Valeria había comenzado a trabajar como empleada doméstica en la casa de una familia de la ciudad de Córdoba. Desde el comienzo estuvo en blanco, lo cual la dejaba tranquila. Cuando comenzó el aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional a raíz del coronavirus, siguió yendo la primera semana hasta que sus jefes entendieron que la actividad estaba prohibida, excepto para quienes realicen tareas de cuidado de niños y de adultos mayores, y cuyos familiares no puedan aistirlos por estar abocados al trabajo. 

Cuando dejó de ir, sus empleadores no le pagaron el sueldo, desoyendo lo que establecía el decreto a nivel nacional para la actividad. Luego de un mes y medio, la llamaron para pedirle que vaya a trabajar, a pesar de que aún el rubro no fue habilitado por la Nación ni por el Gobierno provincial. Fue entonces cuando Valeria pidió que le paguen el mes que estuvo de cuarentena, ante lo cual sus jefes se negaron. “Si querés cobrar, presentame la renuncia”, le dijeron para su asombro.

Valeria, por una cuestión de necesidad, siguió yendo para poder cobrar, pero hace dos días le dijeron que no vaya más. La despidieron. 

Esta situación se repite con muchos de los 100 mil trabajadores de casas particulares de la provincia, en su mayoría mujeres, que en medio del contexto económico actual vieron vulnerados sus derechos laborales y con menos posibilidades de reclamar ante ello. 

Según indicaron desde los sindicatos, los puntos de mayor conflicto son el pago de sueldo y que los empleadores le piden a su personal que vaya a trabajar, violando el aislamiento. 

Están también quienes respetaron todas las normativas y pagaron el sueldo a las trabajadoras, no violaron el aislamiento y también reconocieron el cinco por ciento de aumento pautado para abril, y el cinco extra para mayo.

Es el caso de Lorena, que vive en una localidad del interior y trabajaba en una casa en Córdoba tres veces por semana. Cobró normalmente su sueldo y no fue a trabajar ya que su actividad se enmarca dentro de la categoría 5 de “tareas generales” y no la de cuidado de personas. 

Una realidad compleja

Las realidades son complejas y diversas. Fernanda Sánchez, coordinadora de la Unión Personal de Casas Particulares (UPACP), reconoció que la situación es preocupante por la falta de pago de sueldos y también la de algunos empleadores que no perciben ingresos porque sus actividades se vieron suspendidas. Es el caso de los que quieren pagar, pero no pueden hacerlo en tiempo y forma. 

“El primer mes hubo más cumplimiento en el pago de sueldos y respeto del aislamiento. Ya en abril se incrementaron la cantidad de incumplimientos y las consultas que llegan a nuestra entidad”, indicó Sánchez. 

“En el interior ya se habilitaron muchas actividades comerciales y de otro tipo, y los empleadores necesitan tener resuelto el tema de la limpieza de sus casas, pero no se habilitó aún a nivel nacional. Las chicas están dispuestas a ir y nosotros publicamos un protocolo que se podría aplicar para retomar las tareas sin descuidar la salud, pero la realidad es que aún no se puede”, aclaró Sánchez.

Como muchas mujeres trabajan en distintas casas y habilitar la actividad podría aumentar el riesgo de circulación del virus, Sánchez prevé que se podría abrir aunque sea para uno de los trabajos y así aliviar la tensión. “Se están lesionando muchas relaciones laborales que eran impecables”, indicó. 

Por su parte, Valeria Andretich, abogada de Sindicato del Personal de Casas de Familia (Sinpecaf), coincidió en que la mayor parte de las consultas y reclamos que reciben es por falta de pago a quienes están en la categoría y permanecen en cuarentena. Asimismo, recordó que la vulneración de derechos es aún mayor para quienes no están registradas (trabajo en negro), que en Argentina sigue siendo el 70 por ciento de este sector.

“Tratamos de resolver los problemas que surgen a través del diálogo entre las partes y en los casos necesarios, enviamos un telegrama, pero siempre priorizamos la preservación de la fuente laboral y que el vínculo no se rompa”, explicó. 

También advirtió que algunos empleadores cambiaron a su personal a la categoría de cuidado de niños, cuando en realidad realizan tareas de limpieza, sólo para que vayan a trabajar. “Es un fraude y violan la cuarentena. Sumado al paro de transporte que complica aún más los traslados”, agregó Andretich, quien reconoció que hay muchos empleadores que se aprovechan de la situación. Sin embargo, también exhortó al pedido a través del diálogo y que el telegrama sea la última instancia. 

“Hay mucha preocupación entre las mujeres”, dijo Alcira Burgos, apoderada de Sinpecaf. Y en relación a los empleadores, señaló: “En esta época sale lo mejor y lo peor de cada uno”, en referencia a quienes hacen el esfuerzo por cumplir las normativas y quienes se aprovechan para su propio beneficio.

“Falta muy mucho para que la sociedad nos considere trabajadoras. Aún no estamos incluidas en la Ley de Contrato de Trabajo. Somos las menos protegidas y las más perjudicadas”, concluyó.