Piense en todas las veces que ha entregado su número de cédula, teléfono o correo electrónico. Lo hace al abrir una cuenta en el banco, comprar por internet, registrarse en una aplicación o buscar trabajo. Sin darse cuenta, sus datos personales van quedando guardados en distintas empresas y entidades.
Esa información no puede utilizarse de cualquier manera. En Colombia, el habeas data es el derecho que protege los datos personales y permite que cada ciudadano conozca qué información tienen sobre él, solicite que la corrijan si está equivocada o que la actualicen cuando sea necesario.
En otras palabras, las empresas pueden recopilar datos para prestar sus servicios, pero deben respetar unas reglas. La ley busca que las personas tengan control sobre su información y que esta no termine siendo utilizada de manera indebida.
El habeas data es un derecho fundamental reconocido en el artículo 15 de la Constitución Política. Su propósito es que cada persona pueda conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en bases de datos o archivos.
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La Ley 1581 de 2012 establece las reglas generales para el tratamiento de datos personales en entidades públicas y privadas. Por su parte, la Ley 1266 de 2008 regula especialmente la información financiera, crediticia, comercial y de servicios, como la que manejan las centrales de riesgo.
Aunque ambas normas protegen la información de los ciudadanos, no se aplican exactamente a los mismos asuntos. Por ejemplo, si una persona quiere corregir un dato sobre su historial crediticio, debe tener en cuenta las disposiciones de la Ley 1266.
¿Qué información está protegida por la Ley de Habeas Data?
La protección incluye datos que permiten identificar a una persona o conocer aspectos de su vida. Entre ellos están: Nombre, apellidos y número de identificación, dirección, teléfono y correo electrónico, información financiera y crediticia, datos laborales y académicos; información relacionada con la salud, datos biométricos, como huellas dactilares o reconocimiento facial.
La ley también contempla los llamados datos sensibles, que son aquellos que pueden afectar la intimidad o generar discriminación si reciben un uso inadecuado. En esta categoría están, entre otros, los datos sobre salud, orientación política, convicciones religiosas, origen racial o étnico y vida sexual.
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Este tipo de información tiene una protección especial y, como regla general, su tratamiento está prohibido, salvo las excepciones previstas en la ley.
Como regla general, no. La Ley 1581 establece que las empresas y entidades deben contar con una autorización previa e informada de la persona para tratar sus datos personales.Además, deben explicarle para qué necesitan esa información y cómo será utilizada.
Esto quiere decir que entregar el número de identificación, el teléfono o el correo electrónico no significa que una empresa pueda hacer cualquier cosa con esos datos.Su uso debe responder a una finalidad legítima y respetar las condiciones que establece la ley.
Sin embargo, existen excepciones en las que no se necesita autorización. Entre ellas están los datos de naturaleza pública, la información solicitada por una autoridad en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, las urgencias médicas o sanitarias y ciertos tratamientos con fines históricos, estadísticos o científicos autorizados por la ley.
El primer paso es presentar un reclamo ante la empresa o entidad responsable del tratamiento de la información. En ese documento se debe explicar qué ocurrió y qué se solicita: corregir, actualizar, suprimir un dato o aclarar el uso que se le está dando.
La empresa tiene un plazo máximo de quince días hábiles para responder, contados a partir del día siguiente a la recepción del reclamo. Si la respuesta no llega o la persona considera que sus derechos siguen siendo vulnerados, puede presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad que vigila el cumplimiento del régimen general de protección de datos personales.
¿Se puede pedir que una empresa elimine los datos personales?
Sí, pero no en todos los casos. La persona puede solicitar la supresión de su información o revocar la autorización para su tratamiento cuando se incumplan las condiciones legales de protección de datos.
Sin embargo, este derecho no significa que cualquier empresa esté obligada a borrar de inmediato toda la información que tenga sobre un usuario. Hay situaciones en las que la organización debe conservar determinados datos porque existe una obligación legal o contractual, o porque se presenta alguna de las excepciones previstas en la ley.
Por eso, si una persona quiere que eliminen su información, debe presentar la solicitud ante quien la administra.La empresa tendrá que revisar si procede de acuerdo con la finalidad del tratamiento y las obligaciones que tenga.
Aunque muchas veces los formularios de registro incluyen autorizaciones extensas que se aceptan sin leer, es importante detenerse unos segundos antes de compartir información personal.
Se debe revisarquién solicita los datos, para qué los necesita, cómo serán utilizados y cuáles son los canales de contacto de la organización. También consultar su política de tratamiento de datos personales y evitar entregar información que no sea necesaria para el servicio o trámite.
El habeas data no impide que las empresas recopilen información de sus clientes o usuarios. Lo que busca es que lo hagan de manera responsable, con una finalidad clara y respetando los derechos de las personas.
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