Los gobernadores de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Santa Cruz, Claudio Vidal se presentaron hoy en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga supuestas irregularidades en el ingreso de la familia Eskenazi a YPF en 2007.
“Las provincias productoras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”, afirmó Torres, quien advirtió que de ser necesario acudirán también al Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir la suspensión de la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal.
El mandatario chubutense subrayó que “ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió”, en alusión al fallo de la jueza neoyorkina Loretta Preska que ordenó a la Argentina pagar más de US$ 16.000 millones y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.
Torres recordó que el Grupo Petersen se hizo del 25% de YPF apalancado en dividendos futuros y que, tras la expropiación del 51% en 2012, transfirió su reclamo al fondo Burford Capital, que llevó adelante la demanda contra el Estado argentino en Nueva York. “El 49% de esas acciones expropiadas pertenecen a las provincias productoras de petróleo”, advirtió.
En paralelo a la presentación judicial en Comodoro Py, la provincia de Chubut presentó un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en el marco de la apelación al fallo de Preska. “La jueza no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al Estado nacional”, enfatizó Torres.
El conflicto se remonta a diciembre de 2007, cuando el Grupo Petersen, liderado por Enrique Eskenazi, adquirió el 25% de YPF a Repsol. Años más tarde, el Congreso aprobó la expropiación del 51% de la compañía y, en 2015, Burford Capital compró los derechos litigiosos tras la quiebra del grupo. En marzo de 2023, Preska falló a favor de los demandantes y en junio de 2025 ordenó a la Argentina entregar las acciones de YPF, medida que fue suspendida en julio por la Corte de Apelaciones.
