
Hugo Abrahan, titular del PJ, reveló la posición del oficialismo. Se pronunció “en contra de la judicialización de la política” y argumentó: “Estamos tranquilos con todo lo que se llevó adelante, acordamos con cinco partidos y el dispositivo del Concejo fue unánime”. “La legalidad es ínsita a la legitimidad, en el marco de la autonomía. La prórroga como excepción está totalmente avalada por la doctrina de la Corte y hay múltiples fallos de Cámaras Electorales que la toman como procedente”, aseguró.
A todo esto, la Junta Electoral Municipal, esta semana fijó el cronograma electoral para la elección del 27 de septiembre. Aclaró que no le corresponde pronunciarse ni convalidar la nueva fecha porque es “una atribución propia cumplida por el Departamento Ejecutivo con el respaldo de una ordenanza dictada previamente por el Concejo Deliberante”.
No mencionó el tema de la extensión de mandatos. Pero abundó en “las extraordinarias circunstancias de fuerza mayor que impidieron la realización del acto electoral dentro del plazo legal”.
