Tres altos comisarios quedaron detenidos este viernes en el marco de la investigación por el “gatillo fácil” que el 6 de agosto último se cobró la vida de Valentino Blas Correas (17).

Se trata del comisario inspector Walter Soria, del comisario inspector Jorge Galleguillo y del comisario Enzo Quiroga, quienes esa madrugada tenían roles clave en el Distrito 3, el área policial de la ciudad de Córdoba en la que se produjo el crimen.

Los tres ya estaban imputados por el delito de omisión de los deberes de funcionario público, pero este viernes, tras el ingreso de nueva prueba, el fiscal José Mana ordenó ampliar la imputación también con el delito de encubrimiento agravado y pidió que los tres quedaran detenidos de manera inmediata.

Entre la noche del miércoles 5 y la madrugada del jueves 6 de agosto último, momento en el que Blas fue asesinado en un control policial apostado en la avenida Vélez Sársfield, frente al instituto Pablo Pizzurno, al sur de la ciudad de Córdoba, a Soria le habían asignado el rol de superior de turno de la Zona Sur. De manera usual, Soria estaba al frente de las unidades especiales de la Policía.

Galleguillo, en tanto, había sido llamado ese día para reforzar el Distrito 3, ya que en las jornadas anteriores se habían registrado graves episodios de inseguridad y de violencia urbana en ese sector.

Quiroga, por su parte, era el jefe de turno de todo el Distrito 3 esa noche.

“La decisión fiscal se basó en la nueva prueba incorporada, en la naturaleza de los delitos atribuidos, en el modus operandi, en sus cargos jerárquicos en la fuerza de seguridad, en el estado de la investigación y en la necesidad ineludible de realización de actos que inevitablemente implican la presencia física de los imputados. A su vez, fue dispuesta con el objeto de asegurar los fines del proceso”, se indicó desde la fiscalía.

Más temprano, a la mañana, el fiscal había dispuesto la excarcelación de cuatro policías imputados. Se trata de los agentes Rodrigo Emanuel Toloza, Leonardo Alejandro Martínez, Leandro Alexis Quevedo y Ezequiel Agustín Vélez, quienes continúan imputados por los presuntos delitos de encubrimiento agravado y falso testimonio.

Quevedo y Vélez están sospechados de haber falseado una denuncia de dos jóvenes motociclistas contra Blas y los amigos que lo acompañaban en el auto Fiat Argo aquella noche, mientras que Toloza y Martínez aseguraron que un testigo civil les había dicho que desde el auto de los jóvenes habían tirado algo “extraño”, lo que coincidió con la maniobra que otros policías implementaron tras el crimen para “plantarles” un arma a los adolescentes.

Desde la fiscalía se agregó que las cuatro excarcelaciones se fijaron porque “no surgen indicios concretos que hagan presumir que los nombrados tratarán de eludir la acción de la Justicia o entorpecer su investigación”.

La causa tiene a 13 policías imputados, ocho de ellos presos. Además de los ya nombrados, el cabo primero Lucas Gómez y el cabo primero Javier Alarcón se encuentran detenidos por los delitos de homicidio calificado agravado y otros cuatro intentos de asesinato; la agente Wanda Esquivel, la oficial ayudante Yamila Martínez y el subcomisario Sergio González, por encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público.

El decimotercer policía imputado es el agente Ezequiel Henot, acusado por lesiones leves agravadas en contra del conductor del Argo, cuando el auto fue frenado aquella madrugada en la esquina de Chacabuco y Corrientes.

En paralelo, hay tres civiles, empleados de la clínica Aconcagua, que están imputados por el delito de abandono de persona, ya que no auxiliaron a Blas cuando sus amigos lo llevaron malherido hasta allí. Se trata de Fernando Casalino, de Guadalupe Moya y de Andrea Mezzaccapo.

Según trascendió, la situación de los tres jefes policiales ahora detenidos se complicó judicialmente luego de que la fiscalía y la Unidad Judicial de Homicidios evaluaran nuevos informes telefónicos y, sobre todo, las más de 40 cámaras que se están analizando en el marco de esta causa.

El domingo pasado,
La Voz reveló que la policía Wanda Esquivel, imputada en esta causa, había confesado ante la fiscalía cómo fue la cadena de encubrimientos posterior a que Gómez y Alarcón dispararan en contra del Argo.

En su declaración, la agente contó que ella fue quien arrojó el revólver con el que se intentó ensuciar a los adolescentes y que esa arma se la entregó Alarcón luego de una reunión informal entre los policías en proximidades de la escena del crimen.

Y agregó que unos 100 metros más adelante del lugar en el que ella arrojó el arma trucha, ya estaban los móviles de los jefes estacionados. Dijo que allí esperaban el subcomisario Enzo Quiroga, otro que operaba como “Torio” (el comisario inspector Walter Soria) y que segundos después arribó otro comisario inspector, Jorge Galleguillo.

A ellos, dijo esta mujer policía, les contaron qué había sucedido con el Argo y quiénes eran los que habían disparado en contra de aquel vehículo.

Sin embargo, en los registros oficiales y en la frecuencia policial, los jefes policiales demoraron mucho más que lo usual en relatar todo esto, según efectivamente había sucedido.

Las fuentes ahora consultadas agregaron que la causa lejos está de haber terminado con estas nuevas detenciones. Confiaron en que del registro de las cámaras y los celulares, además de los testimonios recolectados, es muy posible que la semana que viene surjan nuevas imputaciones.

Y que se está trabajando en un peritaje médico para establecer responsabilidades tanto en la clínica Aconcagua como en el lugar donde el Argo fue frenado por los policías que le impidieron al conductor llegar hasta el Hospital de Urgencias para intentar salvarle la vida a Blas. De manera sintética, se espera que este estudio responda una pregunta crucial: si a Blas lo atendían en ese momento en la Aconcagua o si lo dejaban llegar al Urgencias, ¿hoy estaría vivo?