CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comparecerá este martes ante la Tercera Comisión de la Asamblea General para presentar el informe anual del organismo, que incluye la primera aplicación en su historia del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, relacionada con la crisis que enfrenta México.
A través de su cuenta de X, Albán informó que expondrá los resultados de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados, las acciones urgentes para localizar a personas desaparecidas, las comunicaciones individuales y las visitas realizadas por el Comité.
El 2 de abril pasado el organismo internacional decidió solicitar al secretario general de Naciones Unidas que remitiera la situación del país a la Asamblea General, ante la existencia de indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas.
La determinación, sin precedente desde la entrada en vigor de la Convención, abrió la posibilidad de que la comunidad internacional considere medidas de asistencia técnica y especializada para enfrentar una crisis que mantiene a más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas en territorio mexicano.
En su evaluación, el Comité señaló que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido y continúan cometiéndose en México, algunas de ellas con características de crímenes de lesa humanidad.
También identificó patrones de colusión entre integrantes del crimen organizado y servidores públicos de los ámbitos municipal, estatal y federal, además de elevados niveles de impunidad y deficiencias en los procesos de búsqueda e identificación forense.
Entre las recomendaciones formuladas se encuentran proporcionar cooperación técnica internacional para fortalecer las investigaciones, las tareas de búsqueda y el análisis forense, así como establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y garantizar asistencia y protección a las familias de las víctimas.
El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó la decisión del Comité al considerar que sus conclusiones eran tendenciosas y no tomaban en cuenta las acciones institucionales emprendidas para atender las desapariciones.
En contraste, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares han solicitado que México acepte la cooperación internacional y permita establecer mecanismos independientes de investigación.
Este martes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez llamó al Estado mexicano a abandonar el negacionismo y aprovechar la oportunidad de asistencia internacional para enfrentar la impunidad, la crisis forense y la participación de agentes estatales en las desapariciones.
Además del caso mexicano, Albán anunció que durante su presentación abordará los 20 años de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y los desafíos para conseguir que más países se adhieran a este instrumento de derechos humanos.
También informará sobre la Observación General número 2, relacionada con las mujeres y las niñas frente a las desapariciones forzadas, así como el trabajo conjunto con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.