LOCALES
Varias ciudades cordobesas ya ordenaron el cierre de todos sus comercios, salvo alimentación y salud
Algunas ciudades cordobesas se adelantaron a eventuales medidas de confinamiento social que dispondría el Gobierno nacional, para acentuar las acciones preventivas respecto del coronavirus, y dispusieron en las últimas horas ya restricciones más severas que incluyen el cierre de todos los comercios, salvo los dedicados a alimentación, salud y servicios esenciales.
Villa Dolores y Capilla del Monte aparecen en esa lista.
En Villa Dolores, mediante un decreto firmado en las últimas horas del miércoles, el municipio resolvió restringir la circulación dentro de esa ciudad, la más poblada de Traslasierra, y prohibir el funcionamiento de todos los comercios (con excepciones de los considerados imprescindibles). La decisión generó polémica, sobre todo en el sector comercial.
“Restrínjase el ingreso a esta ciudad a toda persona que no tenga real residencia en esta jurisdicción”, marca el decreto 1521, con vigencia entre el jueves 19 y el lunes 23 de marzo. Esa medida exceptúa al transporte que ingresa por motivos considerados imprescindibles, y designa a la Dirección Municipal de Tránsito para hacerla cumplir.
También dispone, pero del 19 al 31 de marzo, el cierre de los comercios en general, exceptuando a los que proveen alimentos, medicamentos, y otros elementos de primera necesidad ante la emergencia.
En Capilla del Monte, el gobierno municipal decretó este jueves el cierre del sector comercial de la ciudad, habilitando sólo los locales de venta de alimentos, combustible y medicamentos en farmacias.
Dos días antes, el municipio había decretado el cierre de todos los establecimientos turísticos, incluyendo a losbares y restaurantes.
La Cumbre tuvo que retocar
El municipio de La Cumbre habia sorprendido días atrás con una resolución, con la que debió hacer marcha atrás. Disponía el impedimiento de ingreso a la localidad de cualquier personas que no fuera residente, admitiendo sólo excepciones para el transporte de mercaderías, policías, bomberos y perspnal de salud.
“El Ministerio de Gobierno me llamó, me sugirió modificar el decreto y que sólo realizara un control sanitario en los ingresos”, dijo el intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, según cita el portal regional La Estafeta Online.
Ahora, la prohibición de ingreso sólo alcanzará al turismo. “La libre circulación está garantizada”, aclaró Alicio, aunque insisitió en que no se permitirá la actividad turística.
En la vecina La Falda, además de actar la orden de que se cierren todos los hoteles y cabañas, el municipio añadió el cierre total de todos los locales gastronómicos y para los supermercados y otros comercios les admitió la apertura, pero con un control en casa acceso para permitir el acceso de clientes según los metros cuadrados de cada uno.
Se suman las que cierran bares y restaurantes
La mayoría de las ciudades siguió el criterio de que bares y restaurantes funcionen a la mitad de su capacidad, como hizo Córdoba Capital. Pero otras –sobre todo en el área serrana– avanzaron en resolver el cierre total de sus locales de gastronomía, salvo en la modalidad de delivery. Por ejemplo, lo resolvieron asi Nono, Villa General Belgrano, Los Reartes y otras.
A la vez, varias de las ciudades que en días anteriores habían legislado para reducir el funcionamiento de bares y restaurantes, este jueves están retocando la medida para promover directamente el cierre total. Río Tercero, por ejemplo, lo resolvió así este jueves.
Todas las medidas locales quedarán atadas a las que resuelva el Gobierno nacional, salvo que resulten menos severas que las locales.
Son cinco los policías acusados por peculado. Según la denuncia, sustraían autopartes de vehículos secuestrados de un depósito judicial.
La Cámara 12 del Crimen con jurados populares comenzó a juzgar a cinco policías acusados de sustraer autopartes de vehículos secuestrados en un depósito judicial de Río Segundo.
Los imputados son el comisario inspector Jorge López, a cargo de la Unidad Regional Departamental de Río Segundo; el comisario inspector Marcelo Larrey, jefe de zona; el subcomisario Alfredo Assolini, jefe de la patrulla preventiva Pilar-Río Segundo; el cabo primero Antonio Gelso, que cumplió funciones en el depósito, y el agente Samuel Clavero.
“La acusación dice que estos cinco policías que prestaban servicios en la departamental de Río Segundo entre el año 2017 y 2018 con diferentes roles se ponían de acuerdo para sustraer partes de vehículos que estaban depositados”, comentó el fiscal de la causa, Mariano Antuña.
Los policías están acusados de peculado, delito que contempla 2 a 10 años de prisión.
Entre las partes más sustraídas se encuentran cinturones de seguridad, asientos, cajas de velocidad, entre otras.
