El gobierno de Colombia anunció en septiembre de 2026 un recorte millonario de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del acuerdo de paz con las FARC para juzgar a militares y guerrilleros por delitos cometidos durante el conflicto armado. Días antes de la decisión, circularon en redes sociales publicaciones que cuestionan la labor del tribunal por no haber "condenado" a ningún insurgente en sus primeros diez años de operación. Sin embargo, la entidad sí ha emitido sentencias contra los máximos cabecillas, y tiene a otros en imputación.
"La JEP nunca a condenado, ni condenará a ningún criminal o genocida de la guerrilla por un ningún delito; es URGENTE acabar y pronto con esta mafia de la impunidad", señala la pieza gráfica publicada en Facebook e Instagram.
También dice que la antropóloga Blanca del Pilar Rueda Jiménez, cónyuge del excandidato presidencial Iván Cepeda, es empleada de la institución "desde el año 2018".
Otras publicaciones también han cuestionado al tribunal con la misma afirmación de que no ha condenado a "ningún terrorista" o "asesino" de las Farc ( 1, 2, 3).
Captura de pantalla de una publicación en Facebook, tomada el 23 de octubre de 2026
Fundada en 2016 por el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, la JEP juzga los secuestros, desapariciones, abusos sexuales, ejecuciones, entre otros delitos, cometidos por rebeldes y militares durante el conflicto armado de medio siglo en Colombia.
El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el 7 de agosto, prometió en campaña desmantelar el tribunal porque a su juicio representa un modelo de "impunidad" para los crímenes de los guerrilleros. Por lo que el presupuesto de la institución, que en 2026 fue de 744.658 millones de pesos, se redujo en más de 90.000 millones para 2027.
En contraste, su rival en las elecciones presidenciales de junio de 2026, el senador Cepeda, fue facilitador del tratado de paz que originó la jurisdicción.
Una revisión en Google con el nombre completo de la esposa del congresista condujo a su hoja de vida como funcionaria, en la que consta que trabajó en la JEP entre 2018 y junio de 2026 en calidad de asesora.
Aunque renunció a los pocos días del balotaje presidencial, luego de los comicios volvió al organismo, según le confirmó a la AFP el departamento de comunicaciones el 27 de octubre de 2026.
Contrario a lo que afirman las entradas en redes sociales, el tribunal emitió el 16 de septiembre de 2025 su primera sentencia contra siete integrantes del último mando de las FARC por su "política criminal de secuestro" durante el conflicto armado.
La JEP ordenó "restricciones de derechos y libertades" y los condenó a ocho años de trabajos restaurativos, en lugar de cárcel, lo que incluye la búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario y la sustitución de cultivos.
Los sancionados, entre ellos el excomandante de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, empezaron a finales de septiembre de 2026 labores de localización de desaparecidos en un cementerio en el departamento de Huila (suroeste).
La jurisdicción de paz indicó en respuesta a un derecho de petición de un congresista que a septiembre de 2026 ha imputado a 166 exguerrilleros y 254 militares por crímenes de guerra o de lesa humanidad. "98.36% de los integrantes de las antiguas FARC imputados han reconocido responsabilidad", precisa.
La entidad, por ejemplo, dictó veredicto a mediados de septiembre contra 12 exmilitares por los asesinatos y desapariciones forzadas de 135 personas, por lo que les impuso limitaciones de derechos, así como penas de entre cinco y ocho años en proyectos restaurativos.
Paola Molano, coordinadora de Estado de derecho y Justicia de la organización Dejusticia, aclaró que si bien estas condenas, avaladas por la Corte Constitucional, son más flexibles en comparación con las de la justicia ordinaria, igualmente acarrean restricciones para los sancionados.
"No es que la JEP solamente haya impuesto medidas restaurativas, también impuso medidas de restricción efectiva de la libertad (...) ciertos límites a la movilidad y al domicilio", señaló en entrevista a la AFP el 26 de octubre de 2026.
La experta añadió que estas penas alternativas se otorgan únicamente cuando los comparecientes ante el tribunal reconocen su responsabilidad en los crímenes, aportan verdad sobre los hechos y se comprometen a reparar.
De lo contrario, tras un juicio, podrían enfrentarse a una sentencia de prisión, tal como sucedió en los casos del coronel (r) Publio Hernán Mejía y el teniente coronel (r) Germán Alberto León, condenados a 20 y 5 años de cárcel, respectivamente, por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Hoja de vida de Blanca del Pilar Rueda
Imputaciones de la JEP ( 1, 2)
Respuesta a derecho de petición