En una república, el avance del Estado sobre la propiedad privada siempre resulta un hecho traumático no deseado por el orden jurídico. Por ello, la Constitución Nacional, en su artículo 17 declara que la propiedad privada es inviolable y que nadie puede ser privado de ella sino por sentencia judicial o expropiación.
polémica que se ha desenvuelto en un escenario lleno de inexactitudes y errores jurídicos, que termina desviando el foco de lo que está ocurriendo.
La decisión de ocupar y luego expropiar Vicentin encuentra sustento en la idea gubernamental de que la empresa está en quiebra.
Error conceptual
Referirse a “falencia” para expresar la situación de la empresa es un claro error cuando se trata de una empresa en concurso preventivo, y modifica sustancialmente la situación de hecho en la que esta realmente se encuentra.
El propio presidente de la Nación, en declaraciones a la prensa, colaboró con la instalación de esa idea, al referirse a Vicentin como una empresa fundida.
Vicentin solicitó la apertura de su concurso preventivo y ese proceso tiene como fin permitirle al deudor que se encuentra en un estado de cesación de pagos –es decir, que no puede cumplir sus obligaciones con el producido del giro ordinario de su actividad económica habitual– arribar a un acuerdo con los acreedores que sean reconocidos como tales en el trámite del concurso.
La quiebra, por el contrario, es un proceso liquidativo, en el que se persigue la venta o realización del patrimonio del deudor, para pagar a los acreedores con el producido que se obtenga.
Mediante el primero, se busca la continuidad de la empresa y su saneamiento. Mediante la segunda, su liquidación.
¿Qué protección?
El concurso preventivo tiene como efectos característicos, por un lado, la continuidad de la actividad económica de la empresa y la preservación del activo o patrimonio del deudor, que no podrá ser disminuido y quedará bajo el control del síndico y del juez del concurso.
En lo que se refiere a los puestos de trabajo o relaciones laborales, el concurso no produce per se una modificación perjudicial de su situación. Por el contrario, se mantienen los contratos de trabajo en los mismos términos en los que se encontraban antes de la apertura del concurso.
En el DNU, se afirma expresamente que las razones de la ocupación se encuentran en la necesidad urgente de resguardar la continuidad de la empresa, preservar su activo y proteger los puestos de trabajo. Es decir que se procura proteger los mismos intereses que ya están protegidos por el concurso preventivo.
¿Cuál sería la razón para buscar por la expropiación la protección de los mismos intereses que ya se encuentran protegidos por el concurso preventivo?
Sin justificación
El concurso de Vicentin está en una fase inicial. Aún no se encuentra vencido el plazo para que quienes se consideren acreedores se presenten ante el síndico para obtener su reconocimiento, y mientras no se conozca con precisión el pasivo de la empresa Vicentin no se podrá analizar seriamente la posibilidad de acordar con los acreedores.
Por otra parte, mientras no fracase el intento de la empresa de acordar con sus acreedores, no se la puede considerar una empresa en quiebra.
En ese contexto fáctico, la expropiación no tiene sustento real. Aun en el peor de los escenarios, el concurso preventivo contiene una herramienta idónea para obtener el salvataje del concursado que no ha alcanzado un acuerdo con los acreedores.
Pero para poder utilizar esta herramienta hay que esperar a que concluya el trámite del concurso, para lo cual falta más de un año.
Las causas expresadas para justificar la ocupación de Vicentin no se corresponden con el estado del concurso. La continuidad de la empresa y su patrimonio ya fueron resguardados por el concurso preventivo, por lo que la razón de la ocupación sólo podría encontrarse en una decisión más política que económica o jurídica.
El concurso preventivo es, sin dudarlo, la herramienta más idónea para obtener el saneamiento de Vicentin, y sin costo para el Estado Nacional, lo que no sucederá con la expropiación.
No es expropiando empresas como se superan las crisis en el sector privado, ni se protegen los puestos de trabajo convirtiéndolos en empleos públicos.
* Abogado especialista en quiebras y concursos
Trabajadores. Vicentin tiene más de 800 empleados. (Gentileza Clarín)Alberto Fernández. Afirmó que la intervención garantiza la soberanía alimentaria. (Presidencia)Cerealera. Vicentin es una de las empresa del rubro más grandes del país. (Gentileza La Nación)
🎙️📉 Cristina Kirchner advierte sobre la estanflación: “Catástrofe social”
La vicepresidenta, Cristina Kirchner, compartió en TikTok un video que destaca la preocupación por la estanflación, un escenario económico caracterizado por la combinación de alta inflación y recesión. Este concepto fue mencionado recientemente por Javier Milei, presidente electo de Argentina.
En el video, Cristina Kirchner señala una conversación sobre estanflación que sostuvo en el Senado. “Estanflación es igual a catástrofe social”, enfatiza la exmandataria.
En una charla anterior en Río Negro, Cristina Kirchner defendió la emisión monetaria en tiempos de crisis económica. Sin embargo, reconoció que la estanflación, que implica recesión con inflación, es un escenario temido y perjudicial.
“Caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos. Catástrofe. Catástrofe social”, concluye Cristina Kirchner en su mensaje, subrayando los desafíos y riesgos asociados a la estanflación.
💰💼 Acuerdo entre Nación y Córdoba por compensación de Ganancias e IVA
Este jueves se firmó un convenio entre la Provincia de Córdoba y la Nación para la transferencia de fondos por un total de 17.700 millones de pesos. Estos fondos compensarán montos correspondientes a Ganancias e IVA de los períodos 2021 y 2022.
🤝 La firma tuvo lugar en el Ministerio de Economía de la Nación y contó con la participación del vicegobernador actual, Manuel Calvo, la vicegobernadora electa, Miryam Prunotto, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el secretario de Provincias, Bruno Ruggeri.
💸 Del monto total, 15.100 millones de pesos corresponden a Aportes del Tesoro Nacional (ATN), mientras que 2.600 millones de pesos corresponden a acreencias del Consenso Fiscal para los años 2021 y 2022.
