La gestión municipal de Martín Llaryora concretó en lo que va de la cuarentena un profundo ajuste salarial y se concentra ahora en la reestructuración interna de la administración.

Si el recorte de jornada laboral y la quita de adicionales y bonificaciones salariales generaron un enfrentamiento total con el gremio de los municipales (Suoem), lo que viene en materia de reorganización no será más sencillo.

El proyecto en el que trabajan el propio Llaryora y su secretaria general, Verónica Bruera, será aplicado según el criterio de cada secretario, dadas las diferencias que existen entre las distintas áreas del municipio.

Lo común a todas las áreas es que se incluyen el desdoblamiento de jornada laboral, la modalidad de teletrabajo para un importante grupo de agentes y la delegación de funciones en nuevos brazos operativos que ya activó el municipio: el cuerpo de 1.200 servidores urbanos, los casi 90 promotores de convivencia que ejercen funciones de inspectores, las contratistas privadas para el mantenimiento de calles y alumbrado, Tamse y Esop con nuevas funciones y también los centros vecinales asumiendo el cuidado de espacios verdes.

El plan también incluye en un rol protagónico la digitalización de procesos y funciones que hoy mayormente están en manos de empleados que tienen un sueldo bruto promedio en blanco de 113 mil pesos –esa cifra viene bajando desde enero–, pero que con los no remunerativos llegan casi a 120 mil de salario bruto.

Cuando se suman los aportes patronales y las asignaciones, el costo salarial total por cada empleado municipal –pese al recorte ya realizado– se acerca a los 140 mil pesos en promedio.

Por fuera del Estatuto

Todos los planes oficiales pasan por evitar nuevas contrataciones bajo el Estatuto del Empleado Municipal. La modalidad casi excluyente de la actual gestión es el Monotributo –contratos de locación de servicios–, una figura que supone un costo muy inferior para el municipio y que en principio no genera relación laboral, aunque con el paso del tiempo ese criterio suele ser revertido por la Justicia.

También continuará la incorporación de servidores urbanos, que son beneficiarios de un plan social de 10 mil pesos por mes.

El municipio tiene en la actualidad –incluyendo a los funcionarios– cerca de 10.700 empleados, unos 200 menos que los recibidos de la gestión de Ramón Mestre, por la baja de contratos al inicio de la gestión y por la reducción de la planta política.

Unos 475 agentes con mucha antigüedad ya se acogieron a la pasividad anticipada voluntaria (PAV), que sigue abierta. Dada la pérdida de beneficios que implicó el ajuste salarial, esa opción se volvió una alternativa para muchos municipales a los que les faltan hasta 10 años para jubilarse. El objetivo inicial era que unos 1.100 empleados se acogieran.

Además, la gestión Llaryora se apresta a prescindir de un número importante de contratos por tiempo determinado que fueron renovados durante la transición por su antecesor, sin que existiera la ratificación del Concejo Deliberante exigida por la ordenanza que regula los traspasos del poder.

Muchos de esos contratos vencen a fin de mes y todo indica que varios no serán renovados, a excepción de los que reportan al área de Salud.

El Ejecutivo descuenta la resistencia del Suoem a los cambios previstos. Hasta ahora, esa oposición gremial no impidió el avance de los recortes. El jueves pasado, a pedido del gremio, se restableció una mesa de diálogo. El viernes, el municipio condicionó esa negociación en un comunicado.

El texto considera que “existen quejas de sectores minoritarios” que “pierden privilegios”. Advierte que “la violencia y los gritos no serán aceptados” como parte del diálogo, que “se acabó el cogobierno” y que es necesario diferenciar entre dos tipos de trabajadores: “El municipal, que, con vocación de servicio, todos los días se esfuerza en pos del bien común, y aquellos que con prepotencia y actitudes violentas desprecian y agravian el patrimonio de la ciudad”.

 Poscuarentena

Tanto el ajuste salarial como la reorganización interna emprendida ahora se realizan de modo unilateral y con más de la mitad de los empleados municipales sin concurrir a sus puestos de trabajo por el receso sanitario que rige casi a pleno en toda la administración pública. La reapertura de la atención municipal ocurrirá cuando lo dispongan la Nación y el COE a nivel provincial.

Pero en el municipio advierten que el regreso será muy paulatino, atendiendo los protocolos que fije cada secretaría y siguiendo el nuevo paradigma que regirá en todas las actividades laborales: con menos gente en simultáneo en las dependencias oficiales.

Llaryora delegó en cada uno de sus secretarios la facultad para reorganizar los esquemas de trabajo, para cambiar funciones, para caducar chapas de inspectores o para establecer la modalidad de teletrabajo para aquellos agentes que puedan hacer desde su casa lo mismo que hacen en la oficina.

También, para ampliar los horarios de atención al público de 8 a 20 y desdoblar los turnos laborales.

Nada de todo esto fue todavía notificado ni discutido con el Suoem. Estos temas formarán parte del diálogo con el gremio, pero desde el municipio advierten que la organización de los recursos humanos es una facultad propia del Ejecutivo.

Las medidas aplicadas: Recorte del gasto

Reducción de jornada. Es la más contundente de las medidas. El recorte de una hora de trabajo rige para casi la mitad de los municipales y representa una baja salarial del 14,2 por ciento. No se aplica a los agentes de Salud ni a los de Educación.

Baja de prolongaciones. Unos 2.800 agentes que no están en funciones por el receso sanitario dejaron de cobrar adicionales por extensión de jornada.

Baja de horas extras. Según lo informado por la Secretaría General, se paga la mitad de las horas extras que se abonaban en diciembre.

Chapas e interinatos. El Ejecutivo caducó hasta ahora las chapas de inspectores de unos 340 agentes municipales. También anuló las designaciones interinas en 186 jefaturas ocupadas por mandos medios de planta. Ambas medidas suponen reducciones salariales.